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Posts Tagged ‘abogados madrid

08
feb

La DGRN permite que las Sociedades Limitadas incluyan en sus Estatutos la regulación del voto a distancia anticipado en las Juntas Generales

Los hechos tratan acerca de la inscripción de una escritura de constitución de una SL. El Registrador Mercantil deniega la inscripción por lo contenido en distintas cláusulas estatutarias, que regulan varias materias entre ellas la emisión del voto anticipado a distancia.

El Notario que otorgó la escritura recurre la nota de calificación y la DGRN analiza los defectos que hicieron que el registrador no inscribiese, entre otros puntos, el relativo al voto a distancia anticipado.

El Registrador argumenta que el voto a distancia anticipado está únicamente contemplado en la LSC para sociedades anónimas cotizadas. Sin embargo, la DGRN establece que cabe extenderlo a las SL en base al principio de la autonomía de la voluntad (artículo 28 LSC).

 

 

05
feb

El WhatsApp como prueba en el procedimiento judicial

La Audiencia Provincial de Valencia señala que las vulnerabilidades de la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp hacen que, a día de hoy, los mensajes enviados a través de ella presenten serias dificultades para constituir por sí solos prueba de un determinado hecho.

En todo caso, estos mensajes podrán ser valorados de forma conjunta con el resto de las pruebas aportadas al procedimiento.

01
feb

La responsabilidad solidaria en la ocultación o transmisión de bienes o derechos

El TS en una sentencia reciente ha fallado que la responsabilidad solidaria de quienes sean causantes o colaboren en la ocultación o transmisión de bienes o derechos del obligado al pago con la finalidad de impedir la actuación de la Administración tributaria, no exige un resultado, pero si la finalidad de ocultación. Este precepto permite la declaración de responsabilidad solidaria cuando se haya tenido alguno de los comportamientos que describe, sin necesidad de que el colaborador haya obtenido beneficio alguno, es bastante con que su colaboración haya impedido que la Hacienda Pública cobre el importe de la deuda existente.

26
ene

Venta de activo esencial en fase de liquidación

El registrador califica negativamente la inscripción de la trasmisión de un bien que supera el 25% del activo de una sociedad en liquidación por no constar acuerdo de la Junta General de socios que autorice dicha enajenación por tratarse de un activo esencial.

La calificación es recurrida alegando que, al encontrarse la compañía en fase de liquidación, no podrá tener el bien carácter de esencial para el funcionamiento de la sociedad.

La DGRN revoca la nota de calificación y da la razón al recurrente afirmando que la venta de activos es una labor inherente al cargo de liquidador para poder pagar a acreedores y realizar el reparto del activo social por lo que en ningún caso se requerirá la autorización de la junta.

18
nov

No cabe providencia de apremio antes de resolver la suspensión

En este caso, el contribuyente interpone una reclamación económico-administrativa contra la deuda derivada de unas actas de inspección de IRPF, y a su vez presenta una solicitud de suspensión dentro del período voluntario. Antes de que se resuelva la reclamación económico-administrativa, la Administración dicta providencia de apremio y posteriormente inadmite la suspensión.

El Tribunal Supremo, en unificación de doctrina, señala que en caso de que se encuentre pendiente de contestación una solicitud de suspensión, no es posible emitir providencia de apremio sobre la deuda derivada de esa liquidación. Por lo tanto, la Administración no puede iniciar la vía ejecutiva antes de haber dado respuesta a la solicitud de suspensión.

 

16
nov

El parentesco por afinidad no requiere la subsistencia del vínculo matrimonial

El TS, en unificación de doctrina, ha resuelto que, para la determinación de las reducciones por parentesco en el Impuesto de Sucesiones, se mantiene la afinidad aun cuando hubiera fallecido la persona que servía de vínculo entre el causante y el sobrino por afinidad.

