Las cargas hipotecarias de un inmueble disminuyen su valor a efectos del IP aunque la prestamista sea extranjera

El contribuyente no residente presentó declaración del Impuesto sobre Patrimonio habiendo determinado el valor de un inmueble por la diferencia entre su precio de adquisición y el préstamo garantizado con dicho inmueble.

La Oficina Gestora consideró que el préstamo hipotecario no constituía una carga deducible porque: i) no se realizó con la finalidad de adquirir el inmueble, y ii) la entidad prestamista era no residente.

La Administración y el TEAR desestiman las pretensiones del contribuyente en base a una consulta de la DGT que niega la deducibilidad de la carga hipotecaria cuando la entidad prestamista es una no residente.

El TSJ de las Islas Baleares corrige la postura del TEAR y aclara que la mencionada consulta de la DGT se refería a supuestos en los que existe un animo defraudatorio y que no siendo este el caso, el préstamo hipotecario constituye una carga deducible que minora el valor del bien a efectos del IP.


La retribución de administradores y su aprobación por la junta general

El artículo 217.3 de la LSC establece que, “El importe máximo de la remuneración anual del conjunto de los administradores en su condición de tales deberá ser aprobado por la junta general y permanecerá vigente en tanto no se apruebe su modificación.”

Tal y como señala el TS en una reciente sentencia, el acuerdo de la junta no debe adoptarse con antelación al comienzo del ejercicio al que se pretenda aplicar, es perfectamente válido, tal y como sucedió en los hechos objeto de la sentencia, que el acuerdo se adopté en el mes de diciembre del propio ejercicio. Lo relevante es que la junta preste su autorización o conformidad durante ese ejercicio.


Determinación del inicio del período ejecutivo en el régimen de IVA diferido a la importación

El régimen de diferimiento del IVA a la importación exige necesariamente incluir la cuota liquidada por la Aduana en la declaración de IVA correspondiente, de lo contrario no se efectuaría en plazo el pago previamente diferido.

El TEAC establece que la falta de inclusión de la cuota de IVA diferido pendiente de ingreso en la declaración de IVA correspondiente supone el inicio del período ejecutivo de recaudación al día siguiente del vencimiento del plazo de ingreso voluntario de esa declaración, sin que esto impida el derecho del obligado tributario a la deducción del importe de dicha cuota. Diferencia aquí entre la obligación del pago de una cuota de IVA que se debe ingresar y el derecho a deducir cuotas de IVA que tengan carácter de deducibles.


La administración no puede dictar una liquidación provisional antes de reparar vicios formales

La Administración no puede, antes de la reanudación del procedimiento para reparar el vicio formal, dictar una liquidación provisional a cuenta de la liquidación que finalmente resulte

Habiéndose anulado en vía económico-administrativa una liquidación tributaria por falta de motivación en la valoración de determinados bienes, y ordenada la retroacción de las actuaciones para que el órgano administrativo competente efectúe una nueva comprobación de valores debidamente motivada, la Administración no puede, antes de realizar la oportuna valoración motivada de los bienes en discusión, dictar una liquidación provisional -a cuenta de la liquidación que finalmente resulte- conforme a los valores declarados por la contribuyente y compensar seguidamente tal liquidación provisional con la cuantía que resulte a devolver por la ya referida anulación de la liquidación tributaria, minorando así la devolución por ingresos indebidos que, de otro modo, habría debido producirse.


La rebaja en el IVA aplicable al suministro de energía eléctrica

En una consulta reciente la DGT ha resuelto que de acuerdo con una interpretación conjunta y sistemática de la Directiva 2006/112/CE, en cuyo artículo 102 se prevé la posibilidad de aplicar el tipo reducido al hecho imponible de entregas de electricidad, y del Real Decreto-ley 12/2021, de 24 de junio, que debe interpretarse conforme a la normativa armonizada, los elementos a los que se debe aplicar el tipo reducido del 10 por ciento son los establecidos en el modelo de factura según los Anexos a los que se ha hecho referencia. De acuerdo con el contenido tipo de dichos modelos de factura, el concepto de "alquiler de contador" se incluye entre el contenido mínimo a incluir en la misma, junto con otros elementos tales como "potencia contratada" o "energía consumida", elementos todos ellos intrínseca y directamente vinculados con el propio suministro de energía eléctrica.

