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Archive for the ‘Fiscal General’ Category

10
sep

El contribuyente liquida una sociedad de gananciales que tenía con su cónyuge en abril, adjudicándole el 100% de la vivienda, previo pago del 50% a la otra parte. No ha liquidado IIVTNU, pero tiene intención de vender la vivienda. Se pregunta entonces si el valor que debe reflejar en la adquisición es el que se refleja en la fecha de disolución de la sociedad de gananciales o el de la fecha en la que el matrimonio adquirió la vivienda.

La administración establece que, en el supuesto de la liquidación de la sociedad de gananciales como consecuencia del cumplimiento de sentencias de divorcio, el IIVTNU estará exento en virtud del art 104.3 TRLRHL.

Sin embargo, en el caso de la posterior venta sí que estaría sujeta al mencionado impuesto. Además, se debe tener en cuenta (a efectos de determinar la base imponible), que el periodo de puesta de manifiesto del Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana es desde la fecha en la que ambos cónyuges adquirieron la vivienda hasta la fecha de formalización de la compraventa. Por tanto, no se tiene en cuenta la fecha en la que se produjo la liquidación de gananciales.

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05
sep

En un entorno cada vez más globalizado hay una creciente movilidad de inversores e inversiones. Cada vez resulta más frecuente que inversores extranjeros dispongan de un patrimonio ubicado fuera de su jurisdicción de residencia. Dicha internacionalización obliga a las normativas nacionales a un ejercicio de adaptación.

A pesar de la inculcada creencia popular de la desaparición del Impuesto sobre Patrimonio, lo cierto es que este impuesto está plenamente vigente en España, aunque relativamente desactivado, sujetando de modo anual el valor global del patrimonio neto de las personas físicas.

Desde hace unos años anualmente se difiere la aplicación de la bonificación total que afecta tanto a los sujetos residentes fiscales en España (obligación personal) como a sujetos residentes fiscales fuera de España (obligación real) que titulan un patrimonio mobiliario o inmobiliario ubicado o ejercitable en el territorio español. Una técnica que, a mi parecer, proporciona de todo menos seguridad jurídica.

Las Comunidades Autónomas disponen de cierta capacidad normativa sobre los elementos del impuesto, tales como el mínimo exento, el tipo de gravamen y las deducciones y bonificaciones de la cuota. Ya conocemos las políticas de las diferentes comunidades autónomas sobre este impuesto y la competencia fiscal entre las mismas. Valga, como ejemplo, Madrid y su bonificación autonómica total.

El Impuesto sobre Patrimonio, a pesar de la creencia popular, está plenamente vigente en España, aunque relativamente desactivado

Las bondades autonómicas para los residentes en España pivotan sobre el instituto de la residencia habitual: así, quien sea residente habitual en una Comunidad, podrá aplicar su benévola regulación. ‘Sensu contrario’, no podrán hacerlo quienes residan habitualmente en el extranjero. Por ello, ante el diferimiento de la bonificación, los sujetos residentes en España pueden acogerse a la normativa autonómica. Sin embargo, los inversores extranjeros quedan huérfanos de protección.

Cierto es que la norma del Impuesto contempla una regulación especial para residentes en un Estado miembro de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo, atribuyéndoles el derecho a la aplicación de la normativa propia aprobada por la Comunidad Autónoma donde radique el mayor valor de los bienes y derechos de que sean titulares y por los que se exija el impuesto, porque estén situados, puedan ejercitarse o hayan de cumplirse en territorio español.

Pero la situación difiere en el caso de inversores que no residen en la Unión Europea o en el Espacio Económico Europeo. Recordemos que España tiene suscritos cerca de un centenar de convenios de doble imposición, muchos de ellos, particularmente los suscritos con países latinoamericanos, contemplan el Impuesto sobre el Patrimonio.

España tiene suscritos cerca de un centenar de convenios de doble imposición, muchos de ellos contemplan el Impuesto sobre el Patrimonio.

 

 

 

Sencillamente se sitúan en un escenario nada deseable: los inversores residentes en países no miembros de la UE ni del EEE se someten a una normativa más gravosa al no poder aplicar la correspondiente normativa autonómica.

