Fecha de valoración de participaciones en el marco del derecho de separación

Fecha de valoración de participaciones en el marco del derecho de separación

La Audiencia Provincial de Barcelona resuelve un recurso interpuesto por unos antiguos socios de una sociedad que demandaban a los administradores de la misma por haber despatrimonializado la entidad en un determinado periodo y, a consecuencia de ello, el valor de sus participaciones descendió notablemente desde el momento en el que solicitaron su derecho de separación y hasta que el auditor les atribuyó un valor.

La audiencia considera que, en el hipotético caso de descapitalización dolosa por parte de los administradores a través de retribuciones ilícitas o excesivas, el daño habría sido causado a la sociedad por lo que debería haberse articulado la reclamación vía acción social, y no en forma de acción individual que precisa de lesión directa al acreedor que las ejercita.

Además, los demandantes afirman que el supuesto vacío patrimonial afectó a la valoración por parte del auditor ya que en el momento de solicitar su derecho de separación la compañía valía más que en el momento de realizarse la valoración, motivo que no debe tenerse en cuenta ya que la valoración de participaciones a efectos de derecho de separación debe producirse en la fecha en la que se ejerció el derecho.

En consecuencia, la valoración de las participaciones en el ámbito del derecho de separación debe hacerse en el momento en el que se solicita el ejercitar dicho derecho y no cuando efectivamente un profesional realiza la valoración.


Amortización de participaciones propias adquiridas por debajo de su valor nominal

Amortización de participaciones propias adquiridas por debajo de su valor nominal

La DRGN, en una reciente resolución, establece que adquiridas por una SL participaciones en autocartera, por un precio inferior a su valor nominal, en el marco de la posterior reducción de capital para amortizarlas procede, como mecanismos de protección de acreedores, bien la constitución de una reserva voluntaria, bien la constitución de una reserva obligatoria, bien que la reducción se haga por pérdidas.

Respecto a la contabilización el Plan General de Contabilidad dice que la diferencia entre el importe de adquisición de participaciones y su valor nominal se cargará o abonará, según proceda, a las cuentas del subgrupo 111» (Reservas y otros instrumentos de patrimonio neto).


Condena al reparto de dividendos

Condena al reparto de dividendos

La Audiencia Provincial de Madrid vuelve a dictar una sentencia que, además de anular un acuerdo de distribución de resultados, condena a la sociedad demandada a repartir dividendos.

En este caso, el socio mayoritario (52%) acordaba que los beneficios de la sociedad se destinaran a reservas a pesar de que estas eran ya bastantes amplias y se observó que estaba utilizando la sociedad, de la que también era administrador, para beneficios particulares con otras sociedades en las que participaba.

En consecuencia, la Audiencia aprecia que hay abuso de derecho en la adopción del acuerdo de distribución del resultado del ejercicio y, además de declararlo nulo, condena a la sociedad a repartir todo el beneficio obtenido entre los socios.

 


Atteinte au droit de la défense : erreur sur le site web de l’AEAT avec des dates de notification différentes

Atteinte au droit de la défense : erreur sur le site web de l’AEAT avec des dates de notification différentes  

L’Audience Nationale a reconnu l’atteinte aux droits de la défense d’un contribuable qui, même s’il était obligé à se communiquer avec l’AEAT par des moyens électroniques, il avait reçu une notification deux fois par courriel et via télématique, et dès lors deux dates de notification différentes pour une même liquidation, ce qui a entraîné que l’administration fiscale inclut une information contradictoire sur son site web.

 

En ce sens, en dépit du fait que la notification par courrier recommandé était antérieure, l’Audiencia Nacional à donné priorité à la date de notification électronique, puisque l’administration était obligée à notifier par ce moyen, et accepte comme moyen de preuve de l’atteinte au droit de la défense du contribuable les deux captures d’écran de l’acte contesté effectuées en dates différentes, où figurent deux dates de notification différentes.

 


Indefensión del contribuyente: error en la sede electrónica de la AEAT con fechas de notificación diferentes

Indefensión del contribuyente: error en la sede electrónica de la AEAT con fechas de notificación diferentes

La Audiencia Nacional reconoce la indefensión de un contribuyente que, aun estando obligado a comunicarse con la Agencia Tributaria a través de medios electrónicos, recibe una notificación por duplicado mediante correo certificado y telemáticamente, resultando dos fechas de notificación de una misma liquidación, lo que provoca que la Agencia Tributaria suba a su sede electrónica una información contradictoria.

