Las actuaciones inspectoras deben iniciarse estando en vigor el Plan de Inspección

La entidad fue objeto de comprobación conforme a un determinado Plan de Inspección que había estado vigente en un año previo al de iniciación de las actuaciones inspectoras. La Audiencia Nacional establece que las actuaciones inspectoras deben iniciarse dentro del periodo anual en el que se encuentra vigente el Plan de Inspección correspondiente. Dado que se ha incumplido este requisito temporal, el cual tiene carácter esencial, la Audiencia Nacional declara la nulidad del procedimiento inspector.


Supuestos de mantenimiento de la deducción por alquiler de vivienda habitual

La DGT analiza dos supuestos en los que se amplía la aplicación temporal de la deducción por alquiler. En concreto, entiende que es posible el mantenimiento del derecho a la deducción más allá de la fecha límite señalada por la norma (1 de enero de 2015) en los supuestos de: – formalización de un nuevo contrato de alquiler con el nuevo titular de la vivienda en caso de transmisión del inmueble arrendado; y – firma de un nuevo contrato con el mismo arrendador y sobre el mismo inmueble, una vez finalizado el contrato inicial por agotamiento del plazo máximo de duración fijado en la LAU.


Negligencia de administradores

Los administradores que proceden a eliminar a la sociedad de la vida comercial o industrial sin liquidarla en cualquiera de las formas prevenidas legalmente, incurren en un comportamiento negligente.

Tal se realiza al margen de los intereses de los acreedores, que tienen derecho a que sus créditos sean atendidos en la medida de lo posible y en cualquier caso de modo ordenado, lo que sólo se garantiza bien mediante un procedimiento liquidatario o bien acudiendo al proceso concursal.

En este sentido, basta con demostrar el daño sufrido por la parte acreedora demandante, inherente al hecho de cercenársele la posibilidad de cobrar su crédito, y el cierre de facto del establecimiento en el que radicaba la empresa deudora, para que pueda concluirse la existencia de nexo causal entre uno y otro, salvo prueba en contra del administrador demandado.


Los actos del contribuyente para obtener la declaración de caducidad, no interrumpen la prescripción

El Supremo, unifica doctrina, y resuelve que, los recursos y reclamaciones de los que se derive una resolución que declare la caducidad del procedimiento, no interrumpen el plazo de prescripción del derecho de la Administración para determinar la deuda tributaria. Los actos del contribuyente, dirigidos a obtener la declaración de caducidad, deben admitirse como excepción al artículo 68.1.b) de la LGT, que establece que la prescripción se interrumpe por la interposición de recursos y reclamaciones de cualquier clase.

 


Los impuestos pagados por pacto entre las partes no pierden su consideración de deducibles

Si bien los pactos privados sobre impuestos no afectan a la obligación tributaria, es decir, el sujeto pasivo sigue siendo el que viene establecido en la ley, si las partes acuerdan que el importe del mismo lo abone quien no es el sujeto pasivo, no por ello quien soporta la carga económica va a perder el derecho a la deducibilidad del gasto. El derecho a la deducibilidad del gasto no se pierde por el hecho de haber pagado el impuesto del que no se es sujeto pasivo.


El Supremo señala que la diligencia de la Administración para procurar el éxito de su comunicación tiene ciertos límites

Frustrada la notificación en el domicilio de la sociedad, se practicó, automáticamente, la notificación por edictos, sin antes dirigirse al domicilio fiscal del Administrador único que era conocido.

Señala el TS que la LGT no otorga la opción a la Administración, para practicar notificaciones en alguno de los lugares mencionados en el art. 110.2 (domicilio fiscal del obligado, o su representante, centro de trabajo donde se desarrolle la actividad económica o en cualquier otro adecuado a tal fin) para a continuación, si la comunicación resulta infructuosa, acudir directamente a la notificación por edictos. Si no que este último medio, es extraordinario y subsidiario.

