Il n’y a pas lieu à appliquer une sanction pour avoir déterminé ou accrédité de manière irrégulière des postes positifs ou négatifs si l’assujetti n’a pas présenté une auto liquidation.

Il n’y a pas lieu à appliquer une sanction pour avoir déterminé ou accrédité de manière irrégulière des postes positifs ou négatifs si l’assujetti n’a pas présenté une auto liquidation.

Le TEAC a tranché que pour que l’infraction prévue par l’article 195.1 deuxième paragraphe de la LGT soit commise (« il y a aussi commission d’infractions lorsqu’il est déclaré de manière incorrecte le revenu net, le montant d’impôt répercuté, les montants ou montant d’impôt à déduire ou les incitations fiscales d’une période fiscale sans qu’il y ait absence de versement ou l’obtention indue des remboursements pour avoir compensé des montants en attente de compensation, déduction ou application dans le cadre d’une procédure de contrôle et enquête »), il est nécessaire que l’assujetti ait présenté l’auto-liquidation. Le tribunal considère que cette disposition ne fait référence qu’à la déclaration incorrecte. Autrement, le législateur aurait utilisé les termes « lorsqu’il est déclaré incorrectement ou non déclaré » comme c’est le cas pour d’autres infractions.

Dans le cas analysé, l’assujetti n’avait pas présenté les auto-liquidations de TVA relatives aux trois derniers trimestres de l’année. A la suite d’une procédure de contrôle sans liquidation de l’impôt, puisque l’assujettit avait des montants à compenser en attente, l’administration considérait que l’infraction de l’article 195.1 deuxième paragraphe susmentionné avait été commise, arguant que l’infraction était commise lorsque l’on déclare de manière incorrecte même si l’on n’a rien déclaré ou seulement en partie.

 

 

 

 

 


Despacho de abogados especialistas en mercantil y fiscal. Briz Juridico Tributario. Madrid

El incumplimiento puntual de un requisito y la aplicación de la “Ley Beckham”

El incumplimiento puntual de un requisito y la aplicación de la “Ley Beckham”

En una resolución reciente, la DGT ha resuelto que la finalidad del régimen es atraer a España a los sujetos comprendidos en la aplicación del régimen y que dicha finalidad en modo alguno resulta incompatible con el hecho de que una vez concluida la relación laboral o de administrador que motivó, de forma real y efectiva, el desplazamiento, por causas ajenas a la voluntad del contribuyente, este permanezca un breve período de tiempo en situación de desempleo o inactividad, y a continuación comience una nueva relación laboral o de administrador en que se cumplan asimismo los requisitos establecidos en el artículo 93 de la LIRPF.


No cabe providencia de apremio antes de resolver la suspensión

No cabe providencia de apremio antes de resolver la suspensión

En este caso, el contribuyente interpone una reclamación económico-administrativa contra la deuda derivada de unas actas de inspección de IRPF, y a su vez presenta una solicitud de suspensión dentro del período voluntario. Antes de que se resuelva la reclamación económico-administrativa, la Administración dicta providencia de apremio y posteriormente inadmite la suspensión.

El Tribunal Supremo, en unificación de doctrina, señala que en caso de que se encuentre pendiente de contestación una solicitud de suspensión, no es posible emitir providencia de apremio sobre la deuda derivada de esa liquidación. Por lo tanto, la Administración no puede iniciar la vía ejecutiva antes de haber dado respuesta a la solicitud de suspensión.

 


La oponibilidad frente a la sociedad de los pactos parasociales

La oponibilidad frente a la sociedad de los pactos parasociales 

En una reciente sentencia de la Audiencia Provincial de Valladolid se aplica la última jurisprudencia del TS en esta materia y se señala que en el caso de pactos omnilaterales (aquellos que son suscritos por todos los socios) difícilmente pueden considerarse como desconocidos por la sociedad, aunque no comparezca formalmente en el pacto, “(…) en la medida en que la sociedad, por más que presente una personalidad jurídica distinta de los socios que la constituyen, conforma su voluntad a través de estos últimos (…),” lo que permitiría su oponibilidad frente a la sociedad.

 


El parentesco por afinidad no requiere la subsistencia del vínculo matrimonial

El parentesco por afinidad no requiere la subsistencia del vínculo matrimonial

El TS, en unificación de doctrina, ha resuelto que, para la determinación de las reducciones por parentesco en el Impuesto de Sucesiones, se mantiene la afinidad aun cuando hubiera fallecido la persona que servía de vínculo entre el causante y el sobrino por afinidad.