Por ello, a dichos conceptos, y en concreto, al alquiler de los equipos de medida y control, indispensables para el suministro de energía eléctrica y su cuantificación, objeto de consulta, le será igualmente aplicable el tipo reducido del 10 por ciento a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido.

Consulta Vinculante V2006-21, de 2 de julio de 2021 de la Subdirección General de Impuestos sobre el Consumo

La DGT aclara conceptos sobre la rebaja en el IVA aplicable al suministro de energía eléctrica

IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO. Tipo impositivo aplicable. Suministro de energía eléctrica. Interpretación de las normas del RDL 12/2021, por el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito de la fiscalidad energética y en materia de generación de energía, y sobre gestión del canon de regulación y de la tarifa de utilización del agua. Con efectos desde 26 jun. 2021 hasta 31 dic. 2021, se establece el tipo reducido del 10 por ciento a las entregas, importaciones y adquisiciones intracomunitarias de energía eléctrica cuyo destinatario este dentro del ámbito subjetivo previsto en el artículo 1 del RDL 12/2021. En cuanto al ámbito objetivo de la norma, (contenido mínimo y el modelo de factura de electricidad de los comercializadores de referencia) el tipo reducido del 10 por ciento será aplicable al alquiler de los equipos de medida y control, indispensables para el suministro de energía eléctrica y su cuantificación, otras prestaciones de servicios, distintas del propio suministro de energía eléctrica, tales como servicios de mantenimiento, vigilancia, o servicios de urgencia, que no guarden directa con el suministro eléctrico, ni se establecen entre los conceptos incluidos en los Anexos de la Resolución de 28 de abril de 2021, tributan al tipo general del 21% de IVA.

Consulta Vinculante V2006-21, de 2 de julio de 2021 de la Subdirección General de Impuestos sobre el Consumo

La consultante es una entidad mercantil dedicada al suministro de energía eléctrica.

CUESTIÓN

Tipo impositivo aplicable en el Impuesto sobre el Valor Añadido al alquiler de los equipos de medida y control con motivo del suministro de energía eléctrica en virtud del artículo 1 del Real Decreto-ley 12/2021, de 24 de junio, por el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito de la fiscalidad energética y en materia de generación de energía, y sobre gestión del canon de regulación y de la tarifa de utilización del agua

CONTESTACIÓN

1.- El artículo 4, apartado uno de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido (BOE de 29 de diciembre), establece que "estarán sujetas al Impuesto las entregas de bienes y prestaciones de servicios realizadas en el ámbito espacial del Impuesto por empresarios o profesionales a título oneroso, con carácter habitual u ocasional, en el desarrollo de su actividad empresarial o profesional, incluso si se efectúan a favor de los propios socios, asociados, miembros o partícipes de las entidades que las realicen.".

El apartado dos, letras a) y b), del mismo precepto señala que "se entenderán realizadas en el desarrollo de una actividad empresarial o profesional:

  1. a) Las entregas de bienes y prestaciones de servicios efectuadas por las sociedades mercantiles, cuando tengan la condición de empresario o profesional.
  2. b) Las transmisiones o cesiones de uso a terceros de la totalidad o parte de cualesquiera de los bienes o derechos que integren el patrimonio empresarial o profesional de los sujetos pasivos, incluso las efectuadas con ocasión del cese en el ejercicio de las actividades económicas que determinan la sujeción al Impuesto.".

Por otra parte, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.uno de la citada Ley 37/1992, se reputarán empresarios o profesionales, a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido:

"a) Las personas o entidades que realicen las actividades empresariales o profesionales definidas en el apartado siguiente de este artículo".

