La retribución de los consejeros ejecutivos

El art. 249 de la Ley de Sociedades de capital establece que cuando un miembro del consejo de administración sea nombrado consejero delegado o se le atribuyan funciones ejecutivas en virtud de otro título, será necesario que se celebre un contrato entre este y la sociedad en el que se detallarán todos los conceptos por los que pueda obtener una retribución por el desempeño de estas funciones ejecutivas.

En este sentido, se plantea en una reciente resolución de la DGRN, si la retribución percibida por los consejeros ejecutivos debe determinarse igualmente en los estatutos, entendiendo la DGRN que la retribución debe detallarse en el contrato celebrado conforme a lo establecido en el citado art. 249 de la LSC, y que además deberá ser fijada conforme a la política de retribuciones aprobada por la junta general, pero no es necesario que conste en los estatutos sociales.


Depósito de cuentas con informe de auditores con opinión denegada

La DGRN admite la procedencia del depósito de cuentas anuales aún en el caso de que el informe de auditores que las acompaña contenga la denegación de la opinión. La finalidad de la norma es dar satisfacción al interés de los socios y terceros o de un socio minoritario y tal finalidad puede verse cumplida aún en determinados casos de opinión denegada por el auditor de cuentas.

Dicho lo anterior, se considera que el informe de auditores no puede servir de soporte de cuentas anuales y, por tanto, determina la no procedencia de su depósito, cuando del mismo no pueda deducirse ninguna información clara al limitarse a expresar ausencia de opinión sobre los extremos auditados. Por el contrario, cuando del informe de auditoría pueda deducirse una información clara sobre el estado patrimonial de la sociedad sí que debe servir de soporte de las cuentas anuales aunque el auditor no emita opinión o ésta sea desfavorable.


El pago de tributos cedidos a las CCAA ante una oficina no competente no tiene efectos liberatorios para el obligado tributario

Desde la entrada en vigor de la Ley 22/2009 (que regula el Sistema de Financiación de las CCAA), el obligado tributario que satisfaga el ingreso ante un órgano recaudatorio de la CCAA no competente no tendrá efecto liberatorio para el contribuyente, ni supondrá la extinción de responsabilidad para el obligado tributario y por consiguiente, deberá realizar el pago en la oficina competente.


El extracto de la tarjeta no se admite como documento sustitutivo de la factura para la deducción del IVA soportado

El TSJ de Andalucía, a pesar de que el TJUE autoriza a los Estados Miembros a admitir, otros documentos distintos de la factura, para demostrar que la transacción efectivamente se produjo, a efectos de la deducción del IVA soportado, ha negado la deducción del Impuesto, a un contribuyente que aportó como documento sustitutivo de la factura el extracto de la tarjeta de crédito.


La declaración censal de alta no implica el inicio de actividades a efectos de IAE

La declaración censal de alta, no implica necesariamente el efectivo ejercicio de las actividades económicas, empresariales o profesionales, que constituyen el hecho imponible del IAE, ya que la Orden que aprueba la declaración censal establece que están obligados a presentar esta declaración “quienes desarrollen o vayan a desarrollar en territorio español actividades empresariales o profesionales”


A partir del día 2 de octubre de 2016 los sábados serán inhábiles

El pasado 2 de octubre de 2015 se publicó en el BOE la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que entrará en vigor transcurrido un año desde su publicación.

La nueva Ley, ha declarado los sábados como días inhábiles, unificando de este modo el cómputo de plazos en el ámbito judicial y el administrativo.


La tutela individual de los derechos de los Socios en las modificaciones de estatutos en una Sociedad de Responsabilidad Limitada

En el ámbito de las modificaciones estatutarias en una Sociedad de Responsabilidad Limitada, el análisis de sendas Resoluciones de la Dirección General de Registros y del Notariado (en adelante, DGRN) de fecha 30 de julio de 2015, nos brinda la oportunidad de analizar y poder discernir en qué casos es posible acudir y cuando no al mecanismo dispuesto por el artículo 292 de la Ley de Sociedades de Capital (en adelante, LSC) que, en el ámbito de las reglas especiales de tutela de los socios, dispone: “cuando la modificación estatutaria afecte a los derechos individuales de cualquier socio de una sociedad de responsabilidad limitada deberá adoptarse con el consentimiento de los afectados.

