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Archive for the ‘Fiscal General’ Category

16
oct

En una sentencia reciente, el Tribunal Supremo ha fallado que la administración tributaria prescinde totalmente de la exigencia de culpabilidad en un caso en el que sanciona a una sociedad mercantil por la sola circunstancia de que la sociedad haya dado poderes amplios o plenos a un tercero para actuar en su nombre, ya que dicha afirmación supone restaurar la responsabilidad objetiva.

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08
oct

Exención de las primas aportadas por el contrato del seguro medico

CV1213/2018 de 10 de mayo 2018

Se plantea la cuestión de si es posible aplicar la exención a un administrador y socio de la sociedad en un 90 %.

Las cuotas de los seguros médicos contratados para los trabajadores serán consideradas como rendimiento del trabajo exento siempre que se cumplan una serie de condiciones:

  • Que la cobertura de enfermedad alcance al trabajador, pudiendo alcanzar a cónyuge y descendientes.
  • Que las cuotas no superen 500 € anuales por cada asegurado 1500 € si es discapacitado.

Por tanto, estará exento hasta 500 € y el exceso retribución del trabajo en especie, el seguro contratado para los trabajadores.

La aplicación de esta exención al administrador o socio la ley exige que exista una relación laboral, entendiendo como –“trabajador”- persona que presta servicios retribuidos por cuenta ajena y dentro del ámbito de organización y dirección de otra persona.

La ley 20/2007 del estatuto excluye expresamente de la relación laboral a quienes ejerzan funciones de dirección y gerencia o presten servicios a una sociedad mercantil poseyendo el control efectivo.

Por tanto, el administrador o consejero deberá calificar las primas satisfechas por la sociedad para la cobertura de enfermedad como rendimiento del trabajo en especie no exento.

 

 

 

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06
oct

Régimen de trabajadores desplazados y la exención de la vivienda habitual

El TSJ de Madrid ha fallado que la exclusión de tributación de la imputación de rentas cuando se trata de la vivienda habitual no es de aplicación a los contribuyentes que hayan optado por tributar por el régimen especial de trabajadores desplazados. De este modo, el TSJ de Madrid considera que dicho régimen constituye un beneficio fiscal que no puede ser interpretado extensivamente por lo que la exención en la imputación de rentas por inmuebles que constituyen su vivienda habitual no puede ser de aplicación. Asimismo, el TSJ señala que la remisión que hace el artículo 24 LIRNR al artículo 85 LIRPF solo se hace a efectos del cómputo de la base imponible, sin mencionar beneficio fiscal alguno.

 

 

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05
oct

Hacienda endurece la tributación por módulos en 2019

A partir del 1 de enero de 2019 para permanecer en el sistema de módulos habrá que tener en cuenta los siguientes criterios:

  • El volumen de ingresos en 2018 no puede superar los 150.000€ para el conjunto de actividades económicas, excepto las agrícolas y ganaderas que se mantendrá en los 250.000€.
  • El volumen de adquisiciones e importaciones de bienes y servicios en 2018, excluidas las adquisiciones de inmovilizado, no pueden superar los 150.000€ sin incluir IVA.
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03
oct

Valor de adquisición de acciones gratuitas

La entrega de acciones gratuitas tendrá la consideración de rendimiento del trabajo en especie sometido a ingreso a cuenta con carácter general, sin embargo, no tendrá esta consideración la entrega a los trabajadores en activo, de forma gratuita o por precio inferior al normal de mercado, de acciones o participaciones de la propia empresa o de otras empresas del grupo de sociedades, en la parte que no exceda, para el conjunto de las entregadas a cada trabajador, de 12.000 euros anuales, debiendo tributar en el momento de la venta por la ganancia o perdida patrimonial.

El valor de adquisición de las acciones gratuitas entregadas al trabajador, para calcular la ganancia patrimonial en el momento de la venta, es el valor normal de mercado de las acciones en el momento de su entrega.

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28
sep

El devengo del IIVTNU en las subastas judiciales

EL IIVTNU se devenga en la fecha en la que se tiene producida la transmisión del terreno, para lo cual, no basta con el mero contrato traslativo o acto constitutivo, sino que es necesario, además, otra formalidad o requisito que es precisamente el modo de adquirir o tradición, o lo que es lo mismo, la entrega de la posesión (teoría del título y el modo).

Por ello, en el caso de la transmisión derivada de una subasta judicial se entenderá que el devengo del IIVTNU se producirá en la fecha en que se dicte el testimonio expedido por el Letrado de la Administración de Justicia, en el que se incluye el auto de adjudicación, por ser éste el título habilitante para la inscripción del dominio en el Registro de la Propiedad a favor del adjudicatario del bien inmueble subastado.

