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Archive for the ‘Mercantil’ Category

01
may

La hija de un socio fallecido, titular del 90% del capital, solita judicialmente la nulidad del testamento en el que se instituía como heredero al otro hijo del fallecido, y que por lo tanto se la reconozca miembro de la comunidad hereditaria. Asimismo, interpone una demanda de impugnación de acuerdos sociales en la que la sociedad alega falta de legitimación activa por no tener la condición de socio al no haber aceptado la herencia.

Tal y como señala la AP de Barcelona, el art. 206 de la LSC establece que quienes acrediten un interés legítimo están legitimados para la impugnación de acuerdos sociales, y está fuera de toda duda el interés legítimo de la actora que ha reclamado judicialmente su condición de heredera del socio fallecido.

No obstante, esto no supone un reconocimiento de la condición de socio de la actora, ya que tal condición, en una comunidad hereditaria en la que todavía no ha habido aceptación, le corresponde a la propia comunidad de herederos que debe designar a un representante para el ejercicio de los derechos de socio.

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26
abr

La Audiencia Provincial de Valencia, considera no caducada, la solicitud de ejecución de título judicial, presentada el día 7 de febrero de 2018, solicitando la ejecución de la sentencia dictada en fecha 2 de febrero de 2011, por el trascurso de los 5 años establecidos en el artículo 518 LEC.

Tras la sentencia de 2011, el deudor, fue realizando durante el 2011 y 2012, pagos parciales sin llegar a abonar la totalidad de las cantidades debidas. Por ello la AP considera que no puede computarse una caducidad en la solicitud de ejecución de sentencia, cuando ésta ya ha sido iniciada, debiendo finalizar, sin poder penalizar al acreedor con una tardanza en la solicitud de ejecución ya en marcha, y no sujeta ya a plazo de caducidad.

Dispone el artículo 570 de la LEC que “la ejecución forzosa sólo terminará con la completa satisfacción del acreedor ejecutante, lo que se acordará por decreto del Secretario judicial, contra el cual podrá interponerse recurso directo de revisión”.

El artículo 239 LEC excluye la caducidad de la instancia en la ejecución, estableciendo que las disposiciones de los artículos relativos a la caducidad de la instancia no son aplicables a las actuaciones para la ejecución forzosa, que podrá proseguir hasta obtener el cumplimiento de lo juzgado, aunque hayan quedado sin curso durante los plazos que para la caducidad señala”.

La parte ejecutante tiene reconocida su cualidad de acreedor ejecutante, por lo que la aplicación del artículo 570 LEC no debe dejar lugar a dudas, ya que, si la ejecución forzosa sólo termina con la completa satisfacción del acreedor, tal satisfacción no puede presumirse en aras de una interpretación limitativa del derecho, en atención a normas de impulso procesal que no son de aplicación al caso, y que de ningún modo pueden tener el alcance con que se sanciona la conducta de la ejecutante en el auto recurrido, por cuanto la repercusión de la inactividad de la parte, no supondría nunca el ir más allá de un “archivo provisional ( Art. 179 LEC ), permaneciendo en tal situación mientras no se solicite la continuación.

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26
abr

Un apoderado de una sociedad sustituye sus facultades en favor de otra persona y el notario califica la escritura de “sustitución de facultades”.

El registrador, ante la doble significación del término sustituir en el ámbito de un apoderamiento, solicita una aclaración antes de proceder a la inscripción, pero el notario recurre alegando que si al apoderado se le concede la facultad de revocar la sustitución, es porque, su poder está vigente para ello y además “no cabe duda de que el subapoderamiento está autorizado por el mandante”.

En cuanto al segundo defecto, considera que si no se prohíbe que el apoderado sustituyente pueda delegar la facultad de sustitución, está permitido.

La DGRN revoca el primer defecto y confirma el segundo, pues para que una sustitución de poder lo sea en sentido propio, es necesario que así resulte claramente del poder conferido con expresa solicitud de su revocación.

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26
abr

El Real Decreto-ley 11/2020 de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, publicado en el BOE del 1 de abril de 2020, incluía modificaciones y aclaraciones al Real Decreto-ley 8/2020.

