Forma de reflejar el pago de deudas en el IRPF

El consultante es una persona física que ha pagado diversas deudas tributarias por derivación de responsabilidad, en calidad de responsable subsidiario.

Se pregunta cómo refleja en el IRPF el pago de dichas deudas.

Tributos responde que son ganancias o pérdidas las variaciones en el valor del patrimonio del contribuyente en las que se produzca una alteración en la composición del mismo.

La derivación de la acción administrativa a los responsables subsidiarios requerirá la previa declaraciones fallido del deudor principal y de los responsables solidarios.

El momento en que adquiere firmeza el cuerdo de derivación de responsabilidad es cuando el responsable subsidiario ha de pagar la deuda del deudor principal, siendo en el momento del pago, a efectos del IRPF, cuando se produzca la pérdida patrimonial.

A efectos de la imputación temporal, la pérdida patrimonial ha de imputarse al período impositivo en que tenga lugar la alteración patrimonial, siendo la misma en el momento del pago de la deuda, debiendo integrarse la pérdida en la Base Imponible General, al no derivarse de transmisión de elementos patrimoniales.


Se puede ser no residente, aunque se mantenga la residencia en España hasta la finalización del curso escolar

Un contribuyente que trasladó su domicilio habitual desde España a Reino Unido a partir del 1 de enero de 2011. La AEAT entiende que fue contribuyente del IRPF en dicho ejercicio, sobre la base de que tanto su esposa como sus hijos mantuvieron su residencia en España hasta la finalización del curso escolar de los hijos (después de junio de 2011).

La AN entiende que la única razón por la que el contribuyente permaneció en España más allá de junio de 2011 fue la finalización del curso escolar de los hijos mejores. En definitiva, según el tribunal, el aplazamiento en el traslado de la residencia de la familia del contribuyente quedó justificado por razones de estudio.

Por ello concluye que no se le puede considerar residente en España en dicho ejercicio a efectos del IRPF.


Retroactividad impropia de la Disposición Transitoria 3ª de la Ley 25/2015

La discusión de la resolución se centra en si la limitación temporal, de doce meses, del derecho a cobrar la retribución durante el periodo de liquidación es aplicable a los concursos en los que la fase de liquidación se abrió con anterioridad a la entrada en vigor de esta DT3ª Ley 25/2015.En otras palabras, se discute si la DT3ª Ley 25/2015 tiene efectos retroactivos, además de determinar si en el caso de tenerlos, la retroactividad es autentica o si es impropia.

El TS llega a la conclusión de que se trata de retroactividad impropia. En este sentido, el razonamiento en el que se basa el TS para determinar que en el presente caso hay retroactividad impropia, es que se pretende incidir sobre situaciones o relaciones jurídicas actuales aún no concluidas. Manifestando que, no es una auténtica aplicación retroactiva porque no afecta a derechos adquiridos (los honorarios anteriores a la entrada en vigor de la DT3ª), sino a una expectativa de cobro de unas retribuciones por la función desarrollada como administrador concursal, que en fase de liquidación se devenga mes a mes y, lógicamente, mientras dure la liquidación.

STS 639/2021 de 28 septiembre de 2021, Ref. Aranzadi JUR\2021\305802


Prórroga de la limitación al reparto de dividendos

Se prorroga el límite al reparto de dividendos hasta el 28-2-2022, para todas aquellas sociedades mercantiles que ha fecha 29-2-2020 tuvieran 50 trabajadores (o asimilados) adscritos al RGSS, y se acogieran a un ERTE. Los socios de estas mercantiles no podrán ejercer sus derechos económicos acerca del reparto de dividendos, a no ser que abonen previamente el importe de la exoneración de las cuotas de la SS.

Esto colinda directamente con el artículo 348 bis. de la LSC., por ende, el RD prorrogado añade que este articulo no tendrá efectos cuando la mercantil este siguiendo estas instrucciones.

El control de esto se realizará mediante un intercambio reciproco de información entre Hacienda y la Seguridad Social.


La responsabilidad de administradores frente a la responsabilidad de los asesores de la sociedad

En una reciente sentencia de la AP de Santander se analiza la posible responsabilidad de una sociedad que asesoraba a una sociedad mercantil. A los administradores de la sociedad asesorada se les había derivado una responsabilidad por una deuda con la TGSS, por lo que habían demandado a la sociedad asesora por no haberles indicado que debían convocar una junta de disolución por estar la sociedad en situación de pérdidas.

LA AP considera que no procede la reclamación contra la sociedad asesora. Entre las obligaciones de los administradores sociales está la de tener un comportamiento diligente en el desempeño de su cargo, bajo el principio de la diligencia de un ordenado comerciante y en este caso la sociedad presentaba resultados negativos en sus cuentas anuales desde hacía varios años, cuentas que habían sido aprobadas por la junta general y firmadas por uno de los administradores, por lo que no precisaban de ningún asesoramiento adicional para detectar la situación económica de la sociedad.


Herencia: renuncia traslativa e ISD

La renuncia pura, simple y gratuita de los hijos en favor de su madre, coheredera y usufructuaria en la herencia del causante, implica su consideración como aceptación de herencia por los hijos y posterior renuncia traslativa y donación a la madre.

En este sentido, procede la doble tributación en ISD: sucesión y posterior donación, ya que la renuncia se hace a beneficio de uno de los coherederos; en otro caso, si la renuncia fuera indistinta o no en favor de persona determinada, no habría aceptación, tributando entonces únicamente los destinatarios/coherederos en concepto de sucesiones.


La prueba del uso profesional de un vehículo en renting

La cuestión que se plantea es si la prueba aportada por la empresa consistente en la descripción de las funciones de los empleados es suficiente para justificar la necesidad del vehículo para uso empresarial o profesional.

