Fiducia “cum amico”. Transmisión de acciones disimuladas bajo compraventa

Fiducia “cum amico”. Transmisión de acciones disimuladas bajo compraventa

Ilicitud de la «causa fiduciae» al ser la finalidad del negocio de compraventa fraudulenta al objeto de eludir la responsabilidad patrimonial del fiduciante, de la que fue partícipe el fiduciario. Se trataba de eludir a la Hacienda Pública y a la esposa del fiduciante.

Aunque se declara la ilicitud de la «causa fiduciae», no opera señala el Supremo la excepción del efecto restitutorio, propia de la regla “nemo auditur” del artículo 1.306 del Código Civil.

Y tampoco se da la existencia de un tercer subadquirente de buena fe.

El Supremo desestima el recurso, confirma la restitución al fiduciante de las acciones transmitidas, y deduce testimonio por posible infracción penal.

 


Una sociedad disuelta y liquidada mantiene su personalidad jurídica y tiene capacidad procesal para ser demandada a los efectos de su liquidación

Una sociedad disuelta y liquidada mantiene su personalidad jurídica y tiene capacidad procesal para ser demandada a los efectos de su liquidación

El Pleno del Tribunal Supremo sostiene que la personalidad jurídica de la sociedad se mantiene latente aun después de su liquidación y de la cancelación de sus asientos registrales, si bien sólo a los efectos de concluir su liquidación.

De esta forma, la sociedad tendrá capacidad para ser parte como demandada -representada por el liquidador- sin que sea necesario impugnar al tiempo la inscripción cancelatoria.

 


Es correcto el embargo para el cobro de deudas por la responsabilidad civil, sin providencia de apremio previa

 

 Es correcto el embargo para el cobro de deudas por la responsabilidad civil, sin providencia de apremio previa

El TEAC, en unificación de criterio, determina que para la exacción por la vía de apremio de las deudas por responsabilidad civil derivada de la comisión de un delito contra la Hacienda Pública, no es preciso requerimiento de pago alguno o providencia de apremio, puesto que el propio título ejecutivo lo constituye la sentencia firme por delito contra la Hacienda Pública.

 


Obligación de recomprar el stock por resolución unilateral de un contrato de distribución

Obligación de recomprar el stock por resolución unilateral de un contrato de distribución

En una reciente sentencia del TS, relativa a la resolución unilateral de un contrato de distribución de duración indefinida y sin plazo de preaviso para su extinción, se plantea si el concedente debe recomprar al distribuidor el stock existente.

El TS entiende que la obligación de recompra no puede ser considerada un elemento natural del contrato, por lo que, a falta de pacto al respecto, su determinación debe de hacerse en el seno de la integración del contrato con arreglo al principio de buena fe y atendiendo a las circunstancias del caso.

Conforme a lo señalado, el TS considera pertinente la indemnización reclamada (calculada conforme al precio de adquisición, no de venta), en la medida que (i) la distribuidora asumía una obligación de mantenimiento de un cierto stock, (ii) la larga duración de la relación negocial entre las partes y (iii) porque no hubo un preaviso suficiente que hubiese permitido a la distribuidora gestionar con cierta antelación la venta de su stock.

 

 


Inembargabilidad de los ingresos procedentes de actividades profesionales y mercantiles: nuevo criterio

Inembargabilidad de los ingresos procedentes de actividades profesionales y mercantiles: nuevo criterio

La DGT modifica su criterio interpretativo respecto de la inembargabilidad de los ingresos procedentes de actividades profesionales y mercantiles, igualando la situación de los trabajadores por cuenta ajena, y declarando la aplicabilidad de los límites de la inembargabilidad establecidos en el art. 607 de la Ley 1/2000 (LEC), sin exigir ningún requisito adicional que les haga partícipes de las características de aquellos que trabajan bajo el régimen laboral o en el nuevo régimen de trabajador económicamente dependiente.

 


Reducción por adquisición de vivienda habitual de la persona fallecida

Reducción por adquisición de vivienda habitual de la persona fallecida

El Tribunal Supremo unifica doctrina, resolviendo que, para aplicar la reducción del 95% en la base imponible del Impuesto de Sucesiones, por adquisición de la vivienda habitual del causante, la convivencia entre causante y causahabiente exigida ha de desarrollarse en la originaria vivienda del causante porque, en caso contrario, dejaría de ser habitual.

No obstante, en el supuesto de que una enfermedad acreditada del causante, obligue al cambio de residencia de éste a otro domicilio, podrá ser en éste último, donde ha de tener lugar la convivencia requerida para aplicar la reducción.


Reducción de capital con devolución de aportaciones: protección de los acreedores

Reducción de capital con devolución de aportaciones: protección de los acreedores

En una reciente resolución de la DGRN se analiza la calificación negativa de una escritura, en la que se eleva a público la decisión del socio único de una SL de reducir capital con devolución de aportaciones, por considerar el registrador que “ha de declararse expresamente si la sociedad y el socio vendedor responderán solidariamente durante cinco años de las deudas previas; o si se ha optado por dotar de una reserva indisponible de conformidad a lo dispuesto en los artículos 331 y 332 LSC”.

