Aplicación de la reducción del 95% por transmisión mortis causa de empresa individual

Aplicación de la reducción del 95% por transmisión mortis causa de empresa individual: cumplimiento del requisito de percepción de remuneraciones por funciones de dirección vía declaración IRPF complementaria.

El TEAC dispone en la presente resolución que, a los efectos de la aplicación de la reducción recogida en la LISD, en lo que respecta al cumplimiento del requisito consistente en que la remuneración derivada del ejercicio efectivo de funciones de dirección en la entidad debe superar el 50% de las retribuciones de la persona a quien se le exija, no puede rechazarse sin más la presentación de declaraciones complementarias de IRPF por el hecho de haberse presentado después de iniciada la comprobación del ISD, sino que la Administración debe comprobar la realidad de dicha retribuciones a efectos de determinar cumplido o no el citado requisito.

Así, no puede denegarse la aplicación de la reducción usando como prueba los datos incluidos inicialmente en las declaraciones del IRPF y rechazándose sin más la declaración complementaria de IRPF presentada de forma extemporánea sin atribuirle ninguna validez probatoria.

 

 


Es deducible en el impuesto sobre el patrimonio el préstamo obtenido en el extranjero

Un no residente fiscal en España, adquirió un inmueble sito en Mallorca financiando la operación con un préstamo personal procedente de una entidad bancaria española. No obstante, se plantea refinanciar dicho préstamo con un préstamo personal procedente de una entidad bancaria inglesa ya que le ofrecen condiciones más favorables. Al no ser residente fiscal en España será sujeto pasivo del impuesto sobre el patrimonio por obligación real al ser titular de un bien inmueble situado en territorio español.

En cuanto a la base imponible del impuesto, de acuerdo con el art. 9. Cuatro de la Ley del IP, en los supuestos de obligación real sólo serán deducibles “las cargas y gravámenes que afecten a los bienes y derechos que radiquen en territorio español o puedan ejercitarse o hubieran de cumplirse en el mismo, así como las deudas por capitales invertidos en los indicados bienes”. Por lo tanto, la deuda contraída resulta deducible por su destino, esto es, en la medida en que se destine a la adquisición de un bien inmueble situado en España y ello resulte acreditado por cualquier medio válido en derecho, con independencia del tipo de préstamo otorgado por la entidad financiera. A este respecto, si el primer préstamo fue deducible por su destino, también lo será el nuevo, por el mismo motivo, pues en definitiva también se habría dedicado a financiar la adquisición del inmueble en España.


El contenido del balance de liquidación de una sociedad

Se suspende la inscripción de los acuerdos de disolución y liquidación de una sociedad porque el balance de liquidación no contenía, entre otras, la partida del capital social, y porque todas las partidas del pasivo eran igual a cero mientras que la partida del activo tiene una cifra positiva, por lo que no coincidían.

La DGSJFP revoca la calificación registral, señalando que el balance de liquidación puede ser confeccionado de forma simple, “siempre que sirva para fijar el patrimonio social repartible, si lo hubiera, y determinar con exactitud la parte que a cada socio corresponda en el mismo, sin que, por tanto, deba ajustarse necesariamente a las normas legales sobre la formación de las cuentas anuales”.

 


La anulación de una liquidación con retroacción de actuaciones conlleva la anulación de la sanción y retroacción del procedimiento sancionador

La anulación de una liquidación con retroacción de actuaciones por haberse producido indefensión provoca, a su vez, que se vea afectada la instrucción del procedimiento sancionador que había incorporado formalmente datos del procedimiento de liquidación. Por ende, debe anularse la sanción con retroacción de actuaciones al momento de incorporarse formalmente al procedimiento sancionador los citados datos. Sin embargo, esto no supone que deba iniciarse un nuevo procedimiento sancionador, sino solo su retroacción al momento de incorporación al mismo del resultado que, en su caso, se obtenga del procedimiento de liquidación retrotraído.