La Administración había practicado liquidación provisional aplicando a la herencia la reducción del Grupo IV (colaterales de cuarto grado, grados más distantes, y extraños), considerando, a diferencia de lo que ha resuelto el TS, que el parentesco por afinidad se genera y se sostiene en el matrimonio, por lo que desaparecido el vínculo matrimonial se extingue éste, y el sobrino político se convierte en extraño, a efectos de la aplicación de la reducción por parentesco.

26
oct

Corregir el resultado de la actividad mediante la presentación de una complementaria de IRPF sirve para demostrar que suponía la principal fuente de ingresos del ejercicio

La presentación de declaraciones fuera de plazo o rectificativas/sustitutivas de otras anteriores, son meras formalidades que no ponen en duda la veracidad de los datos declarados.

Por ello, la presentación de una declaración complementaria de IRPF es perfectamente válida como prueba del cumplimiento del requisito de la principal fuente de renta, para la aplicación de la reducción de la empresa familiar en el ISD, aun cuando esto se realice una vez lugar iniciado el procedimiento de comprobación del ISD.

 

26
oct

Impugnación de acuerdos por un pacto parasocial no incluido en los estatutos

En este supuesto, los hechos tratan acerca de dos sociedades (una SA y una SL) compuestas de manera idéntica por un padre y sus dos hijos. El padre vende a sus hijos sus participaciones y acciones por partes iguales, reservándose el usufructo vitalicio, y pactando en el contrato que el usufructuario ostentaría la condición de socio y en concreto el derecho de voto, sin incluirse en los estatutos. Se celebran Juntas Generales en ambas sociedades y uno de los hijos impugna los acuerdos por ser contrario a los estatutos.

El Tribunal Supremo ha resuelto que este no es un caso de impugnación de acuerdos sociales por ser contrarios a un pacto parasocial, sino que es la situación inversa, se trata de una impugnación por cumplimiento de pacto, y por lo tanto la impugnación es considerada abuso de derecho y contraria a la buena fe.

 

07
jun

Reducción de capital con devolución de aportaciones: protección de los acreedores

En una reciente resolución de la DGRN se analiza la calificación negativa de una escritura, en la que se eleva a público la decisión del socio único de una SL de reducir capital con devolución de aportaciones, por considerar el registrador que “ha de declararse expresamente si la sociedad y el socio vendedor responderán solidariamente durante cinco años de las deudas previas; o si se ha optado por dotar de una reserva indisponible de conformidad a lo dispuesto en los artículos 331 y 332 LSC”.

 Tal y como señala la DGRN, si se ha identificado a los socios beneficiados por la devolución del valor de las aportaciones sin indicar que se ha dotado la reserva especial, debe presuponerse que rige el sistema legal supletorio, es decir que rige la responsabilidad solidaria del socio beneficiario de la devolución de las aportaciones.

También aclara la citada resolución que, en caso de optarse por constituir la reserva indisponible en garantía de los acreedores, aun cuando según lo establecido por la LSC la dotación de la reserva debe realizarse “por un importe igual al percibido por los socios en concepto de restitución de la aportación social”, la DGRN ha entendido que dicha reserva debe constituirse únicamente por un importe equivalente al valor nominal de las participaciones amortizadas.

 

26
abr

Necesidad de justificar la imposibilidad de obtener aval

El Tribunal Supremo, en una sentencia reciente, ha fallado que hay un orden insoslayable en la clase y naturaleza de las garantías que el obligado puede ofrecer a la Administración para asegurar los aplazamientos y fraccionamientos, de suerte que, sólo son admisibles, las garantías reales u otras, si se justifica que no es posible obtener el aval o certificado original de la denegación de aval emitido por las entidades colaboradoras.

La decisión de no acceder al aplazamiento, se debe fundar en la falta de cumplimiento de los requisitos a los que la ley condiciona su otorgamiento, debiendo, por lo tanto, estar suficientemente motivada, tras el examen y la evaluación de la falta de liquidez, la suficiencia de las garantías ofrecidas o la presencia de las condiciones que permitirían su dispensa. Esa motivación ha de estar presente en el acto administrativo que deniega el aplazamiento, sin que el defecto pueda subsanarse después en la vía revisora, sea administrativa o jurisdiccional.

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