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24
sep

Gastos deducibles para determinar el rendimiento neto del capital inmobiliario

A efectos de la determinación del rendimiento neto del capital inmobiliario, además de los intereses de los préstamos destinados a la adquisición y mejora de los inmuebles arrendados, serían deducibles los demás gastos de financiación, tales como, en el caso consultado, las comisiones de cancelación del crédito, los de Notaría y los de cancelación de la hipoteca en el Registro de la Propiedad.

 

 

 

 

 

 

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20
sep

Exención por reinversión en vivienda habitual

La consulta plantea la aplicación de la exención por reinversión a la totalidad de la ganancia patrimonial obtenida en la venta de una vivienda.

La ganancia patrimonial obtenida por la venta de una vivienda habitual estará exenta por la reinversión en una nueva vivienda habitual. En el caso de que el importe de la reinversión sea menor al obtenido por la enajenación, solo se excluirá de gravamen la parte proporcional de la ganancia efectivamente invertida.

El plazo para gozar de dicha exención es de 2 años desde que se enajeno la vivienda habitual.

En el supuesto de incumplimiento de alguna de las condiciones para gozar de la exención, el contribuyente deberá imputar la parte de la ganancia no exenta en el año de su obtención.

 

 

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24
may

Una historia sobre Europa, España y los paraísos fiscales: ¿Mucho ruido y pocas nueces?

 

 

Vivimos un contexto normativo internacional que evidencia el compromiso político hacia la buena gobernanza fiscal. La Unión Europea (UE) continúa con la actualización (enero y marzo de 2018) de su primera lista “negra” de territorios no cooperativos (en adelante, “paraísos fiscales”) aprobada el pasado mes de diciembre de 2017 por el Consejo de Asuntos Económicos y Financieros (ECOFIN), así como de la lista “gris” comprensiva de aquellas jurisdicciones comprometidas a cooperar en un determinado plazo.

Si bien es cierto que no estamos en presencia de la primera lista de naturaleza supranacional, no por ello desmerece su interés, pues ha sido la primera de carácter europeo. No olvidemos la labor de la OCDE, iniciada ahora hace dos décadas, sobre los rasgos definitorios de los paraísos fiscales (en base al concurso de la nula o baja imposición y de otros factores que pivotaban sobre la falta de transparencia, ausencia de intercambio de información y ausencia de actividades sustantivas reales), y sus posteriores listas sobre paraísos fiscales, regímenes fiscales preferenciales perjudiciales, y paraísos fiscales no cooperativos.

Pero ¿qué supone realmente tal lista europea? Reservo mi valoración para un momento posterior. Por el momento, me permito apuntar que, más allá del gesto institucional y mensaje político, la aprobación de la lista europea nos ha reservado algún que otro quebradero de cabeza por el camino, parecido al suscitado en 2014, interrogantes todos ellos reñidos con la seguridad jurídica.

A mi juicio, dichos interrogantes no venían motivados por ninguna suerte de eficacia jurídica vinculante de la lista europea; estamos más bien en presencia de un procedimiento de coordinación blando que reconoce la posibilidad de disponer de listas nacionales más amplias. Convivimos con diferentes listas en Derecho comparado, y así será en el futuro.

Las complejidades tampoco procedían de las medidas defensivas o anti-paraíso propuestas por el ECOFIN. De hecho, muchas de ellas (v.gr. medidas protectoras de bases imponibles limitativas de la deducibilidad de los gastos con paraísos fiscales, sistema de retención impositiva, transparencia fiscal internacional, obligación de suministro de información) habían sido adoptadas a nivel patrio mucho tiempo atrás (cada estado miembro tiene competencias normativas para el establecimiento de tales medidas). Incluso, algunas otras no previstas por el ECOFIN, tales como la exclusión del diferimiento impositivo en reestructuraciones empresariales, o la presunción de residencia fiscal española de determinadas entidades radicadas en paraísos fiscales.

No, la complejidad emanaba, de una parte, del propio sistema español de elaboración de su propia lista de paraísos fiscales y, de otra, del hecho objetivo de una calificación asimétrica realizada por la lista europea y la española.   ¿Podía entonces un país que hubiera suscrito con España un convenio de doble imposición con intercambio de información pasar a ser paraíso fiscal? ¡Volvíamos a las andadas!

Me explico. Y para ello, me remontaré unos años atrás. En 2014 se produjo un cambio normativo en España (de calado técnico) en materia de paraísos fiscales. Hasta entonces, aquel país o territorio -listado- que hubiera firmado con España un acuerdo de intercambio de información tributaria o un convenio de doble imposición con cláusula de intercambio de información abandonaba automáticamente la lista española de paraísos (así, por esta vía, de los cuarenta y ocho paraísos fiscales iniciales según la lista del ’91, el número de países y territorios calificados como paraísos fiscales se redujo hasta un total de treinta y tres).