Tal y como señala la DGRN, si se ha identificado a los socios beneficiados por la devolución del valor de las aportaciones sin indicar que se ha dotado la reserva especial, debe presuponerse que rige el sistema legal supletorio, es decir que rige la responsabilidad solidaria del socio beneficiario de la devolución de las aportaciones.

También aclara la citada resolución que, en caso de optarse por constituir la reserva indisponible en garantía de los acreedores, aun cuando según lo establecido por la LSC la dotación de la reserva debe realizarse “por un importe igual al percibido por los socios en concepto de restitución de la aportación social”, la DGRN ha entendido que dicha reserva debe constituirse únicamente por un importe equivalente al valor nominal de las participaciones amortizadas.

 


El procedimiento de recaudación respecto al ISD

El procedimiento de recaudación respecto al ISD

En una resolución reciente, el TEAC ha considerado que, en un caso en el que se había concedido el aplazamiento del impuesto sucesorio sin aportación de garantías en un año conforme a lo previsto en la norma del impuesto, y se plantea una nueva solicitud de aplazamiento con anterioridad al vencimiento del período voluntario de pago, dicha segunda solicitud debe ser considerada una solicitud de modificación de las condiciones del aplazamiento concedido originariamente. Esto implica que dicha petición no tiene efectos suspensivos y, vencido el plazo sin que se hubiera efectuado el pago de la deuda, procederá la emisión de la providencia de apremio.

 


No cabe la revisión de una sentencia firme sobre cláusula suelo invocando la posterior sentencia del TJUE sobre su retroactividad

No cabe la revisión de una sentencia firme sobre cláusula suelo invocando la posterior sentencia del TJUE sobre su retroactividad

El Auto analiza la demanda de revisión de una sentencia que adquirió firmeza el día 2 de diciembre de 2016 y que declaró la nulidad de una cláusula suelo.

De conformidad con la Sentencia del Tribunal Supremo de 9 de mayo de 2013, condenaba a devolver las cantidades satisfechas en aplicación de la cláusula suelo, pero sólo a partir de la fecha de aquélla, que declaraba la irretroactividad de sus efectos.

La demanda invoca como motivo de revisión el art. 510.1.1.° LEC, argumentando que la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 21 de diciembre de 2016 (asuntos acumulados C-154/15, C-307/15 y C-308/15, caso Gutiérrez Naranjo), consideró que el Derecho de la Unión se opone a una jurisprudencia nacional en virtud de la cual los efectos restitutorios vinculados a la nulidad de una cláusula abusiva se limitan a las cantidades indebidamente pagadas con posterioridad al pronunciamiento de la resolución judicial mediante la que se declare el carácter abusivo de la cláusula.

Por esta razón, la demanda señala que lo procedente hubiera sido la condena a la devolución de la totalidad de las cantidades cobradas de más por la aplicación de la cláusula abusiva desde que la misma entró en juego, y no solamente de las cobradas a partir de la notificación de la sentencia del Tribunal Supremo de 9 de mayo de 2013.

El Auto del Tribunal Supremo inadmite la demanda y hace las siguientes consideraciones:

  • El concepto de “documento decisivo o recobrado” relevante para la aplicación del art. 510.1.1° LEC requiere, entre otras cuestiones, que éste tuviera existencia con anterioridad al momento en que precluyó la posibilidad de aportarlo al proceso.
  • De tal forma, una sentencia posterior a la resolución cuya revisión se pretende no tiene la consideración de “documento decisivo o recobrado” a los efectos de tal artículo.
  • En nuestro ordenamiento jurídico no existe previsión legal respecto de dicha posibilidad de revisión. El legislador español ha tenido ocasión reciente de incluirla y, sin embargo, únicamente ha previsto un mecanismo especial de revisión cuando se trata de una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (art. 510.2 LEC).
  • Por ello, una sentencia del TJUE de fecha posterior a la sentencia cuya revisión se insta no es un documento que permita la revisión de una sentencia firme conforme al art. 510.1.1° de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

En definitiva, ha de prevalecer en todo caso el respeto a la institución de la cosa juzgada que impide (i) reabrir procesos finalizados por sentencia firme (cosa juzgada formal) y (ii) que se abra un nuevo proceso sobre el mismo objeto ya juzgado y resuelto por sentencia firme (cosa juzgada material, en su aspecto negativo).


La prescripción en la derivación de responsabilidad solidaria

La prescripción en la derivación de responsabilidad solidaria

El TS ha fallado que cuando nos encontramos ante una derivación de responsabilidad de carácter solidario, cualquier interrupción de la prescripción afectante al deudor principal afecta también a la declarada responsable solidaria.