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Posts Tagged ‘Administración

14
feb

Procedimiento sancionador: presunción de inocencia, no de culpabilidad 

Como viene siendo habitual en los últimos meses, el Tribunal Supremo critica la actuación de la Administración, reprochando su escasa y defectuosa motivación en materia sancionadora.

Así, a pesar de parecer una obviedad, el Alto Tribunal recuerda que lo que debe presumirse es la inocencia del administrado, no su culpabilidad. En consecuencia, el órgano sancionador está obligado a motivar, en primer lugar, la presencia de culpabilidad en las conductas que sanciona y, sólo si concluye su concurrencia, debe dar respuesta a los argumentos expuestos por el administrado para justificar la ausencia de responsabilidad. De otro modo, se estaría presumiendo la culpabilidad, lo que contradice no sólo los principios que presiden el ejercicio de la potestad sancionadora en el ámbito tributario, sino una garantía básica de nuestro sistema constitucional: la presunción de inocencia.

14
feb

El TS restringe los supuestos de inadmisión de la suspensión en vía económico-administrativa

Solicitada en la vía económico-administrativa la suspensión de la ejecución del acto reclamado sin presentación de garantías (o con dispensa parcial de las mismas) porque la ejecución puede causar al interesado perjuicios de difícil o imposible reparación, si el órgano llamado a resolver considera que con la documentación aportada no se acredita la posible causación de esa clase de daños, no procede abrir un incidente de subsanación para solventar esa deficiencia probatoria, sino admitir a trámite la solicitud y desestimarla en cuanto al fondo.

Es decir, no cabe inadmitir la solicitud de suspensión, sino que el tribunal económico-administrativo la debe admitir a trámite y desestimarla si efectivamente considera que no han sido correctamente justificados los perjuicios irreparables o de difícil reparación que sufriría el contribuyente con la ejecución de la liquidación. Con ello, se obliga a la Administración a retrasar la ejecutividad de la liquidación ya que con dicha desestimación se abre un nuevo procedimiento voluntario de pago, sin recargos y sin sanciones.

01
feb

La responsabilidad solidaria en la ocultación o transmisión de bienes o derechos

El TS en una sentencia reciente ha fallado que la responsabilidad solidaria de quienes sean causantes o colaboren en la ocultación o transmisión de bienes o derechos del obligado al pago con la finalidad de impedir la actuación de la Administración tributaria, no exige un resultado, pero si la finalidad de ocultación. Este precepto permite la declaración de responsabilidad solidaria cuando se haya tenido alguno de los comportamientos que describe, sin necesidad de que el colaborador haya obtenido beneficio alguno, es bastante con que su colaboración haya impedido que la Hacienda Pública cobre el importe de la deuda existente.

26
oct

La Administración no puede exigir mayor grado de diligencia a una entidad por ser gran empresa

En el presente supuesto, la Administración había impuesto a un obligado tributario la sanción por solicitar indebidamente devoluciones, por entender que, siendo el obligado tributario una persona jurídica, teniendo grandes medios económicos y recibiendo el más competente de los asesoramientos, le es exigible un mayor grado de diligencia en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias.

El TEAC, en base a jurisprudencia del TS, ha resuelto que, el principio de culpabilidad no permite que la Administración pueda definir la actuación del infractor como dolosa o culposa atendiendo exclusivamente a circunstancias subjetivas, como es el hecho de que el obligado tributario sea una gran empresa.

 

31
jul

La falta de autorización del inquilino para inspeccionar la vivienda no hace válida la valoración emitida realizada

La falta de inspección o reconocimiento visual de la finca objeto de valoración por causas ajenas a la propia Administración, en este supuesto, la falta de autorización del inquilino, no transforma en motivada la valoración realizada, ya que, en todo caso, nunca podría considerarse una valoración individualizada, sino por referencia a otros inmuebles del entorno cuya igualdad, que es lo supliría la falta de inspección concreta, no ha sido acreditada.

