El certificado de residencia fiscal como prueba para demostrar la residencia fiscal en otro país

El certificado de residencia fiscal no es el único medio de prueba válido para demostrar la residencia fiscal en otro país

En el presente supuesto un contribuyente presenta el modelo 210 de IRNR declarando unos rendimientos del trabajo obtenidos en España con retención a cuenta del IRPF, y solicitando la devolución por ser residente fiscal en Perú.

Tras finalizar el procedimiento de comprobación limitada, se deniega la devolución porque la Administración considera que es residente fiscal en España. El contribuyente interpone reclamación económico-administrativa alegando que cumple el requisito de permanencia en Perú más de 183 días, tiene un inmueble alquilado en Perú, a sus hijos escolarizados en dicho país, y es gerente de una empresa peruana. No puede aportar certificado de residencia fiscal porque Perú no expide este tipo de certificados al no existir CDI entre España y Perú, pero sí lo aporta a los efectos del CDI con Chile).

Finalmente, el TSJ de Cataluña, ha resuelto el recurso interpuesto por el contribuyente contra la desestimación de su reclamación, señalando que, aunque el certificado de residencia fiscal es el modo idóneo previsto en la normativa tributaria para probar la residencia fiscal, no es el único medio probatorio válido. La Administración Tributaria debe valorar otros medios de prueba admitidos en Derecho, y más aún, cuando el país en cuestión sólo expide certificados para uso ante Estados con los que tiene convenio.

Partiendo de que no existe Convenio entre España y Perú, ha de estarse a lo previsto en el artículo 9 de la LIRPF, y en este supuesto, concluye el TSJ de Cataluña, que ha quedado acreditado, que además de cumplirse el criterio del tiempo de permanencia, el contribuyente obtiene una mayor renta en Perú que en España.


Interpretación requisitos de la exención art.7p LIRPF

El TS, en su reciente sentencia, ha reincidido en que “el artículo 7.p) LIRPF exige como requisito, normal en la lógica del beneficio fiscal que examinamos, que la prestación de trabajo de que se trate produzca o pueda producir una ventaja o utilidad a la entidad destinataria.

En ese caso, al no existir prueba de que mediante la actuación del recurrente se haya beneficiado a la entidad no residente, al margen de la actividad de dirección y control propia de toda entidad matriz, no podría aplicar la exención.”

Por otro lado, la DGT, ha reiterado recientemente la necesidad de la existencia de un vínculo laboral entre la persona física que presta el servicio y su empleador, sea éste, o no, la entidad no residente beneficiaria del servicio efectivamente prestado en el extranjero, para poder aplicar la exención mencionada.


En las operaciones no declaradas la contraprestación real descubierta por la Administración incluye IVA

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en una reciente sentencia, resuelve la cuestión prejudicial planteada por el TSJ de Galicia, relativa a si en las operaciones no declaradas a las Autoridades Tributarias, ni facturadas, ni registradas en la contabilidad, la contraprestación real descubierta por las Autoridades Tributarias incluye o no el IVA.

Se trata de un supuesto en el que un trabajador por cuenta propia ejercía una actividad de agente artístico sujeta a IVA, prestando sus servicios a un grupo de sociedades dedicadas a la gestión de orquestas. Los pagos efectuados en este contexto (de los clientes vecinos organizadores de fiestas, a las sociedades que gestionaban las orquestas, y de las sociedades al agente intermediario), se realizaban en efectivo, no daban lugar a la emisión de facturas, ni se registraban contablemente, ni se declaraban a efectos del Impuesto sobre sociedades, IVA, e IRPF.

Tras una Inspección al agente artístico, la Administración Tributaria estimó que las cantidades percibidas por sus servicios no incluían IVA, de manera que la base imponible del IRPF correspondiente a esos ejercicios debía determinarse teniendo en cuenta la totalidad de esos importes.

El TJUE concluye que, a “la luz del principio de neutralidad del IVA, cuando unos sujetos pasivos del IVA no hayan comunicado a la Administración tributaria la existencia de una operación, ni hayan emitido factura, ni hayan hecho constar los ingresos obtenidos gracias a dicha operación en una declaración de impuestos directos, la reconstitución efectuada por la Administración tributaria interesada, en el marco de la inspección de dicha declaración, de las cantidades entregadas y recibidas con ocasión de la operación controvertida debe considerarse un precio que incluye el IVA, a menos que, con arreglo al Derecho nacional, los sujetos pasivos tengan la posibilidad de proceder posteriormente a la repercusión y a la deducción del IVA controvertido a pesar del fraude.”

En Derecho español, sería aplicable a este caso el artículo 89.3.2º de la LIVA, que impide rectificar el IVA repercutido en operaciones ocultadas y descubiertas por la Administración, y por lo tanto debe considerarse que las cantidades entregadas y recibidas incluyen en el precio pactado el IVA.


Alcance del principio de unidad del procedimiento inspector

El Supremo insiste en que el procedimiento de inspección es único, con independencia de los impuestos o ejercicios a los que afecte.

En ese sentido, mientras se esté tramitando un procedimiento de inspección no es correcto el inicio de un nuevo procedimiento relativo a conceptos, ejercicios o tributos materialmente relacionados con los que son objeto de aquél, salvo que la Administración justifique que no existe tal conexión o que los datos que motivaron la comprobación de los nuevos conceptos, ejercicios o tributos no surgieron en el seno del procedimiento inspector ya iniciado. Lo correcto es ampliar el ámbito del procedimiento ya iniciado, sin volver a iniciarse el cómputo del plazo para su terminación.


