El valor de los inmuebles a efectos del ITPAJD es el valor de referencia

Consulta de Tributos V0143-22.

Dos hermanos cotitulares de dos bienes inmuebles adquiridos por herencia del padre deciden extinguir ambos condominios adjudicándose un bien cada uno. Se cuestionan sobre el valor a usar a efectos de la liquidación a practicar por la modalidad AJD al ser el valor de referencia de uno de los inmuebles es superior al otro y el valor escriturado el mismo.

Disolución con exceso de adjudicación:

  • No hay compensación: Donación a favor del comunero que recibe de más por el valor del exceso.
  • Sí hay compensación:
    • Regla general: Tributa por el exceso por TPO.
    • Regla especial: En cumplimiento del 1065 del CC, Indivisibilidad del bien, no TOP, sí AJD.

Tributos señala al respecto que el valor a declarar es el valor declarado en el documento notarial, que no podrá ser inferior al valor catastral. Si en virtud del valor catastral se produce un exceso de adjudicación que no se compensa económicamente deberá tributar el consultante como una donación. Recuerda además que, si los consultantes no están de acuerdo con el valor de referencia podrán solicitar la rectificación de la autoliquidación.

https://petete.tributos.hacienda.gob.es/consultas/


Reembolso de los Costes de la Garantía en un Procedimiento Amistoso

La cuestión controvertida estriba en si resultaría o no de aplicación a el reembolso solicitado por la anulación de una liquidación como consecuencia de un procedimiento amistoso y, a juicio de la administración, el referido reembolso solamente aplica a los casos en que la improcedencia del acto se haya dictado mediante sentencia firme o resolución administrativa firme, conforme señala la LGT art.33.

La AN, sin embargo, declara que lo esencial para que proceda el reembolso es que la liquidación resulte anulada. Determina asimismo que procede el abono de los intereses legales correspondientes, desde que nace la obligación de reembolso hasta el abono del mismo.

AN 23-12-21, EDJ 827998


El sistema de representación proporcional para el consejo en una sociedad limitada

La LSC prevé, expresamente para las sociedades anónimas, un sistema de representación proporcional para el consejo de administración, por el que “las acciones que voluntariamente se agrupen, hasta constituir una cifra del capital social igual o superior a la que resulte de dividir este último por el número de componentes del consejo, tendrán derecho a designar los que, superando fracciones enteras, se deduzcan de la correspondiente proporción.”

Sin embargo el Tribunal Supremo, y ahora la Dirección General en una reciente resolución, han admitido, en base al principio de la autonomía de la voluntad, la posibilidad de introducir el sistema de representación proporcional en las sociedades de responsabilidad limitada mediante disposición estatutaria.

https://boe.es/boe/dias/2022/04/19/pdfs/BOE-A-2022-6416.pdf

Resolución de 28 de marzo de 2022, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública


Distribución entre apoderamiento y delegación de facultades a consejeros

El objeto de la sentencia versa sobre la impugnación del acuerdo adoptado en el consejo de administración de una sociedad anónima por el que se otorgaron poderes generales a tres de sus consejeros.

El TS procede así a interpretar la distinción que hace el propio art. 249.1 LSC respecto a los apoderamientos que el consejo de administración puede conceder a cualquier persona y la delegación de facultades en uno o varios consejeros delegados o comisiones ejecutivas.

El Alto Tribunal entiende que la delegación en uno o varios consejeros delegados o comisiones ejecutivas supone la atribución, de manera estable, de una esfera de decisiones, de carácter orgánico y no meramente funcional, otorgando autonomía para ejercer las facultades que le han sido atribuidas en la delegación, sin perjuicio de que el consejo no pierde su competencia para controlar e impartir instrucciones o criterios de actuación respecto de tales facultades delegadas.

Mientras que el otorgamiento de poderes generales, en idénticos o muy similares términos, a todos y cada uno de los consejeros que integran el consejo de administración no puede interpretarse en los mismos términos que la delegación de facultades referida, sino que debe interpretarse como un modo de agilizar las relaciones de la sociedad con terceros, ya que  Las funciones decisorias propias del órgano de administración de la sociedad anónima y la titularidad de la representación orgánica de la sociedad siguen correspondiendo al consejo de administración.

Tribunal Supremo TS (Sala de lo Civil, Sección 1ª) Sentencia num. 215/2022 de 21 marzo JUR\2022\117602


Informes o dictámenes de los peritos de la Administración si la ésta es parte

La naturaleza y la fuerza probatoria de los informes y dictámenes elaborados por expertos de la Administración varía en función de si la propia Administración es o no parte del procedimiento.