¿Acaso un diferente tratamiento fiscal no podría suponer una minoración o merma del valor del patrimonio? ¿Acaso no podría constituir un elemento disuasorio? ¿Hay alguna razón para pensar que dicho tratamiento diferenciado no constituye una medida que dificulta, directa o indirectamente, actual o potencialmente, el ejercicio de la libertad de circulación de capitales?

Desde esa perspectiva la normativa española podría resultar contraria a Derecho comunitario por atentar contra la libre circulación de capitales. Cabría hablar de una ventaja fiscal negativa. Una discriminación encubierta. En clave económica, ¿es conveniente para España disponer de una normativa que lejos de atraer inversiones extranjeras fomenta una desigualdad? En clave europea, ¿tiene sentido que España acumule otro procedimiento de infracción de Derecho Comunitario?

En clave económica, ¿es conveniente para España disponer de una normativa que lejos de atraer inversiones extranjeras fomenta una desigualdad?

Aun cuando los impuestos directos son competencia de los estados miembros no debe pasarse por alto que los mismos deben respetar la normativa comunitaria. Entre ellos, España. No sería la primera vez en que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea —TJUE— se viese obligado a recordarlo.

Cierto es que la cosa nunca resulta tan sencilla, sino que es preciso realizar un análisis sobre la comparabilidad de las situaciones objetivamente comparables, el tratamiento diferenciado, la existencia de alguna razón de interés general que permita justificar el diferente tratamiento fiscal, bien sustancial, bien procedimental, ponderando si la medida resulta adecuada y proporcionada, y no va más allá de lo necesario.

De hecho, como ya recordara en su momento el TJUE los sujetos pasivos residentes y los no residentes se encuentran en una misma situación objetivamente comparable, no existiendo razones que puedan justificar una diferencia de trato. Doctrina SchumackerDoctrina Asscher.

Más recientemente, tampoco podemos olvidar la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 2014 que concluyó que la normativa española del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones resultaba contraria a la normativa comunitaria por no respetar el principio de la libre circulación de capitales, lo que motivó un cambio en la legislación española, cambio que según la doctrina no resultaba plenamente satisfactorio al no abarcar a residentes de terceros estados.

Dicha aproximación al asunto fue posteriormente considerada por el Tribunal Supremo en 2018 a efectos de concluir que la normativa española vulnera la libre circulación de capitales cuando de residentes no comunitarios se refiere, por entender que la norma jurídica vulnerada confería derechos a los particulares, que la perturbación del derecho comunitario estaba suficientemente caracterizada al atentar contra el artículo 63 del tratado fundamental de la Unión Europea y que existe una relación de causalidad entre la normativa española y el daño que se producía al contribuyente, daño económicamente evaluable por no poder aplicar la normativa autonómica sino la estatal.

En el ámbito administrativo, lo anterior motivó un cambio de criterio en la Dirección General de Tributos, órgano administrativo que tiene publicado en diferentes consultas tributarias la aplicación —como no podía ser de otra manera— de los beneficios fiscales autonómicos cuando se trata de residentes extracomunitarios a efectos del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

En clave europea, ¿tiene sentido que España acumule otro procedimiento de infracción de Derecho Comunitario?

Sin embargo, en 2019 la Dirección General de Tributos sigue considerando que, con la normativa actual del Impuesto sobre el Patrimonio, los residentes en el extranjero no pueden beneficiarse de los incentivos fiscales autonómicos de los que sí pueden beneficiarse los sujetos pasivos residentes fiscales en España en aplicación de la normativa autonómica que les corresponda en función de su residencia fiscal. Para algunos resultará comprensible (mientras no cambie la Ley, la administración aplica la norma española en vigor).

Se echa en falta una aplicación directa del Derecho Comunitario. Considero que, si bien dicho órgano administrativo no tiene capacidad normativa y no es un órgano jurisdiccional que, conforme a los parámetros del TJUE, esté facultado para plantear una cuestión prejudicial al TJUE, no es menos cierto que está sometida al imperio de la Ley, al principio de jerarquía normativa y a la primacía y aplicación directa del Derecho Comunitario.

Sometido, por supuesto, a lo que finalmente sentencie la Sección Segunda de lo contencioso del Tribunal Supremo en el recurso de casación admitido a trámite en diciembre de 2018, yerra en Derecho, a mi juicio, la Administración en su contestación a la consulta de 2019 sobre el Impuesto sobre el Patrimonio aplicable a un inversor extranjero. Por no decir que en nada contribuye a generar un clima tributario competitivo.

