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Archive for the ‘Fiscal General’ Category

14
nov

Se trata de un supuesto en que uno de los cónyuges vende bienes privativos, e invierte el dinero obtenido en depósitos de renta fija a nombre de ambos cónyuges al 50%.

El TEAC confirma la existencia de donación entre cónyuges, por concurrir los tres elementos necesarios: animus donandi, aceptación, y conocimiento de esa aceptación por el donante.

Los cónyuges alegan que la autorización para disponer del saldo de una cuenta corriente no puede equipararse con una donación y que la declaración de los fondos por partes en las declaraciones posteriores de IRPF, e IP, se realizó por error.

El Tribunal señala que el dinero se invirtió en depósitos, sobre los que cada partícipe detenta un derecho individual de propiedad como consta en los contratos suscritos.

Cuando la donación es verbal, el Código Civil señala que debe darse la simultaneidad de la entrega de la cosa y la aceptación, lo que queda probado en el presente supuesto, por participar ambos cónyuges en la celebración de los contratos. Además, la aceptación y el conocimiento de la misma por el donante, consta a su vez, en las declaraciones de renta y patrimonio presentadas con la imputación al 50% de los depósitos.

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14
nov

Sustitución de la tarjeta rosa por los acuses o avisos de recibo electrónico para acreditar notificaciones

El TEAC ha resuelto que los acuses o avisos de recibo electrónicos, denominados también “certificados de entrega o de imposibilidad de entrega” emitidos por Correos, serán perfectamente válidos para acreditar la notificación o los intentos de notificación de los actos administrativos siempre que contengan los datos necesarios requeridos por la normativa reguladora.

Según el artículo 59 del Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo Común, las notificaciones se practicarán por cualquier medio que permita tener constancia de la recepción por el interesado o su representante, así como de la fecha, la identidad y el contenido del acto notificado.

Dicho esto, el acuse o recibo electrónico será válido, puesto que recoge todos los elementos materiales de la notificación requeridos para dejar constancia fehaciente de la misma (remitente, destinatario, fechas, horas, resultado de los intentos de notificación…) y además van dotados de firma electrónica reconocida, basada en el código seguro de verificación.

 

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14
nov

Necesidad de concurrencia de dolo para declarar la responsabilidad solidaria de los administradores

Los administradores serán responsables solidarios en aquellos casos en los que desempeñen una conducta activa en la comisión de la infracción, concurriendo además dolo; a diferencia de la subsidiaria donde sólo se exige que exista culpa.

En aplicación al caso, las infracciones consistentes en dejar de ingresar son calificadas como muy graves por haberse utilizado medios fraudulentos, lo que supone un inequívoco acto de voluntad o conducta activa en la comisión de la infracción.

Además, el contribuyente es socio único y administrador, por lo que queda acreditado su conocimiento y voluntad de participar en las infracciones cometidas por la deudora principal. Por tanto, queda más que probado que conocía la irrealidad de las operaciones y el elemento doloso.

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12
nov

El Tribunal Supremo se ha pronunciado en el marco de un recurso de casación cuyo interés casacional consistía en determinar si el reconocimiento de un beneficio fiscal en una liquidación provisional, acordada en un procedimiento de gestión tributaria iniciado mediante declaración, puede impedir, por aplicación del artículo 140.1 LGT, la posterior comprobación por los órganos de inspección tributaria del cumplimiento de los requisitos legales exigidos para disfrutar de ese beneficio fiscal, efectuada al amparo del artículo 115.3 LGT, y por ende, la denegación en la correspondiente liquidación definitiva de dicho beneficio fiscal anteriormente reconocido.

En el caso objeto de litigio, los herederos iniciaron un procedimiento de gestión tributaria mediante declaración del que resultó una liquidación provisional por el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones en la que se aplicaron diversos beneficios fiscales (las reducciones en concepto de parentesco, adquisición de vivienda habitual, participaciones en empresa familiar y seguros de vida), tras haber realizado el órgano de gestión tributaria del Principado de Asturias las oportunas actuaciones de calificación y cuantificación en aplicación del artículo 129.3 LGT.

