Prórroga tácita del nombramiento de auditores y la flexibilidad en los requisitos exigidos

La Ley de Auditoría establece una prórroga tácita por 3 años del contrato entre un auditor y la sociedad auditada, a la finalización del período de contratación inicial o de prórroga del mismo, salvo que alguna de las partes manifieste su voluntad en contrario.

En una reciente resolución la DGRN fija los requisitos para la prorroga tácita del auditor:

- No es necesario acuerdo de junta, es suficiente que no haya manifestación en contrario por parte del órgano de administración y que se le notifique la prórroga a la junta.

- La sociedad debe comunicar la prórroga al Registro Mercantil en un plazo de 7 meses desde la fecha del último ejercicio de vigencia del auditor. El cumplimiento de este plazo determina que la prórroga sea oponible a terceros.

Respecto al plazo de 7 meses, la DGRN, en esa misma resolución, entiende que el registro debe ser flexible en la aplicación de los requisitos e inscribir una prórroga tácita notificada al Registro Mercantil fuera de plazo, cuando no exista auditor nombrado por el registro mercantil, ni solicitud de la minoría.

 


Una Diputación foral no puede requerir información de manera directa a un sujeto domiciliado fuera de su territorio

En el presente supuesto la Diputación foral de Vizcaya, había requerido a la Financiera El Corte Inglés la información de las personas o entidades, titulares de las tarjetas el Corte inglés, que tuviesen su domicilio en Vizcaya y hubiesen efectuados pagos superiores a 30.000 euros entre los años 2008 y 2011.

El TS, ha resuelto que, es inviable, que un poder tributario territorial, pretenda exigir el cumplimiento de un requerimiento de información, más allá del ámbito territorial sometido al poder de ese ente requirente, con independencia del contenido de la información requerida y de los afectados por dicha información.


El estampillado de correos no suple la falta de constancia de la fecha en el acuse de recibo de una notificación entregada y firmada

La Audiencia Nacional protege el derecho de defensa del sujeto pasivo en materia de notificaciones, y niega la validez de la notificación en la que solo constaba la fecha en el recuadro reservado al “Empleado que realiza y da fe del resultado” del acuse de recibo.

Concretamente establece que el sello estampado por la Oficina de Destino de Correos no suple la omisión de este dato fundamental en el espacio que se asigna a la “Fecha” dentro del recuadro reservado a la firma y datos del receptor. Y ello porque, al firmar el receptor de la notificación el correspondiente acuse de recibo, debe conocer, por constar así en el espacio correspondiente, la fecha en que se produce dicha notificación. Sólo de este modo la conformidad que implica su firma al conocimiento del acto puede extenderse también a la fecha en que se notifica, con los efectos que ello arrastra a efecto del cómputo de los plazos de impugnación.


Es aplicable la reducción de empresa familiar aunque no tenga participaciones la persona que ejerza las funciones de dirección

STS de 26 de mayo de 2016

 En este caso, se reciben vía herencia unas participaciones de empresa familiar aplicando la reducción del art. 20.2.c) de la LISD. Para aplicar dicha reducción, es necesario que las participaciones estén exentas en el Impuesto sobre el Patrimonio y, para ello, se exige que uno de los miembros del grupo familiar realice funciones de dirección en la entidad, recibiendo de ésta la mayor parte de sus retribuciones.

En el caso que nos ocupa, el heredero que había estado ejercitando dichas funciones no tenía participaciones en la entidad antes de producirse el fallecimiento del causante, motivo por el cual la Administración denegó el derecho a la reducción.

El Tribunal Supremo determina que la reducción es aplicable dado que la normativa no contempla la obligación de que el sujeto que ejerza las funciones de dirección tenga además que ser titular de participaciones en el momento del devengo, pudiendo pertenecer éstas al grupo familiar en su conjunto.


La concreción del objeto social en los estatutos

La determinación o concreción de la actividad que constituye el objeto social de una Sociedad en Estatutos ha de cumplir con los requisitos que se dispone en la Ley de Sociedades de Capital (artículo 23.b) y Reglamento del Registro Mercantil (art. 178), esto es, norma estatal exigible a todas las sociedades mercantiles constituidas en España, y en ningún caso puede quedar al albur o a las exigencias de índole administrativa que puedan existir en las CCAA.

Las sociedades pueden actuar en todo el territorio del Estado sin tener que ceñir, en forma necesaria, su ámbito de operaciones al lugar donde se sitúa su domicilio social, razón por la que no procede fundamentar la denegación de inscripción en una norma administrativa autonómica.