No obstante lo anterior, añade el Tribunal que, no se puede exagerar el deber de diligencia de la Administración en la práctica de la notificación, cuando el destinatario opone una resistencia a la recepción que hace improbable el éxito del intento administrativo, y por ello considera que, en este supuesto, la notificación cumple con las exigencias legales.


Los valores de empresas cotizadas en EEUU se tratan como no cotizadas a efectos de la integración de pérdidas patrimoniales

La Ley del IRPF establece que no se computan como pérdidas patrimoniales las derivadas de las transmisiones de valores cuando el contribuyente adquiera valores homogéneos en un determinado período anterior o posterior a dichas transmisiones (artículo 33.5, letras f) y g)).

En el caso de valores admitidos a negociación en los mercados secundarios oficiales definidos en la Directiva 2004/39/CE, dicho período es de dos meses; y en el de valores no cotizados en esos mercados, el plazo es de un año.

La DGT determina que si se trata de acciones cotizadas en EEUU, se aplicará la regla de no cotizadas, es decir, la que establece el plazo de un año antes y después de la transmisión que genera la pérdida patrimonial.


Compensación de créditos en una SA: Información adecuada o información exacta

Se plantea en una reciente resolución de la DGRN un supuesto en el que el registrador deniega la inscripción de un aumento de capital por compensación de créditos porque la necesaria certificación del auditor indica que la información contenida respecto a los créditos a compensar en el informe de administradores resulta adecuada, en lugar de indicar que los datos resultan exactos, tal y como exige la LSC.

El auditor se niega a cambiar su informe sobre la base de una resolución del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas en la que se impone al auditor la obligación de incluir un párrafo en el que se exprese si el informe de administradores ofrece información adecuada.

Por todo ello la DRGN, y en la medida en que la segunda acepción de “exacto” según la RAE es “perfectamente adecuado”, estima el recurso y revoca la calificación registral.


Autocontratación en los apoderamientos

En el otorgamiento de poderes, no es válida la inclusión de una dispensa general para poder auto contratar o actuar en situación de conflicto de intereses. Un apoderado solo puede auto contratar válida y eficazmente cuando esté autorizado para ello por la Junta General de socios o cuando por la estructura objetiva o concreta del negocio en cuestión, quede “manifiestamente excluida la colisión de intereses que pongan en riesgo la imparcialidad o rectitud del contrato”.

Del mismo modo que un administrador que actúa en nombre y representación de una Sociedad no debe actuar cuando se encuentra en situación de conflicto de intereses, no puede atribuir a otro la posibilidad genérica de hacerlo, pues únicamente la sociedad, a través de la Junta General de Socios, puede hacerlo.

La situación de conflicto de interés es una situación de hecho que depende de la concreta posición jurídica que un momento determinado ostenten las partes. El órgano de administración consecuentemente no puede otorgar una dispensa general que sólo compete a su principal, la sociedad, que la ha de prestar por medio del órgano de expresión de su voluntad: la junta general de socios.


Falta de depósito de cuentas de sociedades en formación

RDGRN de 20 de abril de 2016

En esta resolución la DGRN facilita un remedio para solventar la situación de cierre del registro por falta del depósito de cuentas anuales para Sociedades constituidas a finales de un determinado año y con previsión en Estatutos de que la actividad de la misma comenzará el mismo día del otorgamiento de la escritura fundacional.

Para solventar este cierre registral sin necesidad de proceder a la preparación de unas CCAA “a cero” y con la documentación y formularios oportunos, bastaría la presentación de una Certificación del órgano de administración de la Sociedad con las firmas legitimadas indicando que no se ha procedido a la aprobación de las CCAA por cuanto la Sociedad no tuvo actividad en el intervalo de tiempo que hubiera determinado la necesidad de presentación de las CCAA en el Registro Mercantil. Y añade, al ser la falta de actividad una causa transcendente en sí misma, no es necesario ratificar o reiterar tal declaración cada seis meses por cuanto del propio registro resultará la imposibilidad actual y futura de llevar a cabo el depósito de cuentas anuales del ejercicio en el que no hubo actividad, porque esto no puede cambiarse o remediarse.