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Archive for the ‘Mercantil’ Category

31
mar

Resolución reciente de la DGRN

En una reciente resolución de la DGRN se hace un repaso de su doctrina respecto a las participaciones sociales que tienen el carácter de gananciales y el ejercicio de los derechos inherentes a las mismas.

Cuando uno solo de los cónyuges adquiere una participación social con carácter ganancial no implica que ambos cónyuges tengan la cualidad de socios, por ello si uno de los cónyuges adquiere todas las participaciones de una sociedad, ésta tendrá el carácter de unipersonal, sin perjuicio de que el cónyuge no titular tenga una serie de derechos sobre el valor económico de las participaciones.

En el supuesto objeto de la citada resolución, los cónyuges casados en gananciales era titulares cada uno del 50% de la sociedad. Mediante la escritura que motivó el recurso de la DGRN acordaron que “el ejercicio de los derechos y obligaciones inherentes a la condición de socio sea ostentada desde este momento por el otro miembro de la sociedad de gananciales” entendiendo que como consecuencia la sociedad pasaba a ser unipersonal. Pero tal y como señala la DRGN “la mera atribución del ejercicio de los derechos de socio de una persona a otra debe enmarcarse en la regulación relativa al mandato y a la representación pero no transmite per se la condición de socio”, para transmitir la condición de socio de uno de los titulares al otro deben aplicase las reglas generales sobre transmisión de participaciones sociales.

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18
mar

En la sentencia expuesta, supone un hecho controvertido el plazo para ejercitar el derecho de separación.

El demandado considera que el derecho de separación se ha ejercitado de forma extemporánea, pues según el artículo 348 bis de la LSC “el plazo para el ejercicio de derecho de separación será de un mes a contar desde la fecha en que se hubiera celebrado la junta general ordinaria de socios” y, en este caso, los actores lo ejercitaron durante la junta y no al finalizarla.

El juez considera que la razón del plazo radica en su límite máximo y no en el momento inicial, por lo que fue correctamente ejercitado y no se vulnera siempre que sea durante el plazo de un mes desde su terminación. Considera además que la revocación del acuerdo en junta posterior no afecta al derecho de separación.

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18
mar

Los estatutos de una sociedad establecen una mayoría reforzada de 2/3 para la adopción de los acuerdos por la Junta General, por lo que uno de los socios solicita la nulidad de esta cláusula estatutaria, ya que por la composición del capital (2 socios con el 55 y 45%, respectivamente) se impone unanimidad en la práctica.

Tal y como señala la AP de Barcelona en una reciente sentencia, “el análisis de la cláusula debe realizarse en abstracto, esto es, desligada de la situación fáctica en la que se encuentre la sociedad y de cómo se reparta el capital social en un momento determinado (…) La validez de la cláusula no puede depender de que, en función de cómo se distribuya el capital social, se pueda alcanzar o no la mayoría estatutaria”.

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08
mar

La sociedad demandante, participa en un 25 % de la demandada y ambas se dedican a la misma actividad. El resto del capital es propiedad de otra sociedad. Además, el actual administrador único de la sociedad demandante es el antiguo administrador de la demandada.

En 2016 se celebra una junta general de socios en la que se tratan varios puntos, pero la demandante la impugna porque considera que concurre en la sociedad matriz el conflicto al que se refiere el art. 190.3 LSC, pero  no se entiende bien si el demandante se refiere al art. 190.1 o al 190.3 LSC.

La diferencia es relevante porque si se trata de alguno de los conflictos reseñados en el primer precepto, el socio afectado no puede votar. Pero si se trata del segundo, sí que puede, aunque se invierte la carga de la argumentación respecto de la conformidad del acuerdo con el interés social si el voto del socio en conflicto fue decisivo.

La Audiencia dice que, no encontrándonos en el caso del art. 190.1 no es posible ampliar analógicamente los supuestos de prohibición de voto. El art. 190.3 LSC establece expresamente que a todos los demás conflictos de interés que no sean los del párrafo primero se les aplique otra regla, no la de la prohibición de voto.

Se trata de un conflicto de interés transaccional en el que un socio está en disposición de influir sobre la formación de la voluntad de la sociedad (a través de la junta o del consejo) y de la voluntad del tercero.

 

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08
mar

Una compañía de transporte suscribe un contrato de préstamo con garantía hipotecaria con una entidad de crédito, e interpone una demanda solicitando la nulidad de una cláusula de variabilidad de interés.

En primera instancia se estima la demanda, por entender que la empresa tenía la condición de consumidora y la cláusula no superaba el control de transparencia, lo que es confirmado por la AP.