En el ámbito societario, una de las modificaciones introducidas hacía referencia a la propuesta de aplicación del resultado de las cuentas del ejercicio 2019.

Así, las sociedades mercantiles que hubiesen formulado sus cuentas anuales antes del estado de alarma podrán sustituir la propuesta de aplicación del resultado contenida en la memoria por otra propuesta, para lo que el (i) órgano de administración deberá justificar con base a la situación creada por el COVID-19 la sustitución de la propuesta de aplicación del resultado y el auditor deberá indicar por escrito que no habría modificado su opinión si hubiera conocido en el momento de su firma la nueva propuesta.

Si la junta general ordinaria estuviera convocada, se permite retirar del orden del día la propuesta de aplicación del resultado a efectos de someter una nueva propuesta a la aprobación de una junta posterior. La decisión del órgano de administración de retirar ese punto del orden del día deberá publicarse (entendemos que por el mismo medio que la convocatoria) antes de la celebración de la junta general ya convocada.

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16
abr

Es el caso de una SL concursada que interpone demanda incidental en su propio concurso, por el que se habían subordinado por la administración concursal los créditos de otras dos sociedades.

No sería relevante que la SL principal no tenga el control de las otras dos, ni que ninguna de estas lo ejerza sobre la primera. Lo relevante para determinar la existencia o inexistencia de grupo es verificar si dichas sociedades se encuentran controladas directa o indirectamente por alguien.

La ST aclara que “si existe control, en el sentido definido en el art. 42.1 del Código de Comercio, para que exista un grupo societario a efectos de la Ley Concursal, es indiferente que en la cúspide del grupo se encuentre una sociedad mercantil o algún otro sujeto (persona física, fundación, etc.) que no tenga esas obligaciones contables. Las razones que justifican un determinado tratamiento a los concursos en los que están involucradas sociedades sujetas a control, concurren tanto cuando en la cima del grupo, ejercitando el control, se encuentra una sociedad mercantil como cuando se encuentra una persona física o una persona jurídica que no sea una sociedad mercantil, como por ejemplo una fundación“.

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16
abr

La “acción pauliana” o revocatoria permite a los acreedores impugnar los actos que el deudor haya realizado en fraude de su derecho.

En virtud de la Sexta Directiva, los Estados miembros deben prever un sistema de protección adecuado de los intereses de los acreedores de la sociedad escindida para las deudas nacidas con anterioridad a la publicación del proyecto de escisión, y aún no vencidas en el momento de esta publicación. En una reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (STJUE) se analiza, en el marco de una escisión de una sociedad italiana, si existiendo en la normativa nacional aplicable a las modificaciones estructurales otros mecanismos de tutela de los acreedores (derecho de oposición o la responsabilidad solidaria de las sociedades beneficiarias) cabe ejercitar una acción pauliana por un acreedor cuyo crédito haya nacido antes de la escisión.

El STJUE entiende que “no se desprende del artículo 12 de la Sexta Directiva que el hecho de no utilizar alguno de los mecanismos de protección de los acreedores de la sociedad escindida previsto por la legislación nacional con arreglo a dicho artículo impida a estos acreedores recurrir a instrumentos de protección distintos de los enumerados en dicho artículo.”

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10
abr

Se trata de un recurso de apelación de la AP de Madrid en relación a una demanda presentada contra una SA por reducir el número de miembros del Consejo de Administración. El demandante consideró esta práctica como una conducta abusiva, que tenía como objetivo impedir que el socio minoritario pudiera ejercer el derecho de representación proporcional. Alega además que ese acuerdo no se incluyó en el orden del día ni hubo votación al respecto.

La sociedad reaccionó convocando una junta donde ratifico la decisión de que el número de miembros del consejo se redujera a tres y reprocha al demandante estar sumido en una situación de enfrentamiento con el socio mayoritario.

El Tribunal finalmente estima el recurso y se declara nula la junta por entender lo acaecido en la ella como una maniobra para privar al actor del ejercicio de su derecho (el % de participación del demandante en el capital social sobrepasaba la cuarta parte pero no llegaba a la tercera). Tiene por tanto carácter abusivo.

