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El Tribunal Constitucional anula una sentencia de la Audiencia Nacional, ignoraba que, las notificaciones no se llevaron a cabo con la diligencia que la Administración debía desplegar para hacer posible la notificación personal a la interesada, debiendo ser calificadas de defectuosas.

Así, el Tribunal Constitucional considera que se produjo un error de criterio manifiesto sobre la prescripción alegada, considerándola interrumpida en plazo y por ende conformes a la ley los actos dictados, vulnerando así el derecho de la demandante a la tutela judicial efectiva siendo la vertiente vulnerada la del derecho a obtener una resolución fundada en Derecho.

 

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