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Archive for the ‘Mercantil’ Category

17
jul

Tras recibir la convocatoria de junta, un socio requiere a la sociedad para que le facilite información documental sobre los asuntos a aprobar en el orden del día. Cuando recibió dicho requerimiento, la sociedad tardó tres días en remitirle la información a través de una empresa privada de mensajería y, al no localizar al socio solicitante en su domicilio en tal fecha, volvió a realizar un segundo intento, esta vez con éxito, al siguiente día hábil que justo coincidía con el día de la junta.

La Audiencia Provincial de Barcelona, considera que, si el socio que solicita la información la desea obtener con inmediatez, debe personarse en la sede social y obtenerla “en mano”, pues de no hacerlo, opta por que le sea remitida en su domicilio, no pudiendo pretender que la entrega sea inmediata. En esta segunda opción, se entra a valorar si la gestión que realiza la sociedad para la remisión de la documentación es idónea para tal propósito, dictando la AP que el medio utilizado lo es.

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15
jul

En una reciente sentencia el Tribunal Supremo confirma la sentencia de apelación.

Un intermediario reclama los honorarios a un cliente que había vendido el inmueble a un tercero que vio el cartel anunciador de la inmobiliaria y acudió directamente al propietario sin contar con la agencia.

En primera instancia se considera abusiva la cláusula de exclusividad a favor del intermediario, pero en apelación la Audiencia entiende que la cláusula es normal para este tipo de contratos, que incorporan una compensación por la actividad desplegada por el intermediario cuando el cliente venda el inmueble directamente.

El Supremo confirma la sentencia de apelación, e incluso va más allá, porque no acepta la moderación de la pena por no existir cumplimiento parcial o irregular.

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15
jul

La DGRN revoca la nota de calificación de un Registrador que niega la inscripción de una cláusula estatutaria, que establece que, en caso de un procedimiento judicial o administrativo de ejecución, la sociedad y, en su defecto, los socios, tendrán derecho asunción preferente fijando el precio de las participaciones a su valor contable en lugar de a su valor razonable.

Además, se incluye una cláusula de exclusión de socios, en caso de darse tales procedimientos de ejecución, fijando el mismo método para la obtención del valor de las participaciones.

Contradice el Centro Directivo al Registrador afirmando que, fijar el precio de las participaciones a un valor que difiera del valor razonable, se encuentra dentro de la autonomía de la voluntad de los socios, y que, si esta decisión es tomada en junta universal y por unanimidad, debe poder inscribirse.

 

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15
jul

El TS en un auto reciente ha desestimado un incidente de nulidad contra la sentencia del 27 de noviembre de 2018, desestimatoria del recurso de casación interpuesto por la empresa Rivas Vaciamadrid, la cual interpretó el artículo 29 LITPAJD en relación con la condición de sujeto pasivo en las escrituras de constitución de préstamos con garantía hipotecaria. El TS considera que no se ha aplicado el artículo 197 LOPJ de una manera contraria al derecho al juez predeterminado por la ley, al haber abocado al pleno el conocimiento del litigio de la manera que lo hizo. Sin embargo, diversos magistrados del Alto Tribunal, mediante voto particular, han manifestado su desacuerdo con el mencionado Auto del TS, al considerar que el TS debería de haber acordado la nulidad de la sentencia al vulnerar ésta el derecho fundamental al juez ordinario predeterminado por la ley, proclamado en el artículo 24.2 de la CE.

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15
jul

La impugnación de acuerdos adoptados en una supuesta junta universal por resultar contrarios al orden público

Ocho años después de la celebración de una junta con el carácter supuestamente de universal, un socio impugna los acuerdos adoptados en la misma por entender que son contrarios al orden público, al haber sido la junta universal fraudulenta, ya que él no había asistido y su mujer y socia se había servido de unos poderes generales recíprocos otorgados años antes.

El concepto de orden público resulta fundamental ya que la acción de impugnación de los acuerdos contrarios al orden público es imprescriptible. En este sentido el TS tiene declarado que la celebración de una junta universal sin cumplir las condiciones establecidas para ello constituye una causa de nulidad e infracción del orden público.

Sin embargo, en el caso enjuiciado dicha doctrina no resulta aplicable por las circunstancias que concurren, y que se pueden resumir en la existencia de poderes recíprocos para administrar todo el patrimonio y representarse en las juntas o celebrar habitualmente las juntas de forma informal o sin reunirse de hecho (se trataban los temas de la sociedad telefónicamente o en encuentros familiares, redactándose las actas posteriormente y siendo firmadas por cada uno de los socios en sus respectivos domicilios).

Entiende la AP de Barcelona que, siendo esas prácticas habituales, no puede invocarse ocho años después una infracción del orden público, cuando además el demandante había conocido los acuerdos impugnados muchos años antes de la interposición de la demanda.

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12
jun

En un contrato de servicios se establece una cláusula penal por cancelación anticipada del mismo sin respetar un plazo de preaviso.

El TS, en una reciente sentencia, recuerda su doctrina que señala que la facultad moderadora de la pena atribuida al juez está condicionada a que la obligación hubiera sido en parte o irregularmente cumplida por el deudor.

Esta moderación no cabe cuando la pena hubiera sido prevista para sancionar específicamente el incumplimiento producido (incumplimiento del plazo de preaviso), por lo que haber dado un preaviso menor no puede entenderse como un cumplimiento irregular.

 

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12
jun

En una reciente sentencia el Tribunal Supremo confirma la sentencia de apelación.

En el supuesto de hecho un suministrador resuelve un contrato de suministro con una gran cadena de restauración y le exige el pago de las 4 últimas facturas impagadas más intereses moratorios.

La cadena de restauración exige a su vez la compensación del rappel por volumen de compras con las facturas impagadas.

La Audiencia admite la tesis de la cadena y el suministrador recurre en casación al Tribunal Supremo con la “exceptio non adimpleti contractus”, argumentando que no puede aplicar el rappel el que primero ha incumplido el contrato al no pagar las facturas.

El Alto Tribunal considera que la excepción de contrato incumplido sólo puede suponer una suspensión provisional del cumplimiento de la obligación, pero resulta inadecuada cuando se trata de una liquidación definitiva de la relación contractual, por lo que admite el rappel y la compensación con las facturas impagadas.

 

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30
may

El Tribunal Supremo casa y anula la sentencia de apelación confirmando la de instancia.

 

El supuesto de hecho versa sobre la anulación de un préstamo hipotecario debido