Bien podría —o debería— la Administración haber aplicado directamente el Derecho Comunitario utilizando como argumento el mismo razonamiento expuesto por el TJUE en 2013 (por similitud con la normativa alemana y el residente suizo) o —por cercanía— el ofrecido por el Tribunal Supremo en el año 2018 en materia del Impuesto sobre Sucesiones. El artículo 64 del Tratado Fundacional de la Unión Europea no es desde luego una cláusula de escape que pueda usarse libremente y sin limitaciones como excepción al principio de libre circulación de capitales.

Concluyo, por consiguiente, que la normativa actual desemboca en un diferente trato fiscal para los residentes en terceros países no pertenecientes a la UE ni al EEE. Resulta difícil advertir las causas de interés general, razones preventivas de evasión fiscal, o la preservación de los ingresos tributarios que avalen tal tratamiento diferenciado y que resulten, al mismo tiempo, compatibles con el test de proporcionalidad comunitario.

Desde esa perspectiva, no tardará en ver la luz algún pronunciamiento judicial que permita al inversor extranjero aplicar la normativa fiscal autonómica del Impuesto sobre el Patrimonio.

Artículo escrito por: Álvaro de la Vía, Socio Director de Departamento Fiscal en Briz Jurídico Tributario.

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03
sep

El consultante constituye una sociedad limitada como socio único. Se plantea si es de aplicación el tipo reducido del 15% sobre el IS en el primer y segundo ejercicio de la sociedad en el que su base imponible sea positiva. Esta persona física realizaba antes una actividad calificada como de “gestor administrativo”.

Para la aplicación de dicho tipo se exige que la entidad desarrolle una actividad económica, pero no se considera iniciada una nueva actividad económica cuando ya haya sido realizada por personas vinculadas, transmitiéndolas a la sociedad, ni cuando se haya ejercido, durante el año anterior a la constitución, por una persona física que ostente una participación superior al 50%. La sociedad va a prestar servicios de consultoría y mensajería. Si no realiza la de gestor administrativo, la persona física y la entidad de nueva creación no desarrollan la misma actividad, por lo que podría aplicar el tipo reducido del 15%.

 

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23
jul

El Tribunal Supremo ha confirmado la decisión adoptada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) declarando que el Ayuntamiento de Barcelona no tiene el poder de regular los impuestos sobre viviendas vacías, que tiene por objeto penalizar las personas que tienen propiedades que han estado desocupadas durante más de dos años.

La Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB) apeló la modificación de la tasa municipal que fue aprobada el 30 de septiembre 2016. Esta modificación fue anulada por el TSJC en julio 2017. El Tribunal Supremo ha confirmado esta decisión tomada por el TSJC, argumentando que la tasa infringe el artículo 20 del Texto Refundido de la ley Reguladora de las Haciendas Locales y el artículo 52 de la Ley 1/2006 reguladora del Régimen Especial del municipio de Barcelona.

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23
jul

Exclusión de la exención de segundas y ulteriores entregas de edificaciones en régimen de arrendamiento financiero

El consultante es una entidad mercantil que desarrolla su actividad en una nave industrial de la que es arrendataria con opción de compra. Se cuestiona la sujeción al IVA del ejercicio de la opción de compra.

La DGT atribuye la condición de empresario tanto al arrendador (5. Uno LIVA) como al consultante (art. 5. Dos LIVA) por lo que dicha operación quedaría sujeta al IVA. Califica el arrendamiento financiero como una prestación de servicios hasta el momento en el que el sujeto ejerza la opción de compra o se comprometa a ejercerla donde será considerada como una entrega de bienes.

No resultará aplicable la exención por entrega de segunda edificación, puesto que en los contratos con opción de compra no se agotará la primera entrega siempre que se destine su uso al arrendamiento. En consecuencia, la entrega de la edificación estará sujeta y no exenta en IVA. Ahora bien, si el contrato no hubiera sido suscrito por el promotor o se hubiera destinado a un uso distinto al arrendamiento durante 2 años, la entrega posterior estaría sujeta y exenta del IVA; cabiendo la posibilidad de renuncia en cuyo caso el consultante pasaría a ser sujeto pasivo de las operaciones.