Representación mediante poder no inscrito y el contenido de la reseña del notario autorizante

Tal y como recuerda la DGSJFP en una reciente resolución, cuando en una escritura comparece un apoderado mediante un poder no inscrito en el Registro Mercantil, la reseña del notario no tiene que comprender únicamente los datos identificativos del poder y su valoración de la suficiencia de las facultades del apoderado, sino que también debe comprender “el título representativo del concedente del poder a fin de comprobar que el notario ha verificado debidamente la licitud de la actuación representativa”, cuando la representación de quien concedió el poder no resulta de un poder inscrito en el Registro Mercantil.


La actividad de arrendamiento de inmuebles como actividad económica en el IS y la subcontratación de la gestión de los arrendamientos

La DGT analiza el supuesto de una entidad titular de un activo cedido en arrendamiento. Dada la relevancia y complejidad del patrimonio inmobiliario objeto de arrendamiento, el volumen de negocio vinculado al mismo y la necesidad de una gestión profesionalizada de los activos inmobiliarios, la entidad ha encomendado la gestión del arrendamiento a un gestor tercero profesional.

La entidad señala que la decisión de externalizar la gestión, además de ser una práctica habitual del sector inmobiliario, se toma en supuestos en los que dada la relevancia del patrimonio es necesario, por motivos de eficiencia empresarial, contar con gestores profesionales de probada experiencia a los que por medio de la contratación laboral directa no se podría acceder por cuestiones de coste.  Asimismo, ninguna de las entidades del grupo del que forma parte tiene un empleado contratado para la gestión de la actividad de arrendamiento.

La DGT indica que, aunque la Ley del Impuesto sobre Sociedades establece que, con carácter general, la actividad de alquiler tiene la condición de económica cuando para su ordenación se utilice, al menos, una persona empleada con contrato laboral y jornada completa, la realidad económica pone de manifiesto situaciones empresariales en las que, si bien una entidad posee un patrimonio inmobiliario relevante cuya gestión requeriría, al menos, una persona contratada al efecto, sin embargo, se observa que el requisito de contratación se ve suplido por la subcontratación a terceras sociedades, especializadas en la gestión inmobiliaria.

Igualmente indica la DGT que la interpretación de la actividad económica en el Impuesto sobre Sociedades no tiene por qué coincidir con la del IRPF, atendiendo a la diferente naturaleza y finalidades de cada impuesto.

En este caso, dada la dimensión de la actividad a desarrollar, el volumen e importancia de sus ingresos, la complejidad del activo inmobiliario y su uso diferenciado por distintos arrendatarios se consideran cumplidos los requisitos para que la actividad de arrendamiento se considere una actividad económica, aunque los medios materiales y humanos sean ajenos.


El plazo de prescripción de la acción de responsabilidad de administradores por deudas

Una sociedad demanda a los administradores de una sociedad por responsabilidad objetiva e individual, al amparo del artículo 367 de la Ley de Sociedades de Capital, por deudas de la sociedad.

En primera instancia, los demandados alegaron la prescripción de las acciones ejercitadas al no haberse interrumpido la prescripción puesto que, de conformidad con el art. 241 bis, la acción de responsabilidad contra los administradores, sea social o individual, prescribe a los cuatro años a contar desde el día en que hubiera podido ejercitarse.

Tanto el Juzgado de Primera Instancia como la AP de Barcelona determina que el plazo de prescripción de la acción de responsabilidad contra los administradores por deudas comienza a contar desde el momento en que se paraliza el cobro de la deuda contra la empresa.

La AP hace referencia a una reciente sentencia del Tribunal Supremo que aclara aún más la aplicación de la prescripción en estos casos, que concluye que "el plazo de prescripción de la acción del art. 367 LSC es el de los garantes solidarios, es decir, el mismo plazo de prescripción que tiene la obligación garantizada (la deuda social), según su naturaleza (obligaciones contractuales, dimanantes de responsabilidad civil extracontractual, etc.). En el entendimiento de que la relación entre la sociedad y su administrador responsable es de solidaridad propia, porque nace de la aceptación del cargo de administrador y de la propia previsión del precepto - art. 367 LSC -, que le confiere carácter legal, aunque sea necesaria su declaración judicial. Y derivadamente, le son aplicables al administrador los mismos efectos interruptivos de la prescripción que le serían aplicables a la sociedad, conforme a los arts. 1973 y 1974 CC . Asimismo, el dies a quo del plazo de prescripción de la acción contra el administrador será el mismo que el de la acción contra la sociedad deudora”.

