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Posts Tagged ‘despacho

05
feb

El WhatsApp como prueba en el procedimiento judicial

La Audiencia Provincial de Valencia señala que las vulnerabilidades de la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp hacen que, a día de hoy, los mensajes enviados a través de ella presenten serias dificultades para constituir por sí solos prueba de un determinado hecho.

En todo caso, estos mensajes podrán ser valorados de forma conjunta con el resto de las pruebas aportadas al procedimiento.

26
ene

Venta de activo esencial en fase de liquidación

El registrador califica negativamente la inscripción de la trasmisión de un bien que supera el 25% del activo de una sociedad en liquidación por no constar acuerdo de la Junta General de socios que autorice dicha enajenación por tratarse de un activo esencial.

La calificación es recurrida alegando que, al encontrarse la compañía en fase de liquidación, no podrá tener el bien carácter de esencial para el funcionamiento de la sociedad.

La DGRN revoca la nota de calificación y da la razón al recurrente afirmando que la venta de activos es una labor inherente al cargo de liquidador para poder pagar a acreedores y realizar el reparto del activo social por lo que en ningún caso se requerirá la autorización de la junta.

18
nov

No cabe providencia de apremio antes de resolver la suspensión

En este caso, el contribuyente interpone una reclamación económico-administrativa contra la deuda derivada de unas actas de inspección de IRPF, y a su vez presenta una solicitud de suspensión dentro del período voluntario. Antes de que se resuelva la reclamación económico-administrativa, la Administración dicta providencia de apremio y posteriormente inadmite la suspensión.

El Tribunal Supremo, en unificación de doctrina, señala que en caso de que se encuentre pendiente de contestación una solicitud de suspensión, no es posible emitir providencia de apremio sobre la deuda derivada de esa liquidación. Por lo tanto, la Administración no puede iniciar la vía ejecutiva antes de haber dado respuesta a la solicitud de suspensión.

 

18
nov

La oponibilidad frente a la sociedad de los pactos parasociales 

En una reciente sentencia de la Audiencia Provincial de Valladolid se aplica la última jurisprudencia del TS en esta materia y se señala que en el caso de pactos omnilaterales (aquellos que son suscritos por todos los socios) difícilmente pueden considerarse como desconocidos por la sociedad, aunque no comparezca formalmente en el pacto, “(…) en la medida en que la sociedad, por más que presente una personalidad jurídica distinta de los socios que la constituyen, conforma su voluntad a través de estos últimos (…),” lo que permitiría su oponibilidad frente a la sociedad.

 

16
nov

Administración competente en caso de las unidades familiares con residencia común-foral

Cuando los contribuyentes de una unidad familiar opten por la tributación conjunta en el IRPF, y sus miembros tuvieran su residencia habitual en territorios distintos (común y foral), se entenderá competente la Administración del territorio donde tenga su residencia habitual el miembro de la unidad familiar con mayor base liquidable, calculada conforme a su respectiva normativa.

26
oct

Corregir el resultado de la actividad mediante la presentación de una complementaria de IRPF sirve para demostrar que suponía la principal fuente de ingresos del ejercicio

La presentación de declaraciones fuera de plazo o rectificativas/sustitutivas de otras anteriores, son meras formalidades que no ponen en duda la veracidad de los datos declarados.

Por ello, la presentación de una declaración complementaria de IRPF es perfectamente válida como prueba del cumplimiento del requisito de la principal fuente de renta, para la aplicación de la reducción de la empresa familiar en el ISD, aun cuando esto se realice una vez lugar iniciado el procedimiento de comprobación del ISD.

 

26
oct

La vulneración de un pacto contractual de no concurrencia en un contrato de distribución en exclusiva

En una reciente sentencia, el TS reitera que los pactos contractuales de no concurrencia no están sujetos a la normativa de la competencia desleal, por lo que la vulneración de un pacto contractual de no concurrencia en un contrato de distribución en exclusiva no es un acto de competencia desleal y su posible incumplimiento se debería dilucidar en el marco de las acciones por incumplimiento contractual.

26
jul

Fiducia “cum amico”. Transmisión de acciones disimuladas bajo compraventa

Ilicitud de la «causa fiduciae» al ser la finalidad del negocio de compraventa fraudulenta al objeto de eludir la responsabilidad patrimonial del fiduciante, de la que fue partícipe el fiduciario. Se trataba de eludir a la Hacienda Pública y a la esposa del fiduciante.

Aunque se declara la ilicitud de la «causa fiduciae», no opera señala el Supremo la excepción del efecto restitutorio, propia de la regla “nemo auditur” del artículo 1.306 del Código Civil.

Y tampoco se da la existencia de un tercer subadquirente de buena fe.

El Supremo desestima el recurso, confirma la restitución al fiduciante de las acciones transmitidas, y deduce testimonio por posible infracción penal.

 

26
jul

Una sociedad disuelta y liquidada mantiene su personalidad jurídica y tiene capacidad procesal para ser demandada a los efectos de su liquidación

El Pleno del Tribunal Supremo sostiene que la personalidad jurídica de la sociedad se mantiene latente aun después de su liquidación y de la cancelación de sus asientos registrales, si bien sólo a los efectos de concluir su liquidación.

De esta forma, la sociedad tendrá capacidad para ser parte como demandada -representada por el liquidador- sin que sea necesario impugnar al tiempo la inscripción cancelatoria.

 

12
jul

 

 Es correcto el embargo para el cobro de deudas por la responsabilidad civil, sin providencia de apremio previa

El TEAC, en unificación de criterio, determina que para la exacción por la vía de apremio de las deudas por responsabilidad civil derivada de la comisión de un delito contra la Hacienda Pública, no es preciso requerimiento de pago alguno o providencia de apremio, puesto que el propio título ejecutivo lo constituye la sentencia firme por delito contra la Hacienda Pública.

 

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