Adquisición de un porcentaje de dos viviendas a dos comuneros

El consultante adquiere un porcentaje de dos viviendas a dos comuneros. Se pretende extinguir el condominio sobre dichas viviendas, formando lotes y compensando los excesos inevitables.

La regla especial es cuando la cosa común sea indivisible, la única forma de extinción es adjudicar a uno de los comuneros compensando en metálico a los demás. Dicho exceso no se considera sujeto a los efectos del artículo 7.2.B) del TR LITPAJD.

La aplicación de la regla exige tres requisitos:

- Indivisibilidad del bien o desmerecimiento por la división

- La adjudicación a uno de los comuneros

- La compensación en metálico al comunero que recibe de menos de parte del comunero al que se le adjudica en exceso.

En una reciente sentencia, el Tribunal Supremo recoge la posibilidad de que el exceso pueda pagarse con otro inmueble sin que se considere sujeto tal exceso.


El Supremo niega el acceso al domicilio de un establecimiento de hostelería fundamentado en que los datos declarados son inferiores a la media.

El Supremo analiza en la presente sentencia si es suficiente justificación entrar en el domicilio constitucionalmente protegido el hecho de que el titular de un establecimiento de hostelería haya tributado, por sus datos declarados, una cuota que resulta inferior a la media de rentabilidad del sector a nivel nacional.

Al respecto el Tribunal dispone que no cabe la autorización de entrada con fines prospectivos, estadísticos o indefinidos, para ver qué se encuentra, como aquí sucede, sin identificar con precisión qué concreta información se pretende obtener.

Además, es preciso que el auto judicial motive y justifique la necesidad, adecuación y proporcionalidad de la medida de entrada, sometiendo a contraste la información facilitada por la Administración, que debe ser puesta en tela de juicio, en su apariencia y credibilidad, sin que quepan aceptaciones automáticas, infundadas o acríticas de los datos ofrecidos.

No pueden servir de base los datos o informaciones generales o indefinidos procedentes de estadísticas, esto es, de la comparación de la situación del contribuyente con la de otros sin especificación o segmentación detallada alguna que avale la seriedad de tales fuentes.

De esta manera, el Supremo, se reafirma y sostiene que no cabe la autorización de entrada con fines prospectivos, estadísticos o indefinidos, para ver qué se encuentra, y estimando que la medida debe ser proporcional, ni basado en datos indefinidos.


Fiscalidad de la cesión de derechos del contrato de compraventa

Se analiza la cesión de los derechos derivados de un contrato de compraventa por parte de un particular a otro, en relación a un inmueble cuya construcción ya había finalizado si bien todavía se debían cantidades al promotor.

En contra de lo resuelto por la Administración, y el TEAR, que fijó como base imponible el valor total del bien inmueble, al estar ya finalizada la construcción, dado que la verdadera naturaleza jurídica de acto sometido a gravamen no es la adquisición del inmueble en un cierto estado de construcción, sino el derecho de crédito a su adquisición futura, el valor real del bien en el momento de la transmisión del crédito será el valor del inmueble (precio total pactado en el inicial contrato privado de compraventa) menos el importe de las cantidades que aún deberá abonar el cesionario al promotor.


Las operaciones acordeón y la temporalidad de los acuerdos

Conforme a lo establecido en la LSC, cuando se realiza una reducción de capital a cero y simultáneo aumento de capital, es necesario un balance auditado. Sin embargo, la doctrina de la DGSJFP tiene establecido que se puede prescindir de la verificación contable con el consentimiento unánime de los socios y cuando el sucesivo e inmediato aumento de capital iguale o supere la cifra de capital inicial.

En la resolución objeto de análisis, una sociedad, prescindiendo de un balance auditado, reduce el capital a cero y lo aumenta en un importe inferior al capital inicial, por lo que, tras la calificación registral negativa y a efectos de subsanarla, aprueba un nuevo aumento de capital para complementar el anteriormente realizado y así alcanzar la cifra del capital inicial. Sin embargo, el registrador entiende que no es posible la subsanación porque un elemento característico de la denominada operación acordeón, es la existencia de acuerdos simultáneos de reducción y aumento de capital.

