Operación puntual y cumplimiento de obligaciones tributaria a efectos del IVA

En una consulta vinculante reciente en la que el consultante ha realizado una actividad no habitual en el ámbito de la cultura, y ha presentado por ella una declaración trimestral del Impuesto sobre el Valor Añadido sin estar dado de alta en el censo de empresarios, profesionales y retenedores, la DGT ha resuelto que dicha persona física no tendrá la consideración de empresario o profesional cuando realice dicha operación, de forma puntual y aislada y sin intención de continuidad, efectuada al margen de una actividad empresarial o profesional. Sin embargo, si el consultante realiza una actividad sujeta al Impuesto de acuerdo con los criterios anteriores, incluso si no es una actividad habitual, deberá darse de alta en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores y cumplir con las restantes obligaciones derivadas del Impuesto.


La falta de depósito de las cuentas anuales y la responsabilidad del administrador por deudas sociales

Tal y como señala el TS, el incumplimiento de la obligación legal de depositar las cuentas no constituye una de las causas legales de disolución, no constituye una prueba directa de que la sociedad se encuentre en situación de pérdidas ni determina por sí sola la obligación de los administradores de responder de las deudas sociales.

Recuerda el TS que “Para que pueda imputarse al administrador el impago de una deuda social, como daño ocasionado directamente a la sociedad acreedora, no basta con afirmar que se demoró el cumplimiento de la obligación del depósito de las cuentas. Es necesario que pueda establecerse una relación de causalidad entre el ilícito orgánico cometido por el administrador (…)”


Aunque el dividendo no esté exento en su totalidad no existe obligación de practicar retención

Sobre la nueva redacción del 21 LIS: Aunque el dividendo no esté exento en su totalidad no existe obligación de practicar retención

Un grupo acogido al régimen de consolidación fiscal reparte dividendos, plantea a la DGT dos cuestiones en relación con la nueva redacción del artículo 21 LIS: si la tributación del 5% del dividendo afecta a los grupos fiscales, y si la entidad pagadora del dividendo debe practicar retención sobre la parte del dividendo no exento.

La DGT en respuesta a esta Consulta Vinculante, señala en primer lugar que, dado que el artículo 64 LIS también se ha modificado señalando que no serán objeto de eliminación los importes que deban integrarse en las bases imponibles individuales por aplicación de lo establecido en el apartado 10 del artículo 21 de la LIS, los grupos fiscal tributarán también por el 5% del dividendo.

Y, en relación con la obligación de practicar retención, la DGT ha señalado que no existe obligación de practicar retención de acuerdo con lo establecido en el artículo 128.4 de la LIS, entendiendo que cuando se dan los requisitos para la exención, el dividendo no está sujeto a retención (aunque la exención no sea total).


La responsabilidad tributaria tiene carácter tendencial sin que sea necesaria la consecución de un resultado

El TEAC unifica criterio en el sentido de considerar que la responsabilidad tributaria regulada en el artículo 42.2.a) de la LGT tiene carácter tendencial y no depende del éxito o fracaso posterior del acto o actos de transmisión u ocultación, por lo que no dejará de declararse y ser conforme a derecho por la mera circunstancia de que el presupuesto de hecho habilitante haya sido anulado de forma privada o pública, a instancia de las partes o de terceros.

Es decir, entre los requisitos de la responsabilidad solidaria no se exige la consecución de un resultado, sino que basta con que los actos realizados por los responsables tiendan a la ocultación o transmisión, sin necesidad de que se consume dicho resultado.


Posibilidad de descontarse los ingresos a cuenta realizados, pero no ingresados, por la empresa pagadora

El TS se pronuncia en la presente sentencia sobre si el ingreso a cuenta que se suma al valor de la retribución imputada al trabajador, debería descontarse en el IRPF de este, con independencia de que su ingreso no se haya producido por parte de la entidad pagadora y de quien sea responsable de la falta de ingreso.

Fija doctrina y establece que, la prescripción de la obligación del pagador de ingresar en concepto de pago a cuenta del IRPF, el importe correspondiente al perceptor es oponible por el sujeto pasivo del IRPF cuando se ve sometido a un procedimiento de inspección.

Señala también que resulta indiferente la circunstancia de haber sido el perceptor administrador único de la sociedad.


La figura del secretario del consejo de administración

Tal y como se indica en una reciente resolución de la DGSJFP, pese a su importancia en la práctica societaria, la figura del secretario del consejo de administración no ha sido objeto de especial regulación. Más allá de las menciones en la Ley de Sociedades de Capital y en el Reglamento del Registro Mercantil a su papel en las juntas generales, redacción de actas y certificación de su contenido o la conservación de la documentación del consejo; la parquedad normativa hace que sean “los estatutos y, a falta de previsión de éstos, el propio consejo de administración, por la libertad de autoorganización que le confiere el  artículo 245.2 de la Ley de Sociedades de Capital, los llamados a regular el discernimiento del cargo de secretario y las funciones que le correspondan.”

En la citada resolución se analiza si el propio consejo puede cesar y nombrar a un secretario no consejero, cuando en los estatutos de la sociedad se establecía que el “Consejo de Administración designará, en caso de no haberlo realizado la Junta General, un Secretario y, potestativamente, un Vicesecretario, pudiendo recaer el nombramiento en quienes no sean administradores, (…)”, entendiendo el registrador que habiendo sido nombrado en su día por la junta el secretario cesado, era la junta la que debería cesar al secretario y no el consejo. Este criterio no es compartido por la Dirección General, que entiende que el contenido literal de los estatutos no impide que el consejo cese al secretario no consejero y designe a otra persona.