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23
jul

La devolución de retenciones de IS efectuadas por subdepositario extranjero exige la acreditación del ingreso de la retención en la AEAT

El TSJ de Madrid ha resuelto que no procede la devolución de las retenciones correspondientes a los Intereses de títulos de deuda emitida por entidades españolas, depositados en una entidad española, que a su vez están depositados en una no residente, que no tiene obligación de presentar el modelo 193, pues no se puede comprobar si efectivamente se han practicado e ingresado las retenciones.

Señala el Tribunal que, el contribuyente, en lugar de presentar como prueba los certificados de retenciones de los bancos depositarios, debió presentar certificados del emisor de los bonos o participaciones que es el único que puede demostrar que la retención se ha practicado e ingresado efectivamente. Los certificados de los bancos únicamente pueden justificar que el contribuyente obtuvo un rendimiento pagado por el emisor.

 

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23
jul

Como consecuencia de una sentencia judicial que adquiere firmeza en 2016, la consultante ha percibido en 2018 unos rendimientos del trabajo comprendido desde 2012 a 2016, y pregunta a la DGT a qué periodo debería imputar estos rendimientos.

La DGT ha señalado que, como regla general los rendimientos del trabajo se imputan en el periodo impositivo en que sean exigibles por su perceptor. No obstante, en el supuesto de no haber percibido la totalidad de la renta por estar pendiente de sentencia judicial, la imputación será en la fecha que la sentencia adquiera firmeza.

Por tanto, cuando los rendimientos del trabajo se perciban en periodos impositivos diferentes en que fueron exigibles y por causas justificables no imputables al contribuyente, se imputaran a través de una autoliquidación complementaria, rehaciendo la declaración presentada en su día con las incorporaciones resultantes de la sentencia, sin sanción ni intereses ni recargo alguno.

 

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12
jun

La DGT analiza un supuesto en el que el consultante es propietario de una vivienda que va a ceder en arrendamiento a un familiar, y este familiar la va a explotar como vivienda vacacional, a través de portales de internet. Se plantea cuál es la tributación por la cesión de la vivienda tanto en él como en el familiar.

En cuanto al arrendamiento por parte del propietario de la vivienda, se computará como rendimientos de capital inmobiliario, salvo que supongan la ordenación por cuenta propia de medios de producción y de recursos humanos, con la finalidad de intervenir en la producción, y que parta dicha ordenación se utilice, al menos, una persona empleada con contrato laboral y a jornada completa.

El rendimiento íntegro será el importe que ha de satisfacer el arrendatario, no obstante, cuando el arrendatario sea un pariente hasta tercer grado, el rendimiento neto total no podrá ser inferior al que resultaría por la imputación de rentas.

En cuanto al familiar, arrendatario de la vivienda, las rentas derivadas del subarrendamiento tendrán la consideración de rendimiento del capital mobiliario, salvo que supongan la ordenación por cuenta propia de medios de producción y de recursos humanos con la finalidad intervenir en la distribución de bienes o servicios, en cuyo caso tales rendimientos se calificarán como rendimientos de actividades económicas

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04
jun

En una sentencia reciente, el TS ha fallado que, una vez abierta la liquidación la Administración tributaria no puede dictar providencias de apremio para hacer efectivos sus créditos contra la masa hasta que no se levanten los efectos de la declaración de concurso, debiendo instar el pago de los créditos contra la masa ante el juez del concurso por los trámites del incidente concursal.

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30
may

El margen neto al que debería realizarse el ajuste de una operación vinculada no es la mediana, si no el límite inferior del rango de valores obtenidos

La AN ha resuelto que la corrección debe efectuarse aplicando el margen inferior del rango obtenido en el estudio, porque a partir de ese margen, se encuentra la entidad dentro de los márgenes de mercado comparables.

 

Señala la Audiencia que, la aplicación de la mediana, no se justifica por el hecho de estar la sociedad fuera del rango de márgenes obtenidos en el estudio, sino que requiere la existencia de “defectos de comparabilidad”, que no fueron apreciados en este supuesto.

 

La Inspección había considerado que el estudio realizado tenía “defectos de comparabilidad” porque las empresas incluidas en la muestra tenían volumen de ventas inferiores, pero, el hecho de que la entidad comprobada ocupe una posición líder en su sector no provoca de por sí falta de homogeneidad, ni es razón suficiente para rechazar la validez del informe.

 

 

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