Además, la Administración no puede alegar imposibilidad de la inspección cuando no agota todos los medios a su alcance para ello, y, en cualquier caso, pese a la negativa del inquilino que está en su derecho a negar el acceso a su vivienda, la Administración podría haber solicitado la autorización judicial para la ejecución del acto administrativo de reconocimiento del bien a valorar.

 

12
jun

Tratamiento del trust en ISD

 La Audiencia Nacional determina que, en la adquisición de bienes que forman parte de un trust, el devengo del Impuesto sobre Sucesiones, se produce con el fallecimiento del causante, y no en el momento de liquidación del patrimonio en fideicomiso.

Es correcto, por lo tanto, que la Administración tome el valor inicialmente declarado, en base al artículo 108.4 LGT, pues la venta posterior a un precio inferior no implica que el bien tuviese ese valor a la fecha de fallecimiento del causante.

12
jun

La impugnación parcial de reclamaciones y sentencias no impone su ejecución parcial y por tanto no afecta al comienzo del plazo de prescripción

La Audiencia Nacional ha resuelto que, no cabe exigir a la Administración la ejecución parcial de resoluciones de los tribunales económico-administrativos o de sentencias judiciales cuando las mismas no son firmes por haber sido impugnadas, y además está suspendida la ejecución del acto originariamente impugnado.

En este supuesto, el acto administrativo ha sido parcialmente anulado, pero, por ser el hilo conductor de las sucesivas impugnaciones, sólo determinará la correspondiente ejecución con la firmeza del pronunciamiento final, por lo que, sólo a partir de la sentencia con la que concluya la vía judicial se iniciará el plazo de prescripción.

24
may

Los Tribunales Económico-Administrativos no pueden denegar las pretensiones de los reclamantes basándose en hechos distintos a los considerados por el órgano de aplicación de los tributos

El TEAC, unifica criterio, y resuelve que “la ley concede a los Tribunales Económico-Administrativos amplias competencias revisoras, pudiendo entrar a analizar, incluso cuestiones no planteadas en cuyo caso el propio reglamento de revisión establece que deberá ponerse de manifiesto previamente al interesado. No obstante, queda vedado a los Tribunales Económico-Administrativos en el ejercicio de sus funciones revisoras, denegar las pretensiones de los reclamantes en virtud de hechos distintos a los considerados por el órgano de aplicación de los tributos.”

En el presente supuesto, un contribuyente había solicitado la devolución de los ingresos en concepto de ITPAJD, como consecuencia de la novación de un crédito hipotecario. Dicha solicitud fue desestimada por la Administración al considerar que la exención únicamente se aplica a los préstamos hipotecarios, no a los créditos hipotecarios. La reclamación interpuesta por el contribuyente ante el TEAR de Galicia fue desestimada en base a que no se trataba de la novación de un crédito hipotecario –como sostuvo la Administración-, sino porque la novación no se ceñía exclusivamente a las condiciones de tipo de interés y plazo.

 

 

22
may

La naturaleza de la obligación de retener

El TS, en el marco de un recurso de casación para unificación de la doctrina, ha fallado que, no procede la permanencia de la obligación de retener, sin perjuicio de posibles sanciones, en su caso, y de posibles intereses, cuando ha sido cumplida la obligación principal, la obligación de la que depende o la obligación que garantiza. La Administración Tributaria, dentro del procedimiento de regularización de la obligación de retener, debe comprobar su subsistencia por no haberse cumplido total o parcialmente la obligación principal.

12
may

Puede aplicarse la prorrata especial sin haber optado formalmente a ello en el plazo establecido

El TEAC, unifica criterio y establece que en el ámbito de una comprobación inspectora, cuyo objeto es regularizar el régimen de deducción de las cuotas soportadas por el sujeto pasivo, constituye un exceso de rigor formalista, considerar improcedente la aplicación por el contribuyente de la regla de prorrata especial, en lugar de la prorrata general, por el hecho de no haber optado formalmente por la prorrata especial mediante la presentación de declaración censal en el plazo establecido.

 

 

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