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El TS adelanta el fallo en nota de prensa del Poder Judicial, aplicando la sentencia del TJUE en el “caso Airbnb” de diciembre de 2019, anulando y dejando sin efecto el art. 54 ter del RD 1065/2007 (RGAT), puesto que la aprobación de dicho precepto debía haber sido notificado por el Estado español a la Comisión Europea y su falta de notificación conlleva su invalidez.

Dicho artículo 54 ter establecía que “las personas y entidades que intermedien entre los cedentes y cesionarios del uso de viviendas con fines turísticos situadas en territorio español, vendrán obligados a presentar periódicamente una declaración informativa de las cesiones de uso en las que intermedien”.

En definitiva, el TS anula el artículo mencionado anteriormente, por no haber notificado el Estado español a la Comisión Europea la intención de aprobar esta norma reglamentaria, anulando y dejando sin efecto dicho reglamento, impugnado por ser contrario a Derecho.

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