La LSC y el RRM exigen que la determinación del objeto social ha de hacerse de modo que acote suficientemente un sector económico o un género de actividad mercantil determinado.


Existe un único delito y una única cuota defraudada en caso de tributación conjunta en IRPF

La AP de Huelva, ha resuelto que, en supuestos de tributación conjunta, además de superar los 120.000 euros de defraudación, es necesario demostrar que ambos eran conscientes de que lo que estaban cometiendo era ilegal sin margen de dudas, para acusar de delito fiscal a la pareja, y rechaza la argumentación relativa a que, en una unidad familiar, puede haber tantos delitos como miembros de la misma, con cuota superior a la cuantía de 120.000 euros.


Exención del art. 21 LIS en activos financieros mantenidos para negociar

Varias de las entidades de un grupo fiscal son titulares de acciones en una misma entidad residente en territorio español, que cotiza en la bolsa española (entidad C). La participación en C la tienen contabilizada como activos financieros mantenidos para negociar y el precio de adquisición de las acciones en C es superior a 20 millones de euros (computando globalmente el conjunto de entidades que forman parte del grupo fiscal).

Se plantea si es aplicable el régimen de exención del artículo 21 LIS:

i)                    El requisito del porcentaje de participación se entiende cumplido porque el precio de adquisición es superior a 20 millones de euros.

ii)                  La exención es aplicable a las rentas derivadas de las variaciones en la valoración a valor razonable de los activos financieros mantenidos para negociar, aunque esas rentas no puedan calificarse como plusvalías en sentido estricto dado que no derivan de la transmisión del activo, pero la DGT otorga a dichas rentas el mismo tratamiento que éstas manteniendo una interpretación finalista de la norma.

iii)                La DGT establece que podrá beneficiarse de la exención el ingreso registrado como consecuencia de la transmisión de derechos de suscripción preferente a terceros en el mercado secundario, manteniendo una interpretación finalista de la norma.


Es posible aportar nueva documentación en la tramitación de del recurso de reposición o en la vía económica-administrativa

La prohibición de aportar nueva documentación tras el trámite de audiencia afecta solo al procedimiento de comprobación. Aunque inicialmente los TEAR venían negando dicha posibilidad, esta postura atenta contra el derecho a tutela judicial efectiva y así se está reconociendo por distintos tribunales tanto en vía económico administrativa como en vía contenciosa.

El recurso contencioso administrativo es un auténtico proceso, autónomo e independiente de la vía administrativa (TS), por tanto, no puede oponerse ningún obstáculo procesal para incorporar al recurso y valorar los documentos aportados por la entidad actora.

Asimismo, el Rgto. de gestión e inspección tributarias (art. 96.4) trata de delimitar el contenido del expediente administrativo a los efectos de limitar el objeto y motivación de la liquidación que se pueda dictar por la Administración, pero en modo alguno se refiere a la tramitación del recurso de reposición o reclamación económico administrativa que pudiera interponerse frente a la liquidación.


El cálculo del importe de los rendimientos devengados cada día por trabajos en el extranjero

La DGT en una resolución reciente ha resuelto que en un caso en el que el trabajador fue despedido al finalizar el mes de enero (solo estuvo contratado este mes), mes en el que fue desplazado por su empresa durante 5 días de dicho mes para prestar servicios en el extranjero, en el numerador se cuantificarán la parte de las retribuciones no específicas obtenidas por el trabajador en el año del desplazamiento y en el denominador el número total de días del año (365 días con carácter general o 366 días si es año bisiesto).

Una vez obtenido el cálculo anterior, las rentas que gozan de exención se calcularán aplicando dicho cociente a los días en que el trabajador ha estado desplazado en el extranjero, para efectuar el trabajo contratado.


El TEAC cambia de criterio respecto a los efectos de la reanudación formal de las actuaciones inspectoras.

El TEAC, en una resolución reciente, ha modificado su criterio respecto a los efectos de una reanudación formal de las actuaciones inspectoras.

En efecto, respecto al anterior artículo 150.2 LGT, ahora 150.6 a) LGT, había mantenido el criterio que de la simple comunicación al interesado de la superación del plazo máximo de duración de las actuaciones inspectoras y la continuación de las mismas respecto de los conceptos tributarios y ejercicios no prescritos no tenían, por sí solas, contenido bastante para interrumpir la prescripción.

El TEAC acaba de modificar dicho criterio a la vista de las STS, como la de 20-12-2010 y 17-02-2012, al considerar que dicha actuación, en un contexto de superación de plazo de duración máxima del procedimiento, sí que ha de entenderse que tiene contenido bastante como para interrumpir la prescripción.