No obstante, no tendrán la consideración de empresarios o profesionales quienes realicen exclusivamente entregas de bienes o prestaciones de servicios a título gratuito, sin perjuicio de lo establecido en la letra siguiente.

  1. b) Las sociedades mercantiles, salvo prueba en contrario.

(…).".

En este sentido, el apartado dos, de este artículo 5, establece que "son actividades empresariales o profesionales las que impliquen la ordenación por cuenta propia de factores de producción materiales y humanos o de uno de ellos, con la finalidad de intervenir en la producción o distribución de bienes o servicios.

En particular, tienen esta consideración las actividades extractivas, de fabricación, comercio y prestación de servicios, incluidas las de artesanía, agrícolas, forestales, ganaderas, pesqueras, de construcción, mineras y el ejercicio de profesiones liberales y artísticas.".

Estos preceptos son de aplicación general y, por tanto, a la entidad consultante que tendrá la condición de empresario o profesional a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido cuando ordene un conjunto de medios personales y materiales, con independencia y bajo su responsabilidad, para desarrollar una actividad empresarial o profesional, sea de fabricación, comercio, de prestación de servicios, etc., mediante la realización continuada de entregas de bienes o prestaciones de servicios, asumiendo el riesgo y ventura que pueda producirse en el desarrollo de la actividad, siempre que las mismas se realizasen a título oneroso.

En ese caso, estarán sujetas al Impuesto sobre el Valor Añadido las entregas de bienes y prestaciones de servicios que en el ejercicio de su actividad empresarial o profesional realice en el territorio de aplicación del Impuesto.

2.- Por su parte, cabe destacar que el artículo 8.Uno, de la Ley 37/1992, dispone que:

"Artículo 8. Concepto de entrega de bienes.

Uno. Se considerará entrega de bienes la transmisión del poder de disposición sobre bienes corporales, incluso si se efectúa mediante cesión de títulos representativos de dichos bienes.

A estos efectos, tendrán la condición de bienes corporales el gas, el calor, el frío, la energía eléctrica y demás modalidades de energía.".

El segundo párrafo del precepto anterior supone la transposición al ordenamiento interno del artículo 15, apartado 1, de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del Impuesto sobre el Valor Añadido (DO L 347 de 11.12.2006) que dispone que "la electricidad, el gas, el calor o el frío y similares se tratarán como propiedad tangible.".

Asimismo, el artículo 102 de la citada Directiva prevé lo siguiente:

"Previa consulta del Comité del IVA, todo Estado miembro podrá aplicar un tipo impositivo reducido a las entregas de gas natural, electricidad o calefacción urbana.".

3.- Desde finales de 2020 y, más intensamente, a partir de marzo de 2021, el precio del mercado mayorista de la electricidad en España está marcando precios inusualmente altos, situación agravada en el contexto de la crisis sanitaria provocada por el COVID-19 que está teniendo un enorme impacto en la actividad económica, con una reducción significativa del empleo y un aumento en el número de consumidores vulnerables.

Por este motivo, y en virtud de la facultad que confiere a los Estados miembros de la Unión Europea el artículo 102 de la Directiva 2006/112/CE, se ha aprobado el Real Decreto-ley 12/2021, de 24 de junio, por el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito de la fiscalidad energética y en materia de generación de energía, y sobre gestión del canon de regulación y de la tarifa de utilización del agua (BOE de 25 de junio), en virtud de cuyo artículo 1 se establece lo siguiente:

"Artículo 1. Tipo impositivo aplicable del Impuesto sobre el Valor Añadido a determinadas entregas, importaciones y adquisiciones intracomunitarias de energía eléctrica.