En este supuesto, una entidad de renting firma un doble contrato de renting de vehículos para trabajadores de una empresa (comerciales y directores): por un lado, un contrato entre la empresa y la entidad de renting para uso profesional en días laborables; y por otro lado, un contrato entre cada trabajador y la entidad de renting para su uso durante vacaciones, findes de semana y festivos.

Respecto del primer contrato, la empresa no imputó retribución en especie alguna a ningún trabajador ni practicó por tanto ningún ingreso a cuenta.

En este contexto, la Administración había solicitado a la empresa documentación justificativa de la necesidad de uso del vehículo para el desempeño de la actividad laboral, y la empresa aportó prueba para algunos de los trabajadores (gastos parking, restaurantes, hoteles, peajes), y para otros no, alegando que era suficiente para justificar la necesidad del vehículo para uso profesional la descripción de las funciones asignadas a los empleados.

La Administración consideró que para los trabajadores respecto de los que no se aportó prueba, el uso era 100% para uso particular, por lo que procedía imputar como retribución en especie el 100% del 20% del valor de mercado del vehículo.

La AN considera que la propia existencia de dos contratos de renting (uno para uso profesional y otro para uso particular), y la descripción de las funciones de tales empleados y las explicaciones adicionales ofrecidas por dicha entidad, que si bien no son indicativas de que el vehículo es el medio principal de trabajo de tales empleados tampoco excluyen su utilización para la actividad profesional, hacen plausible que durante la jornada laboral los vehículos asignados estuvieran a disposición del empleado para ser utilizados para su labor profesional y no exclusivamente privada.


La donación que deja sin bienes suficientes al donante para hacer frente a la deuda

En un caso en el que el deudor principal por deudas con origen en derivaciones de responsabilidad, autoliquidaciones y liquidaciones pendientes de pago, devengadas todas ellas con anterioridad al momento en que se produce el otorgamiento de una donación de bienes a favor de su hija,  que deja al donante sin bienes suficientes para hacer frente a las deudas tributarias, y a pesar de no haber ocultado los bienes objeto de donación a la AEAT durante 12 años, el TEAC ha estimado un recurso extraordinario de alzada para la unificación de criterio en el sentido de confirmar la responsabilidad tributaria solidaria del donatario por los motivos siguientes:

1) La aceptación por el donatario (declarado responsable) de una donación de bienes realizada por el deudor principal en la que deja al donante sin bienes suficientes para hacer frente a la deuda tributaria, constituye presupuesto objetivo de la responsabilidad tributaria, es decir, pone de manifiesto, el cumplimiento del segundo requisito para la declaración de responsabilidad del artículo 42.2.a) de la LGT, esto es, la "causación o colaboración" del primero en la ocultación.

2) El hecho de que el acto o negocio jurídico en que se concreta la ocultación hubiese podido realizarse con anterioridad no es motivo para negar la existencia de dicha ocultación. Por tanto, la apreciación de que se ha producido ocultación, cualquiera que sea el acto o negocio jurídico en que se concrete, no requiere una mayor demostración o prueba por la circunstancia de que hubiera podido hacerse en un momento anterior y no se hizo, ni esta circunstancia puede ser motivo por el que se rechace que ese acto o negocio jurídico constituye ocultación.


Entradas domiciliarias realizadas por la Agencia Tributaria sin previa notificación de inicio de inspección

Doctrina TS: Entradas domiciliarias realizadas por la Agencia Tributaria sin previa notificación de inicio de inspección

El TS aclara su posición ante las entradas domiciliarias realizadas por la Agencia Tributaria sin previa notificación de inicio de inspección, mediante autorización judicial (8.6 LJCA) en procedimientos inaudita parte, como vulneradoras del derecho a la inviolabilidad del domicilio.

Además, expresa claramente su disconformidad con la regulación existente en la LGT indicando que "la LGT es una ley ordinaria y, por tanto, inidónea o inepta, por su competencia, para desarrollar el derecho fundamental, en su contenido esencial, en lo que atañe al ámbito tributario". Por lo que considera que el régimen sustantivo y procesal se debe realizar mediante Ley Orgánica.

Adicionalmente a lo anterior, se establece doctrina en cuanto al derecho al acceso al expediente judicial con carácter previo a formular el recurso de apelación contra el auto autorizante de la entrada domiciliaria. En el que se ha de incluir toda la documentación e informes que han sido tenidos en cuenta para otorgar la autorización judicial.


La responsabilidad de administradores y el administrador de hecho

En una reciente sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº 13 de Madrid se analiza la figura del administrador de hecho en el marco de una acción individual de responsabilidad de administradores interpuesta no solo frente a los administradores de derecho sino también contra el que se consideraba administrador de hecho de la sociedad.

Tal y como señala la AP, Los presupuestos para atribuir la condición de administrador de hecho establecidos por la jurisprudencia son:

  1. a) Debe desarrollar una actividad de gestión sobre materias propias del administrador de la sociedad.
  2. b) Ha de desarrollar su labor con autonomía, sin subordinación de clase alguna al administrador de derecho.
  3. c) Su actuación ha de situarse en el nivel decisorio de la actividad societaria, de manera que no se limite a organizar o materializar las decisiones adoptadas por el administrador de derecho.
  4. d) Actuar con el conocimiento y consentimiento del administrador de derecho.
  5. e) No debe ser una actuación puntual o esporádica.

La AP considera probado que uno de los demandados ostentaba la condición de administrador de hecho, ya que actuaba de forma continuada en la toma de decisiones de la sociedad, interviniendo personalmente en la negociación del contrato del que se derivaba la deuda reclamada. No obstante, se desestima la acción de responsabilidad.