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10
abr

En una reciente sentencia del TS, se analiza un pacto parasocial. Se trata de un protocolo familiar, de duración indeterminada. En concreto, se discute la validez de una de sus cláusulas, en la que se establecían los porcentajes que correspondían a cada rama familiar en el grupo empresarial sin límite temporal, con la consiguiente limitación de la transmisibilidad de las acciones o participaciones.

Superada la discusión sobre la validez de estos pactos, la sentencia analiza aspectos como la validez de acuerdos sociales contrarios a los pactos parasociales no incorporados a los estatutos sociales, recordando que salvo que la infracción del pacto venga acompañada de que los acuerdos sean contrarios la ley o de los estatutos, o bien de una lesión de los intereses de la sociedad, la defensa de la eficacia del pacto debe articularse a través de una reclamación entre los contratantes basada en la vinculación negocial existente entre los firmantes del pacto, no en el marco de una impugnación de acuerdos sociales.

Respecto a la cuestión principal de la sentencia, relativa a la validez de los negocios de transmisión de acciones y participaciones entre socios vulnerando, la reseñada cláusula del protocolo familiar relativa a los porcentajes de las ramas familiares sin límite temporal. El TS lo asimila a los pactos de sindicación de acciones sin fijación de un plazo de duración, cuya validez se ha admitido, pero rechazando al mismo tiempo su perpetuidad.

En conclusión, el TS entiende que no puede admitirse su validez, por vulnerar el principio de libertad de la contratación y de disposición personal y patrimonial, “sin que la posibilidad de denuncia o apartamiento unilateral de lo previsto en el protocolo, una vez satisfecha la finalidad principal a que respondió de asegurar una ordenada sucesión en las empresas familiares tras el fallecimiento de los fundadores, conforme a la interpretación del mismo hecha en las instancias, pueda ser tachada de contraria a la proscripción del abuso de derecho o a la buena fe contractual ( art. 7.1 CC).»

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31
mar

Resolución reciente de la DGRN

En una reciente resolución de la DGRN se hace un repaso de su doctrina respecto a las participaciones sociales que tienen el carácter de gananciales y el ejercicio de los derechos inherentes a las mismas.

Cuando uno solo de los cónyuges adquiere una participación social con carácter ganancial no implica que ambos cónyuges tengan la cualidad de socios, por ello si uno de los cónyuges adquiere todas las participaciones de una sociedad, ésta tendrá el carácter de unipersonal, sin perjuicio de que el cónyuge no titular tenga una serie de derechos sobre el valor económico de las participaciones.

En el supuesto objeto de la citada resolución, los cónyuges casados en gananciales era titulares cada uno del 50% de la sociedad. Mediante la escritura que motivó el recurso de la DGRN acordaron que “el ejercicio de los derechos y obligaciones inherentes a la condición de socio sea ostentada desde este momento por el otro miembro de la sociedad de gananciales” entendiendo que como consecuencia la sociedad pasaba a ser unipersonal. Pero tal y como señala la DRGN “la mera atribución del ejercicio de los derechos de socio de una persona a otra debe enmarcarse en la regulación relativa al mandato y a la representación pero no transmite per se la condición de socio”, para transmitir la condición de socio de uno de los titulares al otro deben aplicase las reglas generales sobre transmisión de participaciones sociales.

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18
mar

En la sentencia expuesta, supone un hecho controvertido el plazo para ejercitar el derecho de separación.

El demandado considera que el derecho de separación se ha ejercitado de forma extemporánea, pues según el artículo 348 bis de la LSC “el plazo para el ejercicio de derecho de separación será de un mes a contar desde la fecha en que se hubiera celebrado la junta general ordinaria de socios” y, en este caso, los actores lo ejercitaron durante la junta y no al finalizarla.

El juez considera que la razón del plazo radica en su límite máximo y no en el momento inicial, por lo que fue correctamente ejercitado y no se vulnera siempre que sea durante el plazo de un mes desde su terminación. Considera además que la revocación del acuerdo en junta posterior no afecta al derecho de separación.

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