En este sentido, a pesar de que la notificación por correo certificado era anterior en el tiempo, la Audiencia prioriza la fecha de notificación electrónica, ya que la Administración estaba obligada a notificar por este medio, y acepta como medio de prueba de la indefensión del contribuyente la aportación de sendas capturas de pantalla del acto recurrido realizadas en fechas distintas, donde constan dos fechas de notificación diferentes.


Deducción IVA soportado vehículos afectos

Deducción IVA soportado vehículos afectos

El Tribunal Supremo da la razón al contribuyente, reconociéndole el derecho a la deducción del 100% del IVA soportado en la adquisición de vehículos, ya que considera que el contribuyente probó de forma suficiente el grado de afectación de los automóviles a la actividad económica.

El contribuyente aporto como pruebas la relación de facturas recibidas, el seguro del coche, las rutas de los viajes con los kilómetros efectuados, los trabajadores que conducían y el plano y fotografías del aparcamiento del local de la entidad en la que se estacionan los vehículos cuando no son utilizados.


Escritura rectificativa otorgada por un apoderado autorizado por la junta

Escritura rectificativa otorgada por un apoderado autorizado por la junta

La DRGN confirma la calificación negativa de una escritura de disolución y liquidación de una sociedad que había sido subsanada por otra escritura otorgada por un apoderado autorizado en la junta en la que se había aprobado dicha disolución y liquidación.

En la junta se había facultado al liquidador para apoderar a otras personas para elevar a público los acuerdos e incluso subsanarlos, pero como señala la DRGN eso no debe entenderse como un poder en sí, ya que la junta no puede otorgar poderes, sino que el liquidador debería haber otorgado el correspondiente poder en escritura separada.

 


Propiedad Horizontal: Modificación del uso de local de negocio

Propiedad Horizontal: Modificación del uso de local de negocio

En una reciente sentencia, el Tribunal Supremo casa y anula las de primera instancia y apelación y considera que la mera descripción en el título constitutivo que el local de negocio objeto de los autos se describa como oficina, no impide su cambio de uso a otra actividad, en este caso a cervecería.

La eficacia de una prohibición de esa naturaleza exige una estipulación clara y precisa en el título constitutivo del edificio en propiedad horizontal, que no se da en el caso examinado por el Alto Tribunal.


Recomendaciones Libros

Los abogados leen

 

La importancia de la lectura en el ámbito de la abogacía es vital. Los profesionales del derecho debemos estar al día, informados y actualizados en cuanto a los cambios y novedades legales, así mismo la lectura es básica para dotarnos de un buen uso del lenguaje que nos de fluidez a la hora de defender y explicar cualquier caso.

He aquí un listado de libros y manuales de derecho financiero y tributario y mercantil que espero sean de utilidad.

 

DERECHO FINANCIERO Y TRIBUTARIO

 

Conflictos actuales en Derecho Tributario

García-Ovies Sarandeses, I., Sesma Sánchez, B., Pedreira Menéndez, J. (Dir)

Aranzadi, Pamplona,a 2017

 

Tax rulings, intercambio de información y ayudas de Estado en el contexto post-Beps

Moreno González, Saturnina

Editorial Tirant lo Blanch. Valencia, 2017

 

La nulidad de las liquidaciones tributarias

Sesma Sánchez, B.,

Aranzadi, 2017

 

Curso de Derecho Financiero y Tributario

Juan Martín Queralt, Carmelo Lozano Serrano, José Manuel Tejerizo López, Gabriel Casado Ollero

Tecnos, 28 Ed., 2017

 

Curso de Derecho Tributario. Parte Especial

Fernando Pérez Royo (Director de Obra)

Tecnos, 11 Ed., 2017

 

Tributos locales. Comentarios y casos prácticos

Nicolás Sánchez García

Centro de Estudios Financieros, 2017

 

DERECHO MERCANTIL

 

Contratos de distribución:  agencia, distribución, concesión, franquicia, suministro y estimatorio

Ruiz Peris, Juan Ignacio; Martín Miravalls, Jaume

Atelier. Barcelona, 2018

 

La determinación de los daños y perjuicios en materia de marcas

Hernández-Martí Pérez, Cristina

Editorial Tirant lo Blanch. Valencia, 2018

 

Los conflictos permanentes de interés entre el administrador y la sociedad

Otegui Jáuregui, Kattalin

Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales. Madrid, 2018

 

El deber de declaración del riesgo en el seguro

Muñoz Paredes, María Luisa

Editorial Aranzadi. Pamplona, 2018

 

Actores, actuaciones y controles del buen gobierno societario y financiero

Fernández-Albor Baltar, Ángel; Pérez Carrillo, Elena F.

Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales. Madrid, 2018

 

Shadow banking y financiación empresarial alternativa

Marimón Durá, Rafael

Editorial Aranzadi. Pamplona, 2018

 

Derecho de la competencia.  Desafíos y cuestiones de actualidad

Miranda Serrano, Luis María; Costas Comesaña, Julio

Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales. Madrid, 2018

 

Lecciones de Derecho Mercantil (2 vols.)

Menéndez Menéndez, Aurelio (et al.)

Thomson Reuters, Pamplona, 2018

 

Instituciones de Derecho Mercantil (2 vols.)

Sánchez Calero, Fernando;  Sánchez-Calero Guilarte, Juan

Thomson Reuters, Pamplona, 2018

 


Una historia sobre Europa, España y los paraísos fiscales: ¿Mucho ruido y pocas nueces?

Una historia sobre Europa, España y los paraísos fiscales: ¿Mucho ruido y pocas nueces?

 

 

Vivimos un contexto normativo internacional que evidencia el compromiso político hacia la buena gobernanza fiscal. La Unión Europea (UE) continúa con la actualización (enero y marzo de 2018) de su primera lista “negra” de territorios no cooperativos (en adelante, “paraísos fiscales”) aprobada el pasado mes de diciembre de 2017 por el Consejo de Asuntos Económicos y Financieros (ECOFIN), así como de la lista “gris” comprensiva de aquellas jurisdicciones comprometidas a cooperar en un determinado plazo.

Si bien es cierto que no estamos en presencia de la primera lista de naturaleza supranacional, no por ello desmerece su interés, pues ha sido la primera de carácter europeo. No olvidemos la labor de la OCDE, iniciada ahora hace dos décadas, sobre los rasgos definitorios de los paraísos fiscales (en base al concurso de la nula o baja imposición y de otros factores que pivotaban sobre la falta de transparencia, ausencia de intercambio de información y ausencia de actividades sustantivas reales), y sus posteriores listas sobre paraísos fiscales, regímenes fiscales preferenciales perjudiciales, y paraísos fiscales no cooperativos.

Pero ¿qué supone realmente tal lista europea? Reservo mi valoración para un momento posterior. Por el momento, me permito apuntar que, más allá del gesto institucional y mensaje político, la aprobación de la lista europea nos ha reservado algún que otro quebradero de cabeza por el camino, parecido al suscitado en 2014, interrogantes todos ellos reñidos con la seguridad jurídica.

A mi juicio, dichos interrogantes no venían motivados por ninguna suerte de eficacia jurídica vinculante de la lista europea; estamos más bien en presencia de un procedimiento de coordinación blando que reconoce la posibilidad de disponer de listas nacionales más amplias. Convivimos con diferentes listas en Derecho comparado, y así será en el futuro.

Las complejidades tampoco procedían de las medidas defensivas o anti-paraíso propuestas por el ECOFIN. De hecho, muchas de ellas (v.gr. medidas protectoras de bases imponibles limitativas de la deducibilidad de los gastos con paraísos fiscales, sistema de retención impositiva, transparencia fiscal internacional, obligación de suministro de información) habían sido adoptadas a nivel patrio mucho tiempo atrás (cada estado miembro tiene competencias normativas para el establecimiento de tales medidas). Incluso, algunas otras no previstas por el ECOFIN, tales como la exclusión del diferimiento impositivo en reestructuraciones empresariales, o la presunción de residencia fiscal española de determinadas entidades radicadas en paraísos fiscales.

No, la complejidad emanaba, de una parte, del propio sistema español de elaboración de su propia lista de paraísos fiscales y, de otra, del hecho objetivo de una calificación asimétrica realizada por la lista europea y la española.   ¿Podía entonces un país que hubiera suscrito con España un convenio de doble imposición con intercambio de información pasar a ser paraíso fiscal? ¡Volvíamos a las andadas!