Así, solo en el segundo caso, los informes y dictámenes serán subsumibles dentro del medio de prueba oficialmente denominado «dictamen de peritos» siempre que, ex art. 335 LEC, «sean necesarios conocimientos científicos, artísticos, técnicos o prácticos para valorar hechos o circunstancias relevantes en el asunto o adquirir certeza sobre ellos» y que las personas llamadas como peritos «posean los conocimientos correspondientes».

Sin embargo, si la Administración es parte, los citados informes no gozarán de imparcialidad y no podrán considerarse prueba pericial, no teniendo más valor probatorio que el cualquier documento administrativo.

Tribunal Supremo de 17 de febrero de 2022, recurso n.º 5631/2019

 


El TEAC aplica la STJUE sobre el modelo 720

El TEAC se ha pronunciado en varias resoluciones sobre la rectificación de autoliquidaciones en las que se incluyeron ganancias de patrimonio no justificadas, derivadas de la falta de presentación en plazo del modelo 720, tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

En las citadas resoluciones el Central interpreta el artículo 39.2 LIRPF, vigente en el momento de los hechos, en los términos de la STJUE, concluyendo que:

  • La presunción de obtención de renta oculta del artículo 39.2 LIPF debe decaer si queda debidamente acreditado que los bienes en el extranjero se financiaron con rentas declaradas u obtenidas en ejercicios prescritos.
  • Es el contribuyente el que debe probar el origen en el ejercicio prescrito que invoque.
  • En caso de que el contribuyente haya impugnado su autoliquidación alegando prescripción, debe tener ocasión de replantear y completar la prueba aportada. Para ello, procede devolver el expediente a la oficina gestora, para que ofrezca la posibilidad de aportar prueba sobre la prescripción alegada y que la oficina gestora decida si ha acreditado suficientemente la prescripción.

La Administración debe motivar la fecha del cese de actividad para exigir responsabilidad subsidiaria

Resolución del TEAC del 18 de enero de 2022.

El TEAC analiza en la presente resolución el requisito de la motivación del cese de actividad para la derivación de la responsabilidad subsidiaria. En este sentido dispone que, la LGT no se refiere con el cese a la desaparición íntegra de la entidad, sino que debe apreciarse cuando de forma efectiva y real se hayan interrumpido las actividades de modo indefinido, con eliminación de la estructura.

Para que se dé un supuesto de derivación de la responsabilidad subsidiaria la Administración debe justificar es la determinación del cese de la actividad de la deudora principal. Requisito no motivado suficientemente en este supuesto, por lo que el TEAC considera que, siendo este un requisito indispensable para la derivación de la responsabilidad, procede la anulación del acuerdo de derivación.

https://serviciostelematicosext.hacienda.gob.es/TEAC/DYCTEA/criterio.aspx?id=00/00746/2019/00/0/1&q=s%3d1%26rn%3d%26ra%3d%26fd%3d01%2f01%2f2022%26fh%3d16%2f02%2f2022%26u%3d%26n%3d%26p%3d%26c1%3d%26c2%3d%26c3%3d%26tc%3d1%26tr%3d%26tp%3d%26tf%3d%26c%3d2%26pg%3d

 


La necesaria doble instancia en materia de sanciones

Con respecto al interés casacional objetivo, recientemente fueron dictadas dos importantes Sentencias del Pleno de la Sala 3ª del Tribunal Supremo de 25/11/2021 (Recursos 8156/2020 y 8158/2020), en las que se analiza el art. 24 CE a la luz del art. 2 del Protocolo n.º 7 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH) y de la Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 30/6/2020 (TEDH 2020, 100) en el asunto Saquetti Iglesias c. España (Demanda n.º 50514/13) sobre exigibilidad de una segunda instancia en materia de sanciones administrativas graves (doctrina Saquetti).

En síntesis, la doctrina Saquetti declara que:

  1. El art. 2.1 del Protocolo n.º 7 del CEDH establece que "toda persona declarada culpable de una infracción penal por un tribunal tendrá derecho a que la declaración de culpabilidad o la condena sea examinada por una jurisdicción superior". Es decir, tiene derecho a que su caso se revise en una segunda instancia.
  2. Una infracción administrativa es una infracción penal a efectos del artículo 2. 1º del Protocolo n.º 7 del CEDH si cumple los denominados "criterios Engels", enunciados con anterioridad por el TEDH a efectos de interpretar el concepto de "acusación en materia penal" del artículo 6 CEDH (Sentencia de 08/6/1976 (TEDH 1976, 3), asunto Engels y otros c. Países Bajos, Demanda n.º 5100/71).