Con efectos desde la entrada en vigor de este real decreto-ley y vigencia hasta el 31 de diciembre de 2021, se aplicará el tipo del 10 por ciento del Impuesto sobre el Valor Añadido a las entregas, importaciones y adquisiciones intracomunitarias de energía eléctrica efectuadas a favor de:

  1. a) Titulares de contratos de suministro de electricidad, cuya potencia contratada (término fijo de potencia) sea inferior a 10 kW, con independencia del nivel de tensión del suministro y la modalidad de contratación, cuando el precio medio aritmético del mercado diario correspondiente al último mes natural anterior al del último día del periodo de facturación haya superado los 45 €/MWh.
  2. b) Titulares de contratos de suministro de electricidad que sean perceptores del bono social de electricidad y tengan reconocida la condición de vulnerable severo o vulnerable severo en riesgo de exclusión social, de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 897/2017, de 6 de octubre, por el que se regula la figura del consumidor vulnerable, el bono social y otras medidas de protección para los consumidores domésticos de energía eléctrica.".

Por tanto, con efectos desde 26 de junio de 2021 hasta 31 de diciembre de 2021, se establece el tipo reducido del 10 por ciento a las entregas, importaciones y adquisiciones intracomunitarias de energía eléctrica cuyo destinatario este dentro del ámbito subjetivo previsto en el artículo transcrito.

Esta medida ha sido comunicada mediante procedimiento escrito al Comité del IVA el pasado 22 de junio.

4.- Por lo que respecta al ámbito objetivo de la norma, en concreto, al alcance de la misma, hay que tener en cuenta lo dispuesto en la Exposición de Motivos del citado Real Decreto-ley 12/2021, de 24 de junio:

"En consecuencia, para dar respuesta a la situación generada por el incremento de los precios de la electricidad, dentro de los límites de la Directiva 2006/112/CE, de 28 de noviembre, se establece de forma excepcional y transitoria, hasta el 31 de diciembre de 2021, para los contratos de energía eléctrica cuyo término fijo de potencia no supere los 10 kW, una rebaja, desde el 21 al 10 por ciento, en el tipo impositivo del IVA que recae sobre todos los componentes de la factura eléctrica cuando el precio medio mensual del mercado mayorista en el mes anterior al de la facturación haya superado los 45 €/MWh, con el objeto de reducir su importe.

A estos efectos debe tenerse en cuenta que este umbral de 45 €/MWh se relaciona con la cotización media durante el mes de diciembre de 2020 de los contratos de entrega a plazo de electricidad en España para el año 2021, que, como se ha señalado, para la segunda mitad de 2021 se establece en 83,32 €/MWh situándose, por tanto, dicho umbral por debajo de las expectativas de precios futuros del mercado.

También debe señalarse que esta medida se aplica a todos los contratos de suministro de energía eléctrica siempre que la potencia contratada no supere los 10 kW, lo que supone, en realidad, su aplicación a la práctica totalidad de los hogares consumidores finales ya que la potencia media contratada por los consumidores domésticos es aproximadamente de 4,1 kW. Del mismo modo la medida permitirá que se beneficien de la misma un gran número de trabajadores autónomos.".

En este sentido y a efectos de determinar los distintos componentes que integran la factura eléctrica no cabe sino acudir a la normativa sectorial vigente en la materia.

Así, el Real Decreto 1718/2012, de 28 de diciembre, por el que se determina el procedimiento para realizar la lectura y facturación de los suministros de energía en baja tensión con potencia contratada no superior a 15 kW (BOE de 14 de enero de 2013), en su disposición adicional primera dispone lo siguiente:

"Disposición adicional primera. Facturas de energía eléctrica.

La Dirección General de Política Energética y Minas podrá establecer, previo trámite de audiencia, el contenido mínimo obligatorio y un formato tipo voluntario de las facturas que deberán remitir los comercializadores del mercado libre de electricidad a los consumidores en baja tensión de hasta 15 kW de potencia contratada no acogidos a la Tarifa de último Recurso

Asimismo, la Dirección General de Política Energética y Minas podrá determinar la forma de estimar los consumos cuando estos no se correspondan con lecturas reales.".

En ejecución de lo anterior, se ha aprobado la Resolución de 28 de abril de 2021, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se establece el contenido mínimo y el modelo de factura de electricidad a utilizar por los comercializadores de referencia (BOE de 30 de abril). En dicha resolución, en sus diferentes Anexos, se recogen los modelos de factura a emitir por los suministros de energía eléctrica, incluyendo aquellos que se emitan a los beneficiarios del bono social de electricidad.