Operación puntual y cumplimiento de obligaciones tributaria a efectos del IVA

En una consulta vinculante reciente en la que el consultante ha realizado una actividad no habitual en el ámbito de la cultura, y ha presentado por ella una declaración trimestral del Impuesto sobre el Valor Añadido sin estar dado de alta en el censo de empresarios, profesionales y retenedores, la DGT ha resuelto que dicha persona física no tendrá la consideración de empresario o profesional cuando realice dicha operación, de forma puntual y aislada y sin intención de continuidad, efectuada al margen de una actividad empresarial o profesional. Sin embargo, si el consultante realiza una actividad sujeta al Impuesto de acuerdo con los criterios anteriores, incluso si no es una actividad habitual, deberá darse de alta en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores y cumplir con las restantes obligaciones derivadas del Impuesto.


La falta de depósito de las cuentas anuales y la responsabilidad del administrador por deudas sociales

Tal y como señala el TS, el incumplimiento de la obligación legal de depositar las cuentas no constituye una de las causas legales de disolución, no constituye una prueba directa de que la sociedad se encuentre en situación de pérdidas ni determina por sí sola la obligación de los administradores de responder de las deudas sociales.

Recuerda el TS que “Para que pueda imputarse al administrador el impago de una deuda social, como daño ocasionado directamente a la sociedad acreedora, no basta con afirmar que se demoró el cumplimiento de la obligación del depósito de las cuentas. Es necesario que pueda establecerse una relación de causalidad entre el ilícito orgánico cometido por el administrador (…)”


Aunque el dividendo no esté exento en su totalidad no existe obligación de practicar retención

Sobre la nueva redacción del 21 LIS: Aunque el dividendo no esté exento en su totalidad no existe obligación de practicar retención

Un grupo acogido al régimen de consolidación fiscal reparte dividendos, plantea a la DGT dos cuestiones en relación con la nueva redacción del artículo 21 LIS: si la tributación del 5% del dividendo afecta a los grupos fiscales, y si la entidad pagadora del dividendo debe practicar retención sobre la parte del dividendo no exento.

La DGT en respuesta a esta Consulta Vinculante, señala en primer lugar que, dado que el artículo 64 LIS también se ha modificado señalando que no serán objeto de eliminación los importes que deban integrarse en las bases imponibles individuales por aplicación de lo establecido en el apartado 10 del artículo 21 de la LIS, los grupos fiscal tributarán también por el 5% del dividendo.

Y, en relación con la obligación de practicar retención, la DGT ha señalado que no existe obligación de practicar retención de acuerdo con lo establecido en el artículo 128.4 de la LIS, entendiendo que cuando se dan los requisitos para la exención, el dividendo no está sujeto a retención (aunque la exención no sea total).


La responsabilidad tributaria tiene carácter tendencial sin que sea necesaria la consecución de un resultado

El TEAC unifica criterio en el sentido de considerar que la responsabilidad tributaria regulada en el artículo 42.2.a) de la LGT tiene carácter tendencial y no depende del éxito o fracaso posterior del acto o actos de transmisión u ocultación, por lo que no dejará de declararse y ser conforme a derecho por la mera circunstancia de que el presupuesto de hecho habilitante haya sido anulado de forma privada o pública, a instancia de las partes o de terceros.

Es decir, entre los requisitos de la responsabilidad solidaria no se exige la consecución de un resultado, sino que basta con que los actos realizados por los responsables tiendan a la ocultación o transmisión, sin necesidad de que se consume dicho resultado.


Posibilidad de descontarse los ingresos a cuenta realizados, pero no ingresados, por la empresa pagadora

El TS se pronuncia en la presente sentencia sobre si el ingreso a cuenta que se suma al valor de la retribución imputada al trabajador, debería descontarse en el IRPF de este, con independencia de que su ingreso no se haya producido por parte de la entidad pagadora y de quien sea responsable de la falta de ingreso.

Fija doctrina y establece que, la prescripción de la obligación del pagador de ingresar en concepto de pago a cuenta del IRPF, el importe correspondiente al perceptor es oponible por el sujeto pasivo del IRPF cuando se ve sometido a un procedimiento de inspección.

Señala también que resulta indiferente la circunstancia de haber sido el perceptor administrador único de la sociedad.


La figura del secretario del consejo de administración

Tal y como se indica en una reciente resolución de la DGSJFP, pese a su importancia en la práctica societaria, la figura del secretario del consejo de administración no ha sido objeto de especial regulación. Más allá de las menciones en la Ley de Sociedades de Capital y en el Reglamento del Registro Mercantil a su papel en las juntas generales, redacción de actas y certificación de su contenido o la conservación de la documentación del consejo; la parquedad normativa hace que sean “los estatutos y, a falta de previsión de éstos, el propio consejo de administración, por la libertad de autoorganización que le confiere el  artículo 245.2 de la Ley de Sociedades de Capital, los llamados a regular el discernimiento del cargo de secretario y las funciones que le correspondan.”

En la citada resolución se analiza si el propio consejo puede cesar y nombrar a un secretario no consejero, cuando en los estatutos de la sociedad se establecía que el “Consejo de Administración designará, en caso de no haberlo realizado la Junta General, un Secretario y, potestativamente, un Vicesecretario, pudiendo recaer el nombramiento en quienes no sean administradores, (…)”, entendiendo el registrador que habiendo sido nombrado en su día por la junta el secretario cesado, era la junta la que debería cesar al secretario y no el consejo. Este criterio no es compartido por la Dirección General, que entiende que el contenido literal de los estatutos no impide que el consejo cese al secretario no consejero y designe a otra persona.

Señala la Dirección General que el nombramiento del secretario no consejero, salvo que otra cosa dispongan los estatutos o el propio acuerdo de nombramiento, debe entenderse por tiempo indefinido y que “dejando de nuevo a salvo las previsiones estatutarias siempre podrá el consejo de administración acordar su remoción por simple mayoría.”