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Archive for the ‘Procedimientos’ Category

09
jul

El Alto Tribunal ha precisado en qué casos la Administración puede dictar nuevos actos, y, en caso de poder dictarlos, cuándo los tribunales deben controlarlo en el marco del incidente de ejecución o cuándo se impone un nuevo proceso contencioso-administrativo. Afirma que la LRJCA propicia incertidumbre e inseguridad jurídica para justificar la necesidad de fijar doctrina sobre la ejecución de sentencias.

Además, esta sentencia fija un principio general a favor del control judicial y evita que el particular afronte un nuevo litigio, entiende la sentencia:  “Cuando un tribunal de justicia, controlando la previa actuación de la Administración tributaria (de gestión o de revisión), la anula, las cuestiones que puedan suscitarse en relación con la nueva liquidación que eventualmente pudiera ser adoptada pertenecen, en principio y por definición, al ámbito propio de la ejecución de sentencias, que han de dilucidarse con arreglo y por los cauces previstos en los artículos 103 y siguientes de la Ley 29/1998 , sin necesidad de instar otra vía económico-administrativa autónoma, que desembocaría en un proceso contencioso-administrativo distinto de aquél en el que fue dictada la sentencia que es causa de la liquidación [únicamente si el nuevo acto abordara cuestiones inéditas y distintas, sin afectar a lo ordenado por la sentencia, sería obligado seguir un cauce impugnatorio diferente e independiente].”

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03
sep

La Administración pretende la aplicación del método de valoración por tasación hipotecaria para destruir la presunción de certeza de las autoliquidaciones tributarias y justificar que existen razones para iniciar un procedimiento de comprobación, siguiendo el criterio jurisprudencial que impone la insuficiencia de la presunción inmotivada de desacierto de la asignación del valor.

Sin embargo, el valor de tasación hipotecaria no tiene por qué constituir el «valor real» del bien. Y así, no es admisible considerar que se trata de un valor fijado por el propio interesado y que por ello le vincula, pues con carácter general que la suscripción de un contrato de hipoteca supone para el deudor hipotecario la asunción de las cláusulas y condiciones predispuestas de la entidad financiera, y entre ellas la asunción de la tasación, que se habrá practicado por encargo de aquella.

 

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23
jul

La consultante adquiere un inmueble que va a destinar a su vivienda habitual y firma ese mismo día un contrato de comodato con el vendedor para que este pueda seguir utilizando gratuitamente el inmueble hasta finales de año. Pasada dicha fecha, circunstancia que ocurre, el vendedor deberá compensar económicamente a la consultante por cada día de retraso en la entrega de las llaves. Esta situación se prolonga durante un año, y se pregunta si, cuando proceda a la venta de la vivienda habitual donde viene residiendo, podrá aplicarse o no la exención por reinversión de vivienda habitual, así como la tributación de los importes obtenidos del vendedor del inmueble por la penalización.

La DGT establece que podrá gozar de la exención las ganancias patrimoniales que derivan de la transmisión de la vivienda habitual cuando el importe obtenido se reinvierta en la adquisición de una nueva vivienda habitual en un plazo máximo de dos años desde la fecha de transmisión. En el caso de que la reinversión no se realice el mismo año de enajenación se deberá hacer constar en la declaración del ejercicio en el que se obtiene la ganancia la intención de reinvertir en esas condiciones y plazos.

Conforme a la DGT y a resoluciones del TEAC, para que la consultante se pueda beneficiar de la exención, se deberá efectuar la reinversión en el plazo de dos años anteriores o posteriores desde la fecha de enajenación. En este caso la nueva vivienda se adquiere jurídicamente el día que se firma el contrato de compraventa, por lo que para que se pueda beneficiar de la exención es necesario que la enajenación de esta se produzca en un periodo no superior a dos años desde la fecha de firma de la compra.

Respecto a la tributación de los importes percibidos del vendedor por la cesión del inmueble adquirido, serán considerados como rendimientos del capital inmobiliario, conforme al artículo 22.1 de la Ley del Impuesto:

“Tendrán la consideración de rendimientos íntegros procedentes de la titularidad de bienes inmuebles rústicos y urbanos o de derechos reales que recaigan sobre ellos, todos los que se deriven del arrendamiento o de la constitución o cesión de derechos o facultades de uso o disfrute sobre aquéllos, cualquiera que sea su denominación o naturaleza”

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23
jul

El contribuyente había ingresado la liquidación inicial, que se anula, completa, liquidando intereses a su favor por todo el tiempo transcurrido desde el pago; y se emite una nueva liquidación, con intereses contra el contribuyente hasta el pago la fecha de pago.

El TEAC estima que, en estas circunstancias, no procede descontar los intereses por el tiempo en que el TEAR superó su plazo máximo para resolver, puesto que no había suspensión del acto reclamado, evitando así el enriquecimiento injusto de ambas partes ya que previamente también se liquidaron intereses a favor del contribuyente por ese mismo período.

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23
jul

Incidencia de las valoraciones realizadas por la Administración a efectos de otros tributos: Principio de unicidad vs. Principio de estanqueidad

Siguiendo el criterio jurisprudencial, el valor real de los bienes adquiridos, comprobado por la Administración Autonómica, vincularía a la AEAT en la determinación del valor de mercado correspondiente a dicha adquisición a efectos de otros tributos.

Es coherente que la valoración previa de un bien realizada por una Administración tributaria vincule a todos los efectos respecto a estos dos tributos a las demás Administraciones competentes, máxime si se trata de impuestos estatales, aunque estén cedidos a las Comunidades Autónomas.

 

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17
jul

Aplicación del régimen general de la LGT a los intereses de demora derivados de la suspensión

En una sentencia reciente, el TS ha resuelto que tratándose de intereses derivados de la suspensión de la deuda tributaria en sede jurisdiccional, su exigibilidad sigue el régimen general de los artículos 58 y 26 de la Ley General Tributaria, pudiendo la Administración liquidarlos directamente, sin perjuicio de lo dispuesto en relación con la ejecución de sentencias en la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (LJCA) y, particularmente, de su artículo 109, que establece que tanto la administración como las demás partes afectadas por la sentencia pueden promover un incidente de ejecución.

Así las cosas, el TS considera que la liquidación de los intereses de demora derivados de la suspensión no debe seguir el régimen del artículo 133.3 de la LJCA

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30
may

El TS declara que el reconocimiento de la reducción de la base imponible de empresa familiar en una liquidación provisional acordada en un procedimiento de gestión tributaria iniciado mediante declaración impide la posterior comprobación por los órganos de inspección tributaria en un procedimiento de comprobación e investigación del cumplimiento de los requisitos legales exigidos para disfrutar de ese beneficio fiscal.

 

Y es así cuando la Administración Tributaria tiene desde el primer momento todos los datos relativos a los requisitos condicionantes del dicho beneficio fiscal y éste fue reconocido por ella, salvo que en dicho procedimiento de comprobación o investigación posterior se descubran nuevos hechos o circunstancias que resulten de actuaciones distintas de las realizadas y especificadas en la liquidación provisional mediante la que terminó el procedimiento iniciado mediante declaración.

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27
may

Delimitación entre las actuaciones de obtención de información y las actuaciones inspectoras posteriores

El TS concluye que los previos requerimientos de obtención de información al obligado tributario relativos al cumplimiento de sus propias obligaciones tributarias no suponen, con carácter general, el inicio de un procedimiento inspector.

Aunque sean consecutivos en el tiempo, se trata de actuaciones distintas y separadas, operando los plazos de duración del procedimiento inspector de modo autónomo e independiente de la fecha en que se hubiera cursado el requerimiento de información.

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27
may

La notificación a un tercero fuera del domicilio señalado por el obligado tributario o su representante incumple una formalidad de carácter sustancial

El TS no admite como correctamente realizada la notificación practicada a un tercero distinto del obligado tributario en un lugar que no es el señalado por él o por su representante, ni tampoco su domicilio, porque incumple una formalidad de carácter sustancial.

En caso contrario, se estaría imponiendo al obligado tributario la carga de probar que no le llegó ni le fue entregada la notificación practicada.

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07
may

Los efectos por incumplimiento del plazo de la tasación pericial contradictoria

En una sentencia reciente el TS ha fallado que, al procedimiento de tasación contradictoria, que es un procedimiento de aplicación de los tributos y que no es un procedimiento de impugnación de actos, le resulta de aplicación el plazo máximo de resolución de 6 meses del artículo 104.1 LGT.

 

Sin embargo, el incumplimiento de dicho plazo no determina el silencio positivo a que se refiere el artículo 104.3 LGT, ni, en cualquier caso, que se acepte la valoración propuesta por el perito del obligado tributario, porque el cometido de la solicitud de TPC no es el de que prevalezca o se confirme la valoración del perito del obligado tributario, por más que pueda ser el resultado de la misma, sino, el de “corregir”, “discutir” o “combatir” la tasación del perito de la Administración.

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