Posteriormente, antes de que transcurriese el plazo de prescripción, y respecto de los mismos hechos y elementos, la Inspección de tributos del Principado de Asturias dictó liquidación definitiva que concluyó en la improcedencia de la reducción de la base imponible por las participaciones en empresa familiar, por incumplimiento de los requisitos legalmente establecidos.

 

 

En desacuerdo con la mencionada liquidación definitiva, los contribuyentes presentaron Reclamación económico-administrativa que fue estimada por el TEAR del Principado de Asturias al considerar que vulneraría el principio de seguridad jurídica recogido en la Constitución Española “que, una vez reconocido un derecho por parte de la Administración, ésta pudiera desdecirse de lo inicialmente afirmado, sin seguir para ello los procedimientos específicamente previstos a tal fin”.

En desacuerdo con dicha resolución del TEAR, el Principado de Asturias instó recurso contencioso administrativo ante el TSJ de dicho principado, para resolver si puede la inspección, antes de que transcurra el plazo de prescripción, dictar nueva liquidación modificadora de la formulada por la oficina gestora, basada en hechos idénticos, con la única diferencia de la distinta consideración jurídica que la inspección les otorga, a lo que el TSJ respondió negativamente, desestimando dicho recurso, siguiendo el criterio mantenido por el Tribunal Supremo en diversas sentencias, al considerar que la Administración Tributaria, en aplicación del artículo 140.1 LGT, no puede efectuar una nueva regularización en relación con el objeto comprobado, salvo que en un procedimiento de comprobación e investigación posterior se descubran nuevos hechos o circunstancias que resulten de actuaciones distintas de las realizadas y especificadas en la resolución, sin que a ello se oponga lo dispuesto en el artículo 115.3 LGT, “pues la concurrencia de requisitos ya fueron comprobados en el procedimiento de gestión como fundamento de la liquidación provisional”.

Estando en desacuerdo con dicha sentencia, el Principado de Asturias interpuso recurso de casación frente a la misma al entender que la sentencia impugnada, a los efectos de conceder o reconocer un beneficio fiscal previsto en la LISD “no tiene en cuenta las actuaciones de comprobación efectuadas por los órganos de inspección tributaria y aplica la restricción contenida en el art. 140.1 LGT para las regularizaciones practicadas en los procedimientos de comprobación limitada (regulado en arts. 136 a 140 LGT ), cuando en el presente caso la liquidación provisional se ha dictado en un procedimiento iniciado mediante declaración (regulado en los arts. 128 a 130 LGT ) y el art. 115.3 LGT y 137 RGGIT excepciona esa restricción general y permite tener en cuenta las actuaciones posteriores de comprobación efectuadas por los órganos de inspección“.

El Tribunal Supremo concluye que el artículo 133.3 RGGIT, referido al procedimiento iniciado mediante declaración, contiene una redacción similar a la del artículo 140.1 LGT, por lo que de la conjunción de los artículos 115.3 LGT  y 133.3 RGGIT se desprende que sí impiden a los órganos de inspección tributaria denegar el mencionado beneficio fiscal por la falta de concurrencia de determinados requisitos exigidos al momento de su concesión -y no condiciones futuras- puesto que dichos requisitos ya fueron comprobados en el procedimiento de gestión iniciado por declaración, que acabó con el reconocimiento del derecho a aplicar dicho beneficio fiscal, habida cuenta de que en el procedimiento de comprobación o investigación posterior no se han descubierto nuevos hechos o circunstancias que resulten de actuaciones distintas de las realizadas y especificadas en la liquidación provisional mediante la que terminó el procedimiento iniciado mediante declaración.