Señala la Dirección General que el nombramiento del secretario no consejero, salvo que otra cosa dispongan los estatutos o el propio acuerdo de nombramiento, debe entenderse por tiempo indefinido y que “dejando de nuevo a salvo las previsiones estatutarias siempre podrá el consejo de administración acordar su remoción por simple mayoría.”


Efectos del incumplimiento del plazo del procedimiento de tasación pericial contradictoria por inactividad de la Administración

El TEAC cambia el criterio mantenido hasta ahora respecto a las consecuencias de la superación del plazo del procedimiento de TPC imputable a la inactividad de la Administración Tributaria, en el sentido de que el efecto de dicho exceso no es propiamente la caducidad del procedimiento de TPC, sino el levantamiento de efecto suspensivo del procedimiento tributario principal, de manera habrá continuado corriendo el plazo para finalizar el procedimiento, ya sea de gestión o de inspección, con las consecuencias que de ello se produzcan.


El artículo 11.6 de la LIS no puede ser utilizado como una norma antiabuso

La cuestión planteada consistía en determinar si, en el supuesto de la transmisión de un elemento patrimonial que haya sido objeto de una corrección valorativa por deterioro (que se ha deducido a efectos fiscales), la recuperación de la pérdida debe gravarse en sede de la sociedad transmitente (residente) que dotó la provisión y se practicó la deducción por la pérdida o, en sede de la mercantil vinculada (no residente).

Recordemos que el artículo 11.6 de la LIS aplicable a este supuesto establece que: La reversión de un deterioro o corrección de valor que haya sido fiscalmente deducible, se imputará en la base imponible del período impositivo en el que se haya producido dicha reversión, sea en la entidad que practicó la corrección o en otra vinculada con ella. 

El Tribunal Supremo, en reciente sentencia, ha señalado que no cabe forzar artificiosamente el sentido y finalidad de una norma de imputación temporal para convertirla en una disposición antiabuso genérica, cambiando su interpretación para imputar un rendimiento o ganancia -el derivado de la reversión- a la entidad radicada en España, solo para mantener o retener la posibilidad de gravamen. El artículo 19.6 de la TRLIS (actual 11.6 LIS) no es una norma antiabuso que no requiere una interpretación distinta de la de su propio texto, en el sentido de que la reversión, se imputará en el período impositivo en el que se haya producido dicha reversión, sea en la entidad que practicó la corrección o en otra vinculada con ella.


Imputación de renta de los inmuebles a disposición del contribuyente

El consultante es propietario de un piso que destina al alquiler. En enero de 2020, por unas averías en las tuberías de un piso superior, se inundó el piso del contribuyente haciéndolo inservible para el alquiler, y, ante la negativa de resarcir los daños y perjuicios por parte del seguro, se acudió a la vía judicial el 20 de octubre de 2020, actualmente, sigue sin resolverse el asunto.

Se pregunta la tributación en el IRPF.

La normativa determina que a los titulares de bienes inmuebles urbanos que tengan derechos reales de disfrute, se les imputará una renta inmobiliaria. Esta imputación tiene en cuenta la disponibilidad del mismo y no la utilización efectiva. Por lo que, salvo que los inmuebles estén afectos a actividades económicas, que generen rendimientos, se encuentren en construcción, o que no sea susceptibles de uso por razones urbanísticas, son susceptibles de imputación.

El precepto es someter a gravamen una capacidad económica puesta de manifiesto por la titularidad o derecho real de un inmueble, excluyendo la vivienda habitual.

Por la indemnización que le otorgue el seguro a raíz de la reclamación judicial hay que distinguir dos supuestos:

  • Por reparación de daños: en la medida que la indemnización coincida con el coste de reparación no procede computar pérdida o ganancia alguna; si no se da dicha equivalencia, si se produce la variación y por tanto la ganancia o pérdida patrimonial.
  • Por indemnización en caso de destrucción: en principio siguiendo la normativa, se daría una ganancia o pérdida patrimonial por la diferencia entre el precio de adquisición y la indemnización que se perciba, no obstante, al tratarse de bienes de consumo (mobiliario y ajuar doméstico), el valor de adquisición se ha de minorar con su depreciación efectiva por el uso, de manera que el valor de adquisición se corresponde con el valor de mercado en el momento de la destrucción, que con carácter general es el importe de la indemnización recibida, por ello se determinaría la inexistencia de ganancia o pérdida patrimonial.

EL TJUE determina que a efectos del IVA un bien inmueble no constituye un EP si no dispone de recursos humanos.

La Administración tributaria austriaca consideró que el inmueble arrendado por una sociedad con sede en Jersey constituía un establecimiento permanente (EP) en Austria y, en consecuencia, practicó liquidación del IVA a cargo de dicha sociedad.

La sociedad defendió que con arreglo a la normativa comunitaria no existe EP ya que se requieren medios humanos y técnicos, cosa que no sucede en el supuesto planteado.

EL TJUE determina que, en efecto, para considerar que una sociedad tiene un EP en el territorio de aplicación del impuesto es necesario que disponga de medios humanos y/o técnicos que le permitan la prestación de los servicios de arrendamiento de forma autónoma, de modo que un inmueble que se da en arrendamiento cuando el propietario no dispone de su propio personal para prestar los servicios, no constituye un EP.