5.- De acuerdo con una interpretación conjunta y sistemática de la Directiva 2006/112/CE, en cuyo artículo 102 se prevé la posibilidad de aplicar el tipo reducido al hecho imponible entregas de electricidad, y del Real Decreto-ley 12/2021, de 24 de junio, que debe interpretarse conforme a la normativa armonizada, los elementos a los que se debe aplicar el tipo reducido del 10 por ciento son los establecidos en el modelo de factura según los Anexos a los que se ha hecho referencia.

De acuerdo con el contenido tipo de dichos modelos de factura, el concepto de "alquiler de contador" se incluye entre el contenido mínimo a incluir en la misma, junto con otros elementos tales como "potencia contratada" o "energía consumida", elementos todos ellos intrínseca y directamente vinculados con el propio suministro de energía eléctrica.

Por ello, a dichos conceptos, y en concreto, al alquiler de los equipos de medida y control, indispensables para el suministro de energía eléctrica y su cuantificación, objeto de consulta, le será igualmente aplicable el tipo reducido del 10 por ciento a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido.

Por el contrario, e n caso de que en la factura eléctrica se documenten, igualmente, otras prestaciones de servicios, distintas del propio suministro de energía eléctrica, tales como servicios de mantenimiento, vigilancia, o servicios de urgencia, entre otros, que no guardan relación directa con el suministro eléctrico, ni se establecen entre los conceptos incluidos en los Anexos de la Resolución de 28 de abril de 2021, a los que se ha hecho referencia, los mismos deberán tributar al tipo general del Impuesto sobre el Valor Añadido del 21 por ciento o, en su caso, al tipo impositivo correspondiente a la naturaleza del bien o servicio que se incluya en la factura del suministro eléctrico.

6.- Lo que comunico a Vd. con efectos vinculantes, conforme a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 89 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.


Retrasos en la remisión del expediente al juzgado: intereses de demora

El retraso en la remisión del expediente completo al Juzgado, imputable a la Administración Pública, no genera intereses de demora a favor del administrado, si bien, dicho retraso deberá ser descontado del cálculo de intereses de demora ya existentes a favor de la Administración de oficio, sin necesidad de solicitud por el administrado.


El certificado de residencia fiscal como prueba para demostrar la residencia fiscal en otro país

El certificado de residencia fiscal no es el único medio de prueba válido para demostrar la residencia fiscal en otro país

En el presente supuesto un contribuyente presenta el modelo 210 de IRNR declarando unos rendimientos del trabajo obtenidos en España con retención a cuenta del IRPF, y solicitando la devolución por ser residente fiscal en Perú.

Tras finalizar el procedimiento de comprobación limitada, se deniega la devolución porque la Administración considera que es residente fiscal en España. El contribuyente interpone reclamación económico-administrativa alegando que cumple el requisito de permanencia en Perú más de 183 días, tiene un inmueble alquilado en Perú, a sus hijos escolarizados en dicho país, y es gerente de una empresa peruana. No puede aportar certificado de residencia fiscal porque Perú no expide este tipo de certificados al no existir CDI entre España y Perú, pero sí lo aporta a los efectos del CDI con Chile).

Finalmente, el TSJ de Cataluña, ha resuelto el recurso interpuesto por el contribuyente contra la desestimación de su reclamación, señalando que, aunque el certificado de residencia fiscal es el modo idóneo previsto en la normativa tributaria para probar la residencia fiscal, no es el único medio probatorio válido. La Administración Tributaria debe valorar otros medios de prueba admitidos en Derecho, y más aún, cuando el país en cuestión sólo expide certificados para uso ante Estados con los que tiene convenio.

