El banco Santander estuvo a punto de ser condenado por el delito de apropiación indebida (delito en el que no cabe la responsabilidad penal de la persona juridica). La sentencia de la Audiencia Provincial de Ciudad Real lo absolvió, pero el Juzgado de Instrucción de Tomelloso abrió juicio oral contra el banco.
Consecuencias, además de la reputacional, si hubiese sido condenada:
a) El art. 71 de la Ley de Contratos del Sector Público en su redacción vigente de 2018, dice textualmente:
“1. No podrán contratar con las entidades previstas en el artículo 3 de la presente Ley con los efectos establecidos en el artículo 73, las personas en quienes concurra alguna de las siguientes circunstancias:
a) Haber sido condenadas mediante sentencia firme por delitos de terrorismo, constitución o integración de una organización o grupo criminal, asociación ilícita, financiación ilegal de los partidos políticos, trata de seres humanos, corrupción en los negocios, tráfico de influencias, cohecho, fraudes, delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, delitos contra los derechos de los trabajadores, prevaricación, malversación, negociaciones prohibidas a los funcionarios, blanqueo de capitales, delitos relativos a la ordenación del territorio y el urbanismo, la protección del patrimonio histórico y el medio ambiente, o a la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de profesión, oficio, industria o comercio.
La prohibición de contratar alcanzará a las personas jurídicas que sean declaradas penalmente responsables, y a aquellas cuyos administradores o representantes, lo sean de hecho o de derecho, vigente su cargo o representación y hasta su cese, se encontraran en la situación mencionada en este apartado.”.
En este caso, por ejemplo, el banco Santander hubiera perdido todas las cuentas de consignación de todos los órganos judiciales de toda España. Ni que decir que un competidor que se enterase de una hipotética sentencia condenatoria lo podría plantear.