La cuestión casacional planteada era si la exigencia de revisión por un tribunal superior de la sentencia confirmatoria de una resolución administrativa por la que se impone una sanción de naturaleza penal, a que se refiere la doctrina Saquetti, puede hacerse efectiva mediante la interposición del recurso de casación.

Y la respuesta del Pleno es que sí, aunque su admisión no es automática, sino que “habrá de valorarse si en el escrito de preparación se justifica la naturaleza penal de la infracción que ha sido objeto de sanción en los términos establecidos por el TEDH y el fundamento de las infracciones imputadas a la sentencia recurrida al confirmar la resolución administrativa sancionadora”.

Es decir, la doctrina Saquetti no implica que el Tribunal Supremo esté obligado siempre y en cualquier caso a admitir a trámite un recurso de casación contra una sanción, pero sí le obliga a interpretar la existencia del interés casacional objetivo de forma favorable.


Cesión de vehículos por el empresario a sus empleados en el ámbito del IVA.

Resolución del TEAC con fecha 22 de febrero de 2022, en cuanto a la “Cesión de vehículos por el empresario a sus empleados en el ámbito del IVA.”

La misma establece la no sujeción al IVA de la cesión de vehículos por el empresario a sus empleados, por el mero hecho de que tenga la consideración de retribución en especie a efectos del IRPF.

Se establece, que para que esté sujeto a IVA se requiere que el empleador obtenga una contraprestación valuable en dinero, lo cual puede suceder en los siguientes casos:

  • Si el trabajador efectúa un pago por ello.
  • Si el trabajador renuncia a parte de su salario por la entrega o la prestación de servicios.
  • Si una parte del trabajo prestado, valorable económicamente, se pueda considerar una contraprestación por el bien o el servicio recibido del empleador, si así consta en el contrato de trabajo o documento análogo.

Hasta ahora el criterio del TEAC “ha sido que la cesión de vehículos a empleados por parte de empresas como parte de su paquete retributivo da lugar a la existencia de operaciones sujetas al IVA en tanto que prestaciones de servicios. Conforme a este criterio se han venido asimilando las operaciones calificadas como retribuciones en especie a efectos del IRPF, con operaciones imponibles a título oneroso en el ámbito del Impuesto sobre el Valor Añadido, sin que se incidiera en la necesidad de probar la existencia de un vínculo directo entre la prestación efectuada y la contraprestación recibida, y en que la contraprestación fuera valuable económicamente.”

Pues bien, en la presente resolución el TEAC cambia de criterio , debido a que no se adapta a la jurisprudencia comunitaria, ya que la misma establece que para calificar las prestaciones realizadas por un empresario o profesional a favor de sus empleados como onerosas, y por lo tanto su sujeción a IVA, debe existir una relación directa entre la entrega del bien o la prestación del servicio efectuada por el empleador y la contraprestación recibida a cambio ( valor económico.).

Resolución: 00/03161/2019/00/00


La administración debe motivar la fecha del cese de actividad para exigir responsabilidad subsidiaria

El TEAC analiza en la presente resolución el requisito de la motivación del cese de actividad para la derivación de la responsabilidad subsidiaria. En este sentido dispone que, la LGT no se refiere con el cese a la desaparición íntegra de la entidad, sino que debe apreciarse cuando de forma efectiva y real se hayan interrumpido las actividades de modo indefinido, con eliminación de la estructura.

Para que se dé un supuesto de derivación de la responsabilidad subsidiaria la Administración debe justificar es la determinación del cese de la actividad de la deudora principal. Requisito no motivado suficientemente en este supuesto, por lo que el TEAC considera que, siendo este un requisito indispensable para la derivación de la responsabilidad, procede la anulación del acuerdo de derivación.

https://serviciostelematicosext.hacienda.gob.es/TEAC/DYCTEA/criterio.aspx?id=00/00746/2019/00/0/1&q=s%3d1%26rn%3d%26ra%3d%26fd%3d01%2f01%2f2022%26fh%3d16%2f02%2f2022%26u%3d%26n%3d%26p%3d%26c1%3d%26c2%3d%26c3%3d%26tc%3d1%26tr%3d%26tp%3d%26tf%3d%26c%3d2%26pg%3d