La Administración había practicado liquidación provisional aplicando a la herencia la reducción del Grupo IV (colaterales de cuarto grado, grados más distantes, y extraños), considerando, a diferencia de lo que ha resuelto el TS, que el parentesco por afinidad se genera y se sostiene en el matrimonio, por lo que desaparecido el vínculo matrimonial se extingue éste, y el sobrino político se convierte en extraño, a efectos de la aplicación de la reducción por parentesco.


Administración competente en caso de las unidades familiares con residencia común-foral

Administración competente en caso de las unidades familiares con residencia común-foral

Cuando los contribuyentes de una unidad familiar opten por la tributación conjunta en el IRPF, y sus miembros tuvieran su residencia habitual en territorios distintos (común y foral), se entenderá competente la Administración del territorio donde tenga su residencia habitual el miembro de la unidad familiar con mayor base liquidable, calculada conforme a su respectiva normativa.


La Administración no puede exigir mayor grado de diligencia a una entidad por ser gran empresa

La Administración no puede exigir mayor grado de diligencia a una entidad por ser gran empresa

En el presente supuesto, la Administración había impuesto a un obligado tributario la sanción por solicitar indebidamente devoluciones, por entender que, siendo el obligado tributario una persona jurídica, teniendo grandes medios económicos y recibiendo el más competente de los asesoramientos, le es exigible un mayor grado de diligencia en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias.

El TEAC, en base a jurisprudencia del TS, ha resuelto que, el principio de culpabilidad no permite que la Administración pueda definir la actuación del infractor como dolosa o culposa atendiendo exclusivamente a circunstancias subjetivas, como es el hecho de que el obligado tributario sea una gran empresa.

 


Juntas clandestinas

Juntas clandestinas

El Tribunal Supremo resuelve el recurso de casación interpuesto por una sociedad al ser declarada nula su Junta General de Socios y los acuerdos sociales en ella adoptados, a pesar de haberse seguido los trámites establecidos en la Ley de Sociedades de Capital.

El recurso se desestima en base a que la utilización “sorpresiva” del sistema legal para la convocatoria de la junta, con el fin de evitar que los socios no puedan conocer la celebración de la misma y prescindiendo de los usos de la sociedad en la convocatoria de la junta, provoca la nulidad de la “junta clandestina”. De este modo, revuelve el Tribunal Supremo, las juntas podrán declararse nulas si se acredita el ánimo del convocante de que el anuncio pase desapercibido al resto de socios a pesar de que se sigan los trámites estrictamente legales para ello.

 


Corregir el resultado de la actividad mediante la presentación de una complementaria de IRPF sirve para demostrar que suponía la principal fuente de ingresos del ejercicio

Corregir el resultado de la actividad mediante la presentación de una complementaria de IRPF sirve para demostrar que suponía la principal fuente de ingresos del ejercicio

La presentación de declaraciones fuera de plazo o rectificativas/sustitutivas de otras anteriores, son meras formalidades que no ponen en duda la veracidad de los datos declarados.

Por ello, la presentación de una declaración complementaria de IRPF es perfectamente válida como prueba del cumplimiento del requisito de la principal fuente de renta, para la aplicación de la reducción de la empresa familiar en el ISD, aun cuando esto se realice una vez lugar iniciado el procedimiento de comprobación del ISD.

 


Impugnación de acuerdos por un pacto parasocial no incluido en los estatutos

Impugnación de acuerdos por un pacto parasocial no incluido en los estatutos

En este supuesto, los hechos tratan acerca de dos sociedades (una SA y una SL) compuestas de manera idéntica por un padre y sus dos hijos. El padre vende a sus hijos sus participaciones y acciones por partes iguales, reservándose el usufructo vitalicio, y pactando en el contrato que el usufructuario ostentaría la condición de socio y en concreto el derecho de voto, sin incluirse en los estatutos. Se celebran Juntas Generales en ambas sociedades y uno de los hijos impugna los acuerdos por ser contrario a los estatutos.

El Tribunal Supremo ha resuelto que este no es un caso de impugnación de acuerdos sociales por ser contrarios a un pacto parasocial, sino que es la situación inversa, se trata de una impugnación por cumplimiento de pacto, y por lo tanto la impugnación es considerada abuso de derecho y contraria a la buena fe.