Una sociedad tiene su capital dividido en dos bloques enfrentados, al 50% cada uno. Se propone un aumento de capital que no puede adoptarse y el “no aumento” se impugna.
La sociedad pretende que ese pleito genera prejudicialidad sobre el interpuesto por el 50 % que quiere la disolución.
Se trata de una situación prolongada que no parece que vaya a superarse debido a la paritaria distribución del capital. Por tanto, no existe una situación de prejudicialidad civil por el hecho de que se haya promovido una acción de impugnación de acuerdos sociales, sino la posibilidad de que se produzca en hecho nuevo.
Aunque la sociedad siga manteniendo su actividad ordinaria, se aprecia la paralización de órganos sociales. Por tanto, se desestima el recurso de apelación y se confirma el auto.