Una sociedad disuelta y liquidada mantiene su personalidad jurídica y tiene capacidad procesal para ser demandada a los efectos de su liquidación

Una sociedad disuelta y liquidada mantiene su personalidad jurídica y tiene capacidad procesal para ser demandada a los efectos de su liquidación

El Pleno del Tribunal Supremo sostiene que la personalidad jurídica de la sociedad se mantiene latente aun después de su liquidación y de la cancelación de sus asientos registrales, si bien sólo a los efectos de concluir su liquidación.

De esta forma, la sociedad tendrá capacidad para ser parte como demandada -representada por el liquidador- sin que sea necesario impugnar al tiempo la inscripción cancelatoria.

 


Es correcto el embargo para el cobro de deudas por la responsabilidad civil, sin providencia de apremio previa

 

 Es correcto el embargo para el cobro de deudas por la responsabilidad civil, sin providencia de apremio previa

El TEAC, en unificación de criterio, determina que para la exacción por la vía de apremio de las deudas por responsabilidad civil derivada de la comisión de un delito contra la Hacienda Pública, no es preciso requerimiento de pago alguno o providencia de apremio, puesto que el propio título ejecutivo lo constituye la sentencia firme por delito contra la Hacienda Pública.

 


Obligación de recomprar el stock por resolución unilateral de un contrato de distribución

Obligación de recomprar el stock por resolución unilateral de un contrato de distribución

En una reciente sentencia del TS, relativa a la resolución unilateral de un contrato de distribución de duración indefinida y sin plazo de preaviso para su extinción, se plantea si el concedente debe recomprar al distribuidor el stock existente.

El TS entiende que la obligación de recompra no puede ser considerada un elemento natural del contrato, por lo que, a falta de pacto al respecto, su determinación debe de hacerse en el seno de la integración del contrato con arreglo al principio de buena fe y atendiendo a las circunstancias del caso.

Conforme a lo señalado, el TS considera pertinente la indemnización reclamada (calculada conforme al precio de adquisición, no de venta), en la medida que (i) la distribuidora asumía una obligación de mantenimiento de un cierto stock, (ii) la larga duración de la relación negocial entre las partes y (iii) porque no hubo un preaviso suficiente que hubiese permitido a la distribuidora gestionar con cierta antelación la venta de su stock.

 

 


Inembargabilidad de los ingresos procedentes de actividades profesionales y mercantiles: nuevo criterio

Inembargabilidad de los ingresos procedentes de actividades profesionales y mercantiles: nuevo criterio

La DGT modifica su criterio interpretativo respecto de la inembargabilidad de los ingresos procedentes de actividades profesionales y mercantiles, igualando la situación de los trabajadores por cuenta ajena, y declarando la aplicabilidad de los límites de la inembargabilidad establecidos en el art. 607 de la Ley 1/2000 (LEC), sin exigir ningún requisito adicional que les haga partícipes de las características de aquellos que trabajan bajo el régimen laboral o en el nuevo régimen de trabajador económicamente dependiente.

 


Reducción por adquisición de vivienda habitual de la persona fallecida

Reducción por adquisición de vivienda habitual de la persona fallecida

El Tribunal Supremo unifica doctrina, resolviendo que, para aplicar la reducción del 95% en la base imponible del Impuesto de Sucesiones, por adquisición de la vivienda habitual del causante, la convivencia entre causante y causahabiente exigida ha de desarrollarse en la originaria vivienda del causante porque, en caso contrario, dejaría de ser habitual.

No obstante, en el supuesto de que una enfermedad acreditada del causante, obligue al cambio de residencia de éste a otro domicilio, podrá ser en éste último, donde ha de tener lugar la convivencia requerida para aplicar la reducción.


Reducción de capital con devolución de aportaciones: protección de los acreedores

Reducción de capital con devolución de aportaciones: protección de los acreedores

En una reciente resolución de la DGRN se analiza la calificación negativa de una escritura, en la que se eleva a público la decisión del socio único de una SL de reducir capital con devolución de aportaciones, por considerar el registrador que “ha de declararse expresamente si la sociedad y el socio vendedor responderán solidariamente durante cinco años de las deudas previas; o si se ha optado por dotar de una reserva indisponible de conformidad a lo dispuesto en los artículos 331 y 332 LSC”.

Tal y como señala la DGRN, si se ha identificado a los socios beneficiados por la devolución del valor de las aportaciones sin indicar que se ha dotado la reserva especial, debe presuponerse que rige el sistema legal supletorio, es decir que rige la responsabilidad solidaria del socio beneficiario de la devolución de las aportaciones.

