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Archive for the ‘Fiscal General’ Category

09
jul

El Tribunal Supremo fija como criterio interpretativo que la solicitud de extensión de efectos del fallo de una sentencia firme en materia tributaria no requiere que el interesado, con carácter previo al escrito que ha de dirigir al tribunal que ha dictado la sentencia cuya extensión de efectos se pretende, presente una solicitud de rectificación de la autoliquidación del tributo en cuestión ante una Administración tributaria.

Lo contrario, inutiliza el incidente procesal de extensión de efectos, y le hace perder su espíritu, finalidad y naturaleza, sometiendo al administrado a las dilaciones, costes y molestias de tramitar un nuevo proceso jurisdiccional que no tiene justificación.

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09
jul

Una entidad está íntegramente participada por una asociación declarada de utilidad pública, que arrienda inmuebles a la entidad anterior.

La asociación declara dichos ingresos como exentos, por serle de aplicación el régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos, y para la otra parte, se generan unos gastos de arrendamiento para la entidad.

En este caso, como para ambas partes se trata de una operación de arrendamiento, no existiría una calificación fiscal diferente, por lo que no resultaría de aplicación la regla de no deducibilidad establecida para las operaciones híbridas, es decir, el hecho de que el ingreso derivado de la operación vinculada esté exento para una parte, no implica que se trate de una operación híbrida, si no que sería necesario la existencia de una calificación fiscal distinta.

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09
jul

Una entidad constituida en el 2017 que se dedica a la compra y venta de inmuebles, obtuvo en dicho ejercicio un resultado y base imponible negativa.

Se pregunta si en el ejercicio 2018 (el primero con resultados positivos) puede aplicar el tipo impositivo del 15% en el Impuesto sobre Sociedades previsto para empresas de nueva creación.

La consultante estaba inicialmente participada al 50% por otras dos entidades (A y B), realizando la entidad A actividades de índole inmobiliaria. En 2018, A vende sus participaciones consultantes a otras entidades que no se dedican a la actividad inmobiliaria. Añade la consultante que la actividad que realiza no fue traspasada por la entidad A.

La DGT, en primer lugar, hace un repaso de los requisitos para aplicar el tipo impositivo del 15%, y recuerda que, a efectos del beneficio fiscal, no se entenderá realizada una nueva actividad cuanto esta haya sido realizada con carácter previo por una vinculada y trasmitida a la entidad de nueva creación. En consecuencia, concluye diciendo que, en el supuesto de hecho, se entenderá que la consultante es de nueva creación siempre que la entidad desarrollada por la consultante no haya sido traspasada por A con independencia de que a fecha del devengo del IS ya no exista vinculación entre A y la consultante.

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09
jul

Se declara nula, por sentencia judicial, la cláusula multidivisa de un préstamo hipotecario, destinándose las cantidades abonadas y los intereses a la amortización del principal.

La restitución de las cantidades pagadas de mas no constituye renta sujeta al IRPF.

Sin embargo, si esas cantidades han formado parte de la base de la deducción por inversión en vivienda habitual, se pierde el derecho a practicar la deducción, obligando a regularizar y añadiendo las cantidades indebidamente deducidas, más los intereses de demora.

En cuanto a los intereses, tienen diferente calificación en función de su naturaleza (remuneratoria o indemnizatoria).

  • Remuneratorios: tendrán la consideración de RCM salvo que se califiquen como rendimientos de la actividad empresarial.
  • Indemnizatorio: finalidad, resarcir daños y perjuicios sufridos, se califican como Ganancia patrimonial.

En cuanto a la integración en el impuesto, se han de integrar en la Base Imponible del ahorro.

Por último, si las cantidades se siguen destinando a la adquisición de la vivienda podrán seguir aplicando la deducción por inversión en vivienda habitual.

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02
jul

La prohibición del artículo 65.1 LJCA pretende evitar la distorsión del cierre procesal del litigio, definido por los escritos de demanda y contestación, mediante invocaciones o alegatos tardíos o nuevos, que priven o dificulten a la parte contraria el ejercicio de su derecho de defensa.

En el escrito de conclusiones, por lo general, no se pueden alterar o complementar las pretensiones, si bien esto no afecta a las alegaciones o razonamientos complementarios o de refuerzo de los esgrimidos en los escritos de demanda y contestación.

Concretamente, no es inoportuno, en el trámite de conclusiones o en otro momento procesal incluso posterior, recordar al Tribunal sentenciador su propia doctrina dictada en casos semejantes, la existencia de sentencias anteriores que pueden afectar al enjuiciamiento del asunto, o efectuar indicaciones o consideraciones jurídicas que, en aplicación del principio iura novit curia, deben ser aplicadas de oficio por el tribunal, hayan sido invocadas o no por las partes.

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02
jul

La primera distinción a la que hace referencia el TSJ de Galicia es que una mobil home a diferencia de una autocaravana, encaja con la definición del art. 7 de la Ley de Catastro Inmobiliario (LCI), considerándose así una construcción. Dicha casa prefabricada se asienta sobre unos pilares y tiene unos servicios y suministros propios de una vivienda.