Teniendo claro lo que la LSC dispone en este ámbito, se hace preciso delimitar cuando se entiende que una modificación estatutaria afecta a los derechos individuales de los socios. En este sentido la DGRN, en base a las resoluciones de 30 de julio anteriormente mencionadas, dispone que para entender que una modificación estatutaria afecta los derechos individuales de los socios y, por tanto, requiera del voto favorable del/los socios afectados, es necesario que tal modificación afecte de modo directo e inmediato los derechos individuales de los socios.

Así la DGRN, considera que una modificación estatutaria relativa a la modificación del quórum exigido en los estatutos para proceder a la adopción del acuerdo de separación de administradores (reduciéndolo de 2/3 de los votos al quórum general exigido para la modificación de estatutos en el artículo 199 de la LSC de más de la mitad de los votos) adoptado por el socio mayoritario de una sociedad, no afecta de modo directo e inmediato los derechos de los socios, dado que estos, en el ámbito de la autonomía de la voluntad podían haber prevenido una concreta conformación de mayorías para la modificación de los estatutos sociales o un reforzamiento de las mayorías previstas para modificar específicamente el artículo estatutario relativo a la separación de administradores.  Así mismo, tal modificación estatutaria que, sin duda puede afectar de modo indirecto a los intereses de los socios por la posibilidad de que puedan ser separados de su condición de administradores con el voto del socio mayoritario, no supone limitación alguna ni de los derechos políticos ni económicos de los socios.

Por el contrario, en una modificación de estatutos en la que se pretende proceder a consignar en estatutos que el reparto de dividendos o prima de emisión así como la devolución de aportaciones en casos de reducción de capital, se efectúe total o parcialmente en especie, la DGRN entiende que tal modificación si que afecta de modo directo e inmediato a los derechos individuales de los socios en cuanto que afecta al contenido del derecho participar en el reparto de las ganancias sociales o, en su caso, en el patrimonio afectado por la restitución del valor de las aportaciones sociales y, por tanto, se requiere el consentimiento individual de todos y cada uno de los Socios de la Sociedad resultando de aplicación lo dispuesto en el artículo 292 de la LSC.  En este caso, como decíamos, si que se produce un afección directa e inmediata de los derechos de los socios que requiere de su consentimiento individual dado que:

-         en una Sociedad de Responsabilidad Limitada, a diferencia de las Sociedades Anónimas, la distribución en especie no se efectúa mediante criterios objetivos (en la S.A. ha de intervenir un experto independiente que valore) sino que queda al arbitrio de la Junta General y en consecuencia afecta al derecho de los socios minoritarios y ha de adoptarse con su consentimiento.

-         la regla general es la de percepción en dinero de los dividendos (artículos 277 y 278 de la LSC) y del valor de la aportación que se devuelva al socio mediante la reducción del capital social (artículo 318 de la LSC).

Aludiendo al principio de autonomía de la voluntad mencionado con anterioridad, es claro que puede y debe admitirse la introducción en los estatutos de disposiciones sobre restitución del valor de las aportaciones o el pago de dividendos en especie, pero tal introducción efectuada en un momento posterior al momento fundacional de la sociedad, requiere, indudablemente, el consentimiento de los socios afectados.

Por tanto, expresado lo anterior, a los efectos de considerar si nos hallamos ante un supuesto de los que la LSC requiere el consentimiento individual de los socios afectados por una modificación estatutaria, ésta ha de afectar de un modo directo e inmediato los derechos de los mismos, considerándose que, en caso contrario, no requiere el consentimiento de todos los socios que, indirectamente o de forma no inmediata, pudieran verse afectados por tal modificación de estatutos.