Me explico. Y para ello, me remontaré unos años atrás. En 2014 se produjo un cambio normativo en España (de calado técnico) en materia de paraísos fiscales. Hasta entonces, aquel país o territorio -listado- que hubiera firmado con España un acuerdo de intercambio de información tributaria o un convenio de doble imposición con cláusula de intercambio de información abandonaba automáticamente la lista española de paraísos (así, por esta vía, de los cuarenta y ocho paraísos fiscales iniciales según la lista del ’91, el número de países y territorios calificados como paraísos fiscales se redujo hasta un total de treinta y tres).

A raíz de tal cambio, a mi juicio de dudosa finura legislativa precisamente por lo que no disciplinaba, la actualización de la lista española de paraísos fiscales no se producía de modo automático. Ya no. La exclusión de la lista española de paraísos fiscales requería una acción administrativa expresa de actualización.

Por ello, bien podía acontecer que un país -incluido en la lista española- pudiera merecer la consideración de paraíso fiscal aun habiendo suscrito con España un convenio de doble imposición con cláusula de intercambio de información. Pero ¿Por qué? Porque aún figuraba en una lista no actualizada expresamente, a pesar de haber firmado un convenio o acuerdo. En aquel entonces se “salió del paso” mediante un informe de la Dirección General de Tributos de finales de 2014 que concluía que los países que hubieran suscrito un convenio / acuerdo a tal fecha no recuperaban su antigua condición de paraísos fiscales.

¿Volvía entonces a repetirse este fenómeno ahora en 2017/2018 con ocasión de la elaboración de la lista europea?

A diferencia de España, la UE calificó inicialmente de paraísos fiscales a países convenidos desde hace años con España (i.e. Emiratos Árabes Unidos, Panamá, Corea del Sur, y Túnez). Dicha lista europea venía a reavivar la aparición de aquellos “fantasmas” técnicos, por cuanto su consideración como paraíso fiscal podía ser valorada por el Gobierno de España, no solo por los resultados de las evaluaciones del Foro Global de Transparencia e Intercambio de Información con Fines Fiscales, sino también por las calificaciones y conclusiones alcanzadas por la UE sobre esta materia (y de la OCDE).

Y es que aquello podía tener serias consecuencias patrimoniales, por ejemplo, para aquellos nacionales españoles que proyectaban su traslado permanente por razones laborales a uno de dichos países con convenio (v.gr. Emiratos Árabes Unidos). Su calificación como paraíso fiscal podía prolongar su consideración como contribuyente del Impuesto sobre la Renta de las Personas físicas (y su tributación por renta mundial) nada menos que durante los cuatro periodos impositivos siguientes al año de su salida de España. La regla de la cuarentena fiscal y los trailing taxes.

Afortunadamente, la posterior actualización de la lista europea de finales de enero de este año contribuyó a despejar tales incógnitas. Así quedó solucionado esta vez el embrollo. Dichos países abandonaron la lista negra europea y pasaron a formar parte de la lista gris (cierto es que nada impide que puedan recorrer el camino de vuelta, sistema de listing y de-listing”).

Voy concluyendo. Dos apuntes más de actualización.

En fecha 13 de marzo de este año tuvo lugar una segunda actualización, comprimiendo la lista negra europea de paraísos fiscales a nueve territorios. La UE incluyó a Bahamas, las Islas Vírgenes de Estados Unidos y San Cristóbal y Nieves. Abandonaron la misma Bahréin, las Islas Marshall y Santa Lucía, que pasaron a la lista gris, al igual que Anguila, Antigua y Barbuda, las Islas Vírgenes Británicas y República de Dominica, territorios estos últimos que sí merecen la calificación de paraíso fiscal a efectos fiscales españoles.

La UE ha puesto el foco también sobre las Islas Turcas y Caicos, territorio al que se le solicitó un compromiso de alto nivel político antes del 31 de marzo de 2018, aunque a día de hoy desconozco el grado de desarrollo de tal compromiso. Con franqueza, y sin desmerecer a dicho territorio, espero con mayor interés la necesaria actualización que debe realizar el Gobierno de España por razón del mandato legislativo introducido en 2017, a mi juicio, de modo “troyano”.

Hasta aquí mi relato. Entro en mi valoración: un ejercicio de realismo me lleva a augurar que, desde el plano técnico, el enfoque europeo tendrá una virtualidad cosmética que no traerá consigo una armonización de listas, como tampoco de medidas fiscales defensivas. Desde la perspectiva política, sin embargo, debe valorarse de modo muy favorable por el decidido y común mensaje a navegantes.