En lo que a la titularidad catastral se refiere, estamos ante un caso en el que los titulares de una casa prefabricada ceden la gestión de la misma a un camping, mientras la propiedad cede un derecho de superficie. En este sentido, El tribunal considera que la Gerencia Territorial del Catastro procedió con arreglo a derecho, al atribuir la titularidad de la casa prefabricada o mobil home al titular de la parcela sobre la que se asienta la casa, pues considera que lo lógico hubiera sido realizar una cesión de derecho de superficie por el tiempo en que la casa prefabricada permaneciera en la parcela en la que está asentada de forma permanente.

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02
jul

El TC estima recurso de amparo frente a las resoluciones del TSJ de Madrid que impidieron a las partes desistir de una acción de anulación del laudo.

Los recurrentes (arrendador y arrendatario) en amparo celebraron un contrato de arrendamiento con cláusula arbitral. Como consecuencia del impago de la renta se dictó laudo en que se resolvió el contrato, se condenó al arrendatario al pago de las rentas debidas y al desalojo de la vivienda.

Los arrendatarios ejercitaron la acción de anulación del laudo ante el TSJ Madrid argumentando el carácter abusivo de la clausula de sumisión de arbitraje. Durante la tramitación de la acción de nulidad las partes llegaron a un acuerdo extrajudicial solicitando conjuntamente el final del procedimiento judicial.

El TSJ Madrid rechazo la petición de archivo del procedimiento judicial al considerar que el procedimiento de anulación de laudos no es disponible para las partes ya que existe un interés general sobre la anulación de laudos que sean contrarios al orden público.

El TC entiende que debe reputarse contrario al derecho a la tutela judicial efectiva de los recurrentes el razonamiento del órgano judicial que niega virtualidad al acuerdo alcanzado entre las partes sin que exista norma legal que lo prohíba e imponiendo una decisión que subvierte el sentido del proceso civil y niega el principio dispositivo y de justicia rogada. Además, el TC señala que el órgano judicial no puede, con la excusa de una pretendida vulneración del orden público, revisar el fondo de un asunto sometido a arbitraje y mostrar lo que es una mera discrepancia con el ejercicio del derecho de desistimiento de las partes.

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24
jun

La resolución de un tribunal económico-administrativo parcialmente estimatoria de las reclamaciones formuladas contra acuerdos de liquidación y/o sancionadores es susceptible de recurso contencioso-administrativo, aunque anule las liquidaciones y sanciones cuestionadas. En caso contrario, la negativa del órgano judicial a responder las pretensiones o motivaciones sustanciales planteadas podría afectar directamente al derecho a la tutela judicial efectiva.

Es decir, la estimación parcial de reclamaciones contra liquidaciones y/o sanciones puede ser objeto de revisión ante la jurisdicción contencioso-administrativa, sin que sea preciso que el interesado espere a que se practiquen las nuevas liquidaciones en sustitución de las anuladas.

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24
jun

El Real Decreto-ley 22/2020, de 16 de junio, modifica en su disposición final primera la Ley 58/2003, de 27 de diciembre, General Tributaria, introduciendo un apartado 9 en el art. 99, que establece que “Las actuaciones de la Administración y de los obligados tributarios en los procedimientos de aplicación de los tributos podrán realizarse a través de sistemas digitales, (videoconferencias u otro sistema similar), que permitan la comunicación bidireccional y simultánea de imagen y sonido entre los obligados tributarios y el órgano actuante. Dicho sistema deberá garantizar la transmisión y recepción seguras de los documentos que, en su caso, recojan el resultado de las actuaciones realizadas, asegurando su autoría, autenticidad e integridad”.

Además, se modifica el art. 151, relativo al lugar de las actuaciones inspectoras, para definir que las actuaciones inspectoras podrán desarrollarse, además de en los lugares habituales, en otros lugares, cuando las mismas se realicen a través de sistemas digitales, precisando, eso sí, que su utilización requerirá de la conformidad del obligado tributario.

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24
jun

El consultante pretende arrendar un inmueble mediante un contrato de 5 años de duración, viviendo el arrendatario durante 6 meses al año.

Los RCI obtenidos por alquilar un inmueble para uso de vivienda habitual se reducen un 60%. Por tanto, para poder aplicar la reducción el inmueble debe tratarse de un arrendamiento de un inmueble destinado a vivienda.

En un principio, para considerar si un arrendamiento es destinado a vivienda habitual o no, se ha de atender el destino primordial de la edificación habitable (si el edificio tiene como uso principal el arrendamiento de temporada o de necesidad de vivienda permanente).

No obstante, la DGT mantiene la postura de que, independientemente del uso primordial del edificio, sí se acredita que efectivamente el arrendatario usase el inmueble como vivienda habitual. Es posible aplicar la reducción, pues se estaría efectivamente ante el arrendamiento de una vivienda.

La cuestión clave es satisfacer la necesidad permanente de vivienda de los arrendatarios.

Por ello, si el objetivo es satisfacer cualquier necesidad de temporada (de verano o cualquier otra) no es posible aplicar la reducción.

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