Sin embargo, este criterio no es compartido por el TS, que entiende que una SL no puede tener la consideración de consumidor ya que “opera en el tráfico mercantil con ánimo de lucro, porque precisamente por tratarse de una sociedad de capital dicho ánimo se presume”. Además, “ha de tenerse presente que el criterio de la mercantilidad por la forma que impone el art. 2 LSC supone que toda sociedad de responsabilidad limitada será siempre mercantil y, por consiguiente, tendrá la consideración de empresario.”

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27
feb

Los administradores de la SL son los encargados de avalar frente a terceros las deudas de la sociedad. En un momento, deciden por su cuenta imponer a los socios la obligación de que todos ellos actúen como avalistas y el juez considera válido el acuerdo.

Sin embargo, la LSC recuerda que se necesita contar con el consentimiento individual de cada socio al que se impone una obligación pues estos, por disposición legal, no responden personalmente de las deudas sociales y no pueden ser compelidos a afianzar personalmente las operaciones económicas o financieras de la sociedad, pues ello implica asunción de responsabilidad que la Ley expresamente excluye.

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27
feb

Dos sociedades que no figuran inscritas en el libro registro de acciones nominativas de una tercera sociedad, impugnan determinados acuerdos sociales adoptados por esta última, desestimándose por falta de legitimación de las impugnantes.

Tal y como señala la AP de Madrid en una reciente sentencia “lo que otorga fuerza legitimadora frente a la sociedad para el ejercicio de los derechos del socio es precisamente la inscripción en el Libro registro de acciones nominativas.” No es posible convertir la impugnación de acuerdos sociales en un medio para resolver las controversias sobre titularidad de acciones.

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17
feb

Una sociedad familiar celebraba sus juntas generales de forma informal, aprovechando reuniones familiares e incluso prescindiendo de la celebración del acto físico de la reunión. En un momento dado, uno de los socios decide impugnar las juntas generales ordinarias celebradas con el carácter de universales años atrás, alegando precisamente que las juntas no habían sido convocadas ni él había asistido porque no se habían celebrado e invocando una infracción del orden público para salvar el plazo de prescripción de las acciones de impugnación.

Tal y como señala la Audiencia Provincial de Madrid, el alcance del orden público debe ser interpretado en sentido restrictivo, ya que conlleva una excepción a la regla general en materia de caducidad de la acción de impugnación de acuerdos sociales, “no obstante podemos considerar contrario al orden público el crear la apariencia de una junta universal con el propósito de adoptar acuerdos eludiendo de ese modo la intervención de aquellos socios que desconocían su existencia”.

La AP considera que un socio, que había venido consintiendo la celebración de las juntas de forma irregular, prescindiendo de determinados formalismos, está en su derecho de impugnar las juntas invocando defectos formales pero siempre que lo haga en el plazo de un año desde la celebración de la junta, lo que no resulta admisible es que “pretenda revivir el plazo para impugnarlos, una vez que ya ha expirado, invocando como pretexto para ello la infracción del orden público por motivos formales, que no de fondo.” Es decir, cuando el socio que es conocedor de la dinámica de aprobación de los acuerdos sociales no los impugna en plazo, está permitiendo que adquieran firmeza.

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09
feb

En una recentísima sentencia del TS se plantea cuándo se entiende que nace la deuda social reclamada por una fiadora: con la póliza de crédito afianzada o con el pago del fiador al acreedor principal.

La recurrente había avalado unas pólizas bancarias de préstamo y ante el impago de la sociedad uno de los acreedores se dirigió frente a la fiadora, que tuvo que hacer frente a la deuda reclamada. No habiendo promovido el administrador la disolución de la sociedad estando en causa de disolución, la fiadora ejercita una acción de responsabilidad frente al administrador por entender que su deuda era posterior a la aparición de la causa de disolución.

Sin embargo, el TS entiende que “La fiadora asumió sus obligaciones de garante cuando no había causa de disolución. Si la deuda social afianzada es anterior a la aparición de la causa de disolución, el posterior pago por el fiador no supone contraer una nueva deuda por la sociedad estando ya incursa en causa de disolución que justifique la responsabilidad solidaria del administrador que incumple el deber legal de disolver.” Es decir, no es nueva deuda social, sino un cambio de acreedor.

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30
ene

Una sociedad tiene su capital dividido en dos bloques enfrentados, al 50% cada uno. Se propone un aumento de capital que no puede adoptarse y el “no aumento” se impugna.

La sociedad pretende que ese pleito genera prejudicialidad sobre el interpuesto por el 50 % que quiere la disolución.

Se trata de una situación prolongada que no parece que vaya a superarse debido a la paritaria distribución del capital. Por tanto, no existe una situación de prejudicialidad civil por el hecho de que se haya promovido una acción de impugnación de acuerdos sociales, sino la posibilidad de que se produzca en hecho nuevo.
Aunque la sociedad siga manteniendo su actividad ordinaria, se aprecia la paralización de órganos sociales. Por tanto, se desestima el recurso de apelación y se confirma el auto.

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