Partiendo de que no existe Convenio entre España y Perú, ha de estarse a lo previsto en el artículo 9 de la LIRPF, y en este supuesto, concluye el TSJ de Cataluña, que ha quedado acreditado, que además de cumplirse el criterio del tiempo de permanencia, el contribuyente obtiene una mayor renta en Perú que en España.


Interpretación requisitos de la exención art.7p LIRPF

El TS, en su reciente sentencia, ha reincidido en que “el artículo 7.p) LIRPF exige como requisito, normal en la lógica del beneficio fiscal que examinamos, que la prestación de trabajo de que se trate produzca o pueda producir una ventaja o utilidad a la entidad destinataria.

En ese caso, al no existir prueba de que mediante la actuación del recurrente se haya beneficiado a la entidad no residente, al margen de la actividad de dirección y control propia de toda entidad matriz, no podría aplicar la exención.”

Por otro lado, la DGT, ha reiterado recientemente la necesidad de la existencia de un vínculo laboral entre la persona física que presta el servicio y su empleador, sea éste, o no, la entidad no residente beneficiaria del servicio efectivamente prestado en el extranjero, para poder aplicar la exención mencionada.


En las operaciones no declaradas la contraprestación real descubierta por la Administración incluye IVA

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en una reciente sentencia, resuelve la cuestión prejudicial planteada por el TSJ de Galicia, relativa a si en las operaciones no declaradas a las Autoridades Tributarias, ni facturadas, ni registradas en la contabilidad, la contraprestación real descubierta por las Autoridades Tributarias incluye o no el IVA.

Se trata de un supuesto en el que un trabajador por cuenta propia ejercía una actividad de agente artístico sujeta a IVA, prestando sus servicios a un grupo de sociedades dedicadas a la gestión de orquestas. Los pagos efectuados en este contexto (de los clientes vecinos organizadores de fiestas, a las sociedades que gestionaban las orquestas, y de las sociedades al agente intermediario), se realizaban en efectivo, no daban lugar a la emisión de facturas, ni se registraban contablemente, ni se declaraban a efectos del Impuesto sobre sociedades, IVA, e IRPF.

Tras una Inspección al agente artístico, la Administración Tributaria estimó que las cantidades percibidas por sus servicios no incluían IVA, de manera que la base imponible del IRPF correspondiente a esos ejercicios debía determinarse teniendo en cuenta la totalidad de esos importes.

El TJUE concluye que, a “la luz del principio de neutralidad del IVA, cuando unos sujetos pasivos del IVA no hayan comunicado a la Administración tributaria la existencia de una operación, ni hayan emitido factura, ni hayan hecho constar los ingresos obtenidos gracias a dicha operación en una declaración de impuestos directos, la reconstitución efectuada por la Administración tributaria interesada, en el marco de la inspección de dicha declaración, de las cantidades entregadas y recibidas con ocasión de la operación controvertida debe considerarse un precio que incluye el IVA, a menos que, con arreglo al Derecho nacional, los sujetos pasivos tengan la posibilidad de proceder posteriormente a la repercusión y a la deducción del IVA controvertido a pesar del fraude.”

En Derecho español, sería aplicable a este caso el artículo 89.3.2º de la LIVA, que impide rectificar el IVA repercutido en operaciones ocultadas y descubiertas por la Administración, y por lo tanto debe considerarse que las cantidades entregadas y recibidas incluyen en el precio pactado el IVA.


Alcance del principio de unidad del procedimiento inspector

El Supremo insiste en que el procedimiento de inspección es único, con independencia de los impuestos o ejercicios a los que afecte.

En ese sentido, mientras se esté tramitando un procedimiento de inspección no es correcto el inicio de un nuevo procedimiento relativo a conceptos, ejercicios o tributos materialmente relacionados con los que son objeto de aquél, salvo que la Administración justifique que no existe tal conexión o que los datos que motivaron la comprobación de los nuevos conceptos, ejercicios o tributos no surgieron en el seno del procedimiento inspector ya iniciado. Lo correcto es ampliar el ámbito del procedimiento ya iniciado, sin volver a iniciarse el cómputo del plazo para su terminación.