También aclara la citada resolución que, en caso de optarse por constituir la reserva indisponible en garantía de los acreedores, aun cuando según lo establecido por la LSC la dotación de la reserva debe realizarse “por un importe igual al percibido por los socios en concepto de restitución de la aportación social”, la DGRN ha entendido que dicha reserva debe constituirse únicamente por un importe equivalente al valor nominal de las participaciones amortizadas.

 


El procedimiento de recaudación respecto al ISD

El procedimiento de recaudación respecto al ISD

En una resolución reciente, el TEAC ha considerado que, en un caso en el que se había concedido el aplazamiento del impuesto sucesorio sin aportación de garantías en un año conforme a lo previsto en la norma del impuesto, y se plantea una nueva solicitud de aplazamiento con anterioridad al vencimiento del período voluntario de pago, dicha segunda solicitud debe ser considerada una solicitud de modificación de las condiciones del aplazamiento concedido originariamente. Esto implica que dicha petición no tiene efectos suspensivos y, vencido el plazo sin que se hubiera efectuado el pago de la deuda, procederá la emisión de la providencia de apremio.

 


No cabe la revisión de una sentencia firme sobre cláusula suelo invocando la posterior sentencia del TJUE sobre su retroactividad

No cabe la revisión de una sentencia firme sobre cláusula suelo invocando la posterior sentencia del TJUE sobre su retroactividad

El Auto analiza la demanda de revisión de una sentencia que adquirió firmeza el día 2 de diciembre de 2016 y que declaró la nulidad de una cláusula suelo.

De conformidad con la Sentencia del Tribunal Supremo de 9 de mayo de 2013, condenaba a devolver las cantidades satisfechas en aplicación de la cláusula suelo, pero sólo a partir de la fecha de aquélla, que declaraba la irretroactividad de sus efectos.

La demanda invoca como motivo de revisión el art. 510.1.1.° LEC, argumentando que la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 21 de diciembre de 2016 (asuntos acumulados C-154/15, C-307/15 y C-308/15, caso Gutiérrez Naranjo), consideró que el Derecho de la Unión se opone a una jurisprudencia nacional en virtud de la cual los efectos restitutorios vinculados a la nulidad de una cláusula abusiva se limitan a las cantidades indebidamente pagadas con posterioridad al pronunciamiento de la resolución judicial mediante la que se declare el carácter abusivo de la cláusula.

Por esta razón, la demanda señala que lo procedente hubiera sido la condena a la devolución de la totalidad de las cantidades cobradas de más por la aplicación de la cláusula abusiva desde que la misma entró en juego, y no solamente de las cobradas a partir de la notificación de la sentencia del Tribunal Supremo de 9 de mayo de 2013.

El Auto del Tribunal Supremo inadmite la demanda y hace las siguientes consideraciones:

  • El concepto de “documento decisivo o recobrado” relevante para la aplicación del art. 510.1.1° LEC requiere, entre otras cuestiones, que éste tuviera existencia con anterioridad al momento en que precluyó la posibilidad de aportarlo al proceso.
  • De tal forma, una sentencia posterior a la resolución cuya revisión se pretende no tiene la consideración de “documento decisivo o recobrado” a los efectos de tal artículo.
  • En nuestro ordenamiento jurídico no existe previsión legal respecto de dicha posibilidad de revisión. El legislador español ha tenido ocasión reciente de incluirla y, sin embargo, únicamente ha previsto un mecanismo especial de revisión cuando se trata de una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (art. 510.2 LEC).
  • Por ello, una sentencia del TJUE de fecha posterior a la sentencia cuya revisión se insta no es un documento que permita la revisión de una sentencia firme conforme al art. 510.1.1° de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

En definitiva, ha de prevalecer en todo caso el respeto a la institución de la cosa juzgada que impide (i) reabrir procesos finalizados por sentencia firme (cosa juzgada formal) y (ii) que se abra un nuevo proceso sobre el mismo objeto ya juzgado y resuelto por sentencia firme (cosa juzgada material, en su aspecto negativo).


La prescripción en la derivación de responsabilidad solidaria

La prescripción en la derivación de responsabilidad solidaria

El TS ha fallado que cuando nos encontramos ante una derivación de responsabilidad de carácter solidario, cualquier interrupción de la prescripción afectante al deudor principal afecta también a la declarada responsable solidaria.

 


Culpabilidad de los Socios como cómplices en un concurso de acreedores

Culpabilidad de los Socios como cómplices en un concurso de acreedores

En una reciente Sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo se condena cómo cómplices de una calificación culpable en sede de un concurso de acreedores a tres socios de la concursada. Se les condena solidariamente junto con los administradores declarados culpables al pago de la cantidad aproximada de 12 millones de euros, cifra en que se valoraron los activos que salieron fraudulentamente del patrimonio de la concursada, así como la cantidad correspondiente a los créditos contra la masa abonados como consecuencia de las extinciones de contratos de trabajo de quienes fueron trabajadores de la concursada con posterioridad a la declaración concursal.

Es importante la sentencia porque se condena a los socios por la presunción judicial de su aquiescencia y conformidad a las operaciones de traspaso de activos, que además les beneficiaba como socios indirectos de las sociedades rumanas que los recibieron, aunque no hubieran colaborado activamente en los actos de disposición de los mismos.

Señala el Artículo 166 de la Ley Concursal que “se consideran cómplices las personas que, con dolo o culpa grave, hubieran cooperado con el deudor o, si los tuviere, con sus representantes legales y, en caso de persona jurídica, con sus administradores o liquidadores, tanto de derecho como de hecho, o con sus apoderados generales, a la realización de cualquier acto que haya fundado la calificación del concurso como culpable.”

El hecho que la Audiencia declara probado por medio de la presunción judicial es que los recurrentes colaboraron con el administrador en la organización del traspaso de los activos de la sociedad concursada a dos sociedades rumanas. Los hechos acreditados a partir de los cuales parte la Audiencia para realizar esta presunción judicial son:

  1. los recurrentes eran socios de la concursada y no se opusieron a la transferencia de activos;

2. eran además socios constituyentes de las sociedades que controlan como socia única las sociedades rumanas      destinatarias de los activos transferidos por la concursada;

3. se beneficiaban, por ello, de la transferencia de activos;

4.y la relación familiar que existe entre los recurrentes y las personas afectadas por la calificación.

La circunstancia de que no tuvieran una participación activa en la gestión de las compañías y que hubieran apoderado al administrador de la concursada (padre y esposo de los recurrentes) para que pudiera obligarles y también disponer de los derechos que les confería la titularidad de sus participaciones sociales de este entramado societario no les exime de responsabilidad, es compatible con la conclusión alcanzada por la Audiencia de que el traspaso de activos de la concursada a las sociedades rumanas, además de que les beneficiaba, se hizo con su aquiescencia, que es una forma de colaboración.

Conviene precisar que, a la vista de la fundamentación jurídica de la sentencia de apelación, la única conducta que mereció la calificación culpable a la que se refiere la cooperación de los recurrentes es la enajenación fraudulenta de activos de la concursada a las sociedades constituidas en Rumanía, valorados en 11.964.777,67 euros.

Se muestra con claridad que los tres recurrentes, aunque no intervinieran de forma activa, no por ello dejaron de cooperar, conscientemente, en la medida en que eran socios de la concursada y habían participado en la constitución de alguna de las dos sociedades a las que indirectamente fueron a parar los activos. De este modo, junto al elemento objetivo, de la cooperación en el traspaso de los activos, concurre también el elemento subjetivo, pues cabe hablar de conscius fraudis o connivencia con el concursado en esta conducta que ha merecido la calificación culpable.

Se plantea también por los recurrentes si pueden ser considerados cómplices los socios que no ejercitan sus derechos de información frente a la sociedad ni se preocupan de su gestión social sin solicitar tampoco convocatorias de juntas generales. Es decir, si por omisión en el ejercicio de sus derechos puede serles derivada responsabilidad en sede concursal en concepto de cómplices.

La sentencia recurrida basa la consideración de cómplices en que, como hemos expuesto, los recurrentes colaboraron con su aquiescencia en el traspaso de los activos de la sociedad concursada a las otras constituidas en Rumanía, y se llega a esa conclusión a la vista de una serie de indicios ya analizados.

Aunque la sentencia, entre los indicios reseñados, deja constancia de que, por las circunstancias concurrentes, no pudieron dejar de conocer este traspaso y no se opusieron, ello no significa que la consideración de cómplices se base en no haber convocado la junta o no haber recabado más información. Razón por la que no ha habido infracción del art. 51 LSRL, que regulaba el derecho de información de los socios en las sociedades de responsabilidad limitada.

Por último, se desestima también por la sentencia del Alto Tribunal un último argumento de los recurrentes relativo a que tampoco la eventual calificación de grupo de sociedades hubiera justificado por sí el traspaso patrimonial realizado. Seguirían considerándose enajenaciones fraudulentas, porque fueron realizadas para distraer esos activos de la responsabilidad de las deudas de la concursada, defraudando los legítimos derechos de sus acreedores, quienes se vieron privados, sin causa que lo justificara, de activos con los que satisfacer sus créditos. Esto es lo verdaderamente relevante, al margen de si entre la transmitente y la adquirente podía existir o no relación de grupo de sociedades.