 


Posibilidad de rectificación de la deducción practicada en el IVA sin recibir la correspondiente factura rectificativa

Sentencia del Tribunal Económico Administrativo Central en la que determina que la obligación de rectificar el IVA soportado existe independientemente de la recepción de la factura rectificativa.

El caso en concreto se trata de la resolución de un contrato ente dos empresas, quedando sin efecto la operación gravada, sin que el sujeto pasivo que soportó y se dedujo el IVA, rectificase la deducción practicad en su momento.

Se discute si es procedente la rectificación, aunque no se recibiera la correspondiente factura rectificativa.

El TEAC resuelve indicando que la entidad debe regularizar las cuotas de IVA deducidas a pesar de no haber recibido la factura rectificativa, basándose en sentencia del TRIBUNAL SUPREMO que aclaran la a obligación del adquirente de rectificar las cuotas soportadas, cuando así proceda, no está condicionada a la devolución que deba realizar el vendedor, y confirma, en el caso analizado, la rectificación en el período en que se emitió la factura rectificativa.


La India activa la cláusula de nación más favorecida de su convenio para evitar la doble imposición con España

El acuerdo para evitar la doble imposición (CDI) entre la India y España, firmado en 1993 y en vigencia desde 1995, establece en su artículo 13 que los cánones y los pagos por servicios técnicos estarán sujetos a un impuesto del 20% en el Estado de origen (con excepciones que gravan ciertos tipos de cánones al 10%). Sin embargo, el protocolo del CDI incluye en su artículo 7 una cláusula de nación más favorecida (NMF), que indica que, si la India firma un CDI con otro Estado miembro de la OCDE después del 1 de enero de 1990 y este reduce los impuestos sobre esas rentas por debajo de los tipos establecidos, ese impuesto menor también se aplicará en el CDI entre India y España.

Pues bien, la India ha firmado CDIs con varios países de la OCDE después de 1990, reduciendo los impuestos sobre cánones y pagos por servicios técnicos al 10%. Según esto, la cláusula NMF debería haberse activado automáticamente desde la entrada en vigor de dichos CDIs, lo que implicaría una tributación del 10% en la fuente para esas rentas. Sin embargo, la Administración tributaria india en febrero 2022 interpretó que se requiere una notificación expresa del Gobierno indio para activar esta cláusula.

Pues bien, desde febrero de 2022, la comunicación por parte de la Administracion Tributaria India, ha generado confusión y ha llevado a empresas españolas a enfrentar retenciones del 20% en la India, en lugar del 10% que se esperaba, planteando además dudas la posibilidad de que estas empresas puedan deducir el exceso de impuestos pagados en su Impuesto sobre Sociedades español.

Finalmente, con fecha 19 de marzo de 2024, el Ministerio de Finanzas indio ha emitido una notificación activando expresamente la cláusula NMF del CDI con España, estableciendo una retención del 10% sobre cánones y pagos por servicios técnicos, en línea con el CDI entre India y Alemania. Sin embargo, queda pendiente determinar la fecha de entrada en vigor de esta activación y cómo los contribuyentes españoles podrán recuperar el exceso de impuestos pagados en la India durante el último año.


La autorización de entrada en el domicilio del contribuyente exige la existencia de un procedimiento previo, sin embargo, este vicio no anula las pruebas obtenidas.

El Tribunal Supremo analiza en la presente sentencia la validez de las pruebas obtenidas en un registro domiciliario con autorización judicial, pero sin existencia de procedimiento inspector previo abierto y notificado.

Con respecto a la autorización de entrada, el Tribunal determina que, toda vez que no existía procedimiento previo conocido por el obligado, la misma no cumplía con los requisitos exigidos para su validez. Lo anterior aun habiendo consentido el obligado tributario la entrada de los actuarios a su domicilio constitucionalmente protegido.

Sin embargo, lo anterior no invalida automáticamente las pruebas obtenidas en el registro domiciliario, esto es, no deviene en una lesión efectiva del derecho a un proceso con todas las garantías que excluya las pruebas obtenidas.

https://www.poderjudicial.es/search/TS/openDocument/fff5aa4495e15211a0a8778d75e36f0d/20240307