La Dirección General revoca la calificación por entender que lo esencial no es la temporalidad de los acuerdos de reducción y aumento sino su mutua causalidad. Que el segundo acuerdo de ampliación de capital sea posterior es irrelevante ya que, por definición, cualquier acuerdo de subsanación lo será.


Responsabilidad solidaria de administradores en caso de incumplimiento de las obligaciones relativas a la disolución de la sociedad

En el presente litigio la Audiencia Provincial resuelve sobre una acción de responsabilidad de administradores en base al artículo 367 de la LSC, el cual prevé que los administradores sociales responderán solidariamente de las obligaciones sociales posteriores al acaecimiento de la causa legal de disolución cuando incumplan las obligaciones relativas a la disolución de la sociedad cuando está esté incursa en una causa legal de disolución.

En este caso, no se discute la existencia de la deuda social y su cuantía, lo que es especialmente relevante a la hora de determinar si las sociedades se encontraban, o no, incursas en causa de disolución en dicha fecha a la hora de exigir la responsabilidad de los administradores sociales de conformidad con el artículo 367.1 LSC es la fecha de nacimiento de la misma de la deuda social.

El Tribunal resuelve que a efectos del artículo 367 de la Ley de Sociedades de Capital, la obligación nace cuando se suscribió el contrato, esgrimiendo que no puede ser de peor condición el contratante que opta por exigir el cumplimiento de la obligación que el que opta por exigir la resolución y la consiguiente restitución de prestaciones.


La anulación de autoliquidación de ISD por un Tribunal afecta a todos los herederos, recurrentes o no

En el presente supuesto la Administración tras una comprobación de valores gira liquidaciones a cada una de las herederas, exigiendo el impuesto por el valor comprobado. Una de las herederas interpone reclamación económico-administrativa, estimada por el TEAR de Galicia y en consecuencia se anula su liquidación; mientras que, la otra heredera decide no recurrir.

Tras la estimación de la reclamación de la heredera recurrente, la no recurrente solicita la nulidad de su propia liquidación, ya firme, y solicita la extensión de efectos de la resolución de su hermana.

El TSJ de Galicia, en base a lo establecido por el Supremo en un supuesto análogo, anula la liquidación y estima que, lo contrario vulneraría el derecho a la igualdad. Además, señala que, la Administración debió actuar con buena fe y dar traslado del valor correcto a todos los herederos, con independencia de si habían impugnado o no su liquidación.


La reducción del 40% en el recate de Planes de Pensiones con aportaciones anteriores a 2002

El TEAC ha procedido a unificar criterio en una reciente resolución, desestimando el recurso de alzada para unificación de criterio interpuesto por el Director del Departamento de Gestión tributaria de la AEAT, estableciendo criterio contrario a lo que se venía manteniendo por la Administración en relación a la reducción del 40% en el rescate de planes de pensiones con aportaciones anteriores a 2007.

Hasta ahora se venía manteniendo que la reducción prevista en el artículo 17.2.c) TRLIRPF, por aplicación del régimen transitorio de la disposición transitoria duodécima de la LIRPF, solo podrá otorgarse a las cantidades percibidas en forma de capital en un único año, a elección del contribuyente. El resto de las cantidades percibidas en otros años, aun cuando se perciban en forma de capital, tributará en su totalidad sin aplicación de la reducción del 40 por 100. ( Ejemplo Consulta vinculante reciente V0154-22)

Pues bien, en la misma línea que la CV0844-16 que establece que , “la normativa fiscal no impone ninguna restricción a la posibilidad de cobrar en ejercicios distintos las prestaciones en forma de capital derivadas de un plan de pensiones y de una mutualidad de previsión social, respectivamente, y siendo aplicable, en su caso, la reducción del 40 por ciento”. El TEAC establece en la presente resoluciónEso de que ni en esa D.T. duodécima ni en ninguna otra norma se dice que un beneficiario no podrá aplicar la reducción del 40% a dos percepciones recibidas en dos años distintos, ocurre igual cuando esas dos percepciones provienen de dos planes de pensiones distintos."