A raíz de tal cambio, a mi juicio de dudosa finura legislativa precisamente por lo que no disciplinaba, la actualización de la lista española de paraísos fiscales no se producía de modo automático. Ya no. La exclusión de la lista española de paraísos fiscales requería una acción administrativa expresa de actualización.

Por ello, bien podía acontecer que un país -incluido en la lista española- pudiera merecer la consideración de paraíso fiscal aun habiendo suscrito con España un convenio de doble imposición con cláusula de intercambio de información. Pero ¿Por qué? Porque aún figuraba en una lista no actualizada expresamente, a pesar de haber firmado un convenio o acuerdo. En aquel entonces se “salió del paso” mediante un informe de la Dirección General de Tributos de finales de 2014 que concluía que los países que hubieran suscrito un convenio / acuerdo a tal fecha no recuperaban su antigua condición de paraísos fiscales.

¿Volvía entonces a repetirse este fenómeno ahora en 2017/2018 con ocasión de la elaboración de la lista europea?

A diferencia de España, la UE calificó inicialmente de paraísos fiscales a países convenidos desde hace años con España (i.e. Emiratos Árabes Unidos, Panamá, Corea del Sur, y Túnez). Dicha lista europea venía a reavivar la aparición de aquellos “fantasmas” técnicos, por cuanto su consideración como paraíso fiscal podía ser valorada por el Gobierno de España, no solo por los resultados de las evaluaciones del Foro Global de Transparencia e Intercambio de Información con Fines Fiscales, sino también por las calificaciones y conclusiones alcanzadas por la UE sobre esta materia (y de la OCDE).

Y es que aquello podía tener serias consecuencias patrimoniales, por ejemplo, para aquellos nacionales españoles que proyectaban su traslado permanente por razones laborales a uno de dichos países con convenio (v.gr. Emiratos Árabes Unidos). Su calificación como paraíso fiscal podía prolongar su consideración como contribuyente del Impuesto sobre la Renta de las Personas físicas (y su tributación por renta mundial) nada menos que durante los cuatro periodos impositivos siguientes al año de su salida de España. La regla de la cuarentena fiscal y los trailing taxes.

Afortunadamente, la posterior actualización de la lista europea de finales de enero de este año contribuyó a despejar tales incógnitas. Así quedó solucionado esta vez el embrollo. Dichos países abandonaron la lista negra europea y pasaron a formar parte de la lista gris (cierto es que nada impide que puedan recorrer el camino de vuelta, sistema de listing y de-listing”).

Voy concluyendo. Dos apuntes más de actualización.

En fecha 13 de marzo de este año tuvo lugar una segunda actualización, comprimiendo la lista negra europea de paraísos fiscales a nueve territorios. La UE incluyó a Bahamas, las Islas Vírgenes de Estados Unidos y San Cristóbal y Nieves. Abandonaron la misma Bahréin, las Islas Marshall y Santa Lucía, que pasaron a la lista gris, al igual que Anguila, Antigua y Barbuda, las Islas Vírgenes Británicas y República de Dominica, territorios estos últimos que sí merecen la calificación de paraíso fiscal a efectos fiscales españoles.

La UE ha puesto el foco también sobre las Islas Turcas y Caicos, territorio al que se le solicitó un compromiso de alto nivel político antes del 31 de marzo de 2018, aunque a día de hoy desconozco el grado de desarrollo de tal compromiso. Con franqueza, y sin desmerecer a dicho territorio, espero con mayor interés la necesaria actualización que debe realizar el Gobierno de España por razón del mandato legislativo introducido en 2017, a mi juicio, de modo “troyano”.

Hasta aquí mi relato. Entro en mi valoración: un ejercicio de realismo me lleva a augurar que, desde el plano técnico, el enfoque europeo tendrá una virtualidad cosmética que no traerá consigo una armonización de listas, como tampoco de medidas fiscales defensivas. Desde la perspectiva política, sin embargo, debe valorarse de modo muy favorable por el decidido y común mensaje a navegantes.

 

14
feb

El traslado a España de bienes y derechos situados en el extranjero

No debe informarse en el “Modelo 720 de información sobre bienes y derechos en el extranjero” la titularidad de bienes o derechos cuando, habiéndose declarado en las correspondientes declaraciones de ejercicios anteriores, hayan sido trasladados o depositados en España.

La razón es que el traslado a España no supone la pérdida de la titularidad sobre los mismos, pero si la de su condición de extranjeros por lo tanto dejan de ser bienes o derechos objeto del modelo 720, sin que deban declararse con clave C-Cancelación.

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