 

 

 

 

 

 

 

 

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11
nov

El enjuiciamiento de la cuestión objeto de litigio no debe reducirse exclusivamente a las circunstancias concurrentes en el momento en que se dictó el acto administrativo impugnado sino también aquellas circunstancias que, aunque posteriores, le consten al TEA en el expediente y resulten esenciales para resolver la cuestión de fondo planteada.

En otras palabras, el órgano económico-administrativo debe tomar en consideración las circunstancias obrantes en el expediente pero que son posteriores en el tiempo a la fecha en que se dictó el acto administrativo impugnado.

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30
oct

El enjuiciamiento de la cuestión objeto de litigio no debe reducirse exclusivamente a las circunstancias concurrentes en el momento en que se dictó el acto administrativo impugnado sino también aquellas circunstancias que, aunque posteriores, le consten al TEA en el expediente y resulten esenciales para resolver la cuestión de fondo planteada.

En otras palabras, el órgano económico-administrativo debe tomar en consideración las circunstancias obrantes en el expediente pero que son posteriores en el tiempo a la fecha en que se dictó el acto administrativo impugnado.

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30
oct

Como resulta de la normativa del IS, se admite la deducibilidad de un gasto en un periodo posterior, salvo que de ello se derive una menor tributación.

De esta manera, en el supuesto analizado, en los ejercicios 2008 y 2009 se generaron bases imponibles negativas, por lo que la imputación de un gasto a un ejercicio posterior al que corresponde supone la ampliación del plazo para compensar dichas bases negativas, dando lugar, por tanto, a una menor tributación. Por ello, resulta improcedente reconocer en 2009, la deducibilidad de un gasto que correspondió a 2008.

 

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30
oct

La Ley establece una exención con un límite máximo de hasta 180.000 € para las indemnizaciones que los trabajadores perciban como consecuencia de la extinción unilateral de la relación laboral.

Hasta el momento, para poder aplicar la exención comentada anteriormente el único requisito fundamental era la previa formalización por el Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación (SMAC). Sin embargo, tanto el TEAC como la Audiencia Nacional han confirmado a través de sus últimas resoluciones que, a pesar de que haya habido un acto de conciliación, este no determina la naturaleza jurídica de la extinción de la relación laboral. Por este motivo, a pesar de que la conciliación sea un proceso que deba llevarse a cabo, no resultará un impedimento para demostrar que el despido haya sido consensuado.

 

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30
oct

Acogimiento de una escisión parcial al régimen especial de operaciones de restructuración

El consultante es una entidad dedicada a la creación y distribución de programas informáticos para diversos colectivos. Con el objetivo de una mayor especialización, se plantea aportar cada rama a una entidad de nueva creación, por lo que se cuestiona si puede acogerse o no al régimen fiscal especial de operaciones de restructuración.

Tributos establece que para que una escisión parcial pueda acogerse a este régimen sería necesario que:

  • El patrimonio segregado constituya una unidad económica autónoma.
  • Se permita el desarrollo de la actividad en la sede de adquirente-
  • El transmitente mantenga en su patrimonio elementos patrimoniales.

 

Será también requisito exigible que la rama de actividad exista previamente en la sede del transmitente, es decir, que ya haya una gestión y organización diferenciada.

En el caso planteado parecen no concurrir los requisitos exigidos, tratándose de una simple transmisión de elementos patrimoniales. Aunque el órgano encargado de valorar será el de comprobación.

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28
oct

Tras una resolución del TEAC, se modifica la cuantía de los intereses de demora, ingresados previamente por el obligado tributario respecto al Impuesto sobre Sociedades del ejercicio 1994, y la administración procede a la devolución del exceso ingresado por los intereses de demora junto con los intereses que se devengaron a su favor por el ingreso indebido.

El TS ha fallado que a la hora de calcular los intereses de demora, habiéndose ingresado inicialmente la cantidad girada, la Administración tributaria puede compensar los intereses de demora resultantes de una y otra liquidación, devolviendo al obligado tributario la cantidad que surja a su favor de esa compensación, más los correspondientes intereses de demora.

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