Por lo que, el TEAC fija el siguiente criterio: “Cuando se reciban prestaciones de diversos planes de pensiones, la reducción prevista en el art. 17.2.c) T.R. de la Ley del I.R.P.F., por aplicación del régimen transitorio de la D.T. duodécima de la Ley 35/2006, podrá aplicarse a todas las cantidades percibidas en forma de capital (pago único) en el ejercicio en el que acaezca la contingencia correspondiente y en los dos ejercicios siguientes, y no solamente en un ejercicio”

 

 


Posibilidad de asimilar un contrato escrito a una factura a efectos de la deducción de IVA

En base al principio fundamental de neutralidad de IVA, que exige que se conceda la deducción del IVA soportado si se cumplen los requisitos materiales, aunque los sujetos pasivos omitan determinados requisitos formales, el TJUE señala que, la Administración Tributaria no puede denegar la deducción del IVA soportado, basándose únicamente en que una factura incumple los requisitos exigidos, si se cumplen los requisitos materiales para ejercitar este derecho.

En el presente supuesto, no se había emitido factura, pero sí existía contrato entre las partes en el que se indicaba la cuota de IVA, aunque no se especificaba el tipo aplicable. El TJUE ha resuelto que dicho contrato puede asimilarse a una factura a efectos de la deducción de IVA, aunque no incluya el contenido exigido para las facturas, siempre que contenga los datos necesarios para que la Administración pueda determinar si se cumplen los requisitos materiales del derecho a la deducción.

 


El carácter indemnizatorio de una acción social de responsabilidad

Se ejercita una acción social de responsabilidad contra un administrador por el pago de unas facturas a entidades con las que tenía vinculación. Se le reprochaba al administrador que esas facturas (que se correspondían al alquiler de un local, un cartel publicitario en dicho local y servicios de asesoramiento y contabilidad) no se habían emitido hasta que surgieron desavenencias entre los dos socios y administradores.

Tal y como señala la AP de Madrid, el no haber contabilizado las deudas sociales cuando debieran no significa que no existan y que debe presumirse la gratuidad de dichos servicios. Entiende igualmente que el administrador no había incumplido su deber de lealtad, ya que los dos socios eran administradores y el socio demandante era perfectamente conocedor del uso del local y de la valla publicitaria por la sociedad, así como de los servicios de asesoramiento y contabilidad de los que se beneficiaba.

Una acción social de responsabilidad es una acción indemnizatoria, que requiere un daño en el patrimonio social. Pues bien, tal y como señala la AP en su sentencia, en la medida en que la sociedad disfrutó efectivamente de los servicios señalados, el pago tardío de los mismos y su contabilización irregular no ha generado ningún daño a la sociedad, que simplemente ha pagado lo que tenía que pagar por los servicios recibidos a un coste que no era desmedido.


La tenencia indirecta de los inmuebles por no residentes no genera tributación en el Impuesto sobre Patrimonio

La Dirección General de Tributos ha publicado en septiembre una resolución que afecta a las personas físicas no residentes titulares de inmuebles en España de manera indirecta, es decir, a través de la tenencia de acciones o participaciones en entidades no residentes que posean directa o indirectamente inmuebles en España.

El caso concreto, se refiere a una persona física que es residente fiscal en Alemania y es titular del 100% de las participaciones de una entidad alemana, la cual ostenta la titularidad de un inmueble en Mallorca.

En este caso, la Dirección General de Tributos, resuelve que no se deberá tributar en España por el IP en este caso, yendo en contra del criterio que seguía hasta ahora, el cual establecía que se debía tributar en España por este impuesto cuando los inmuebles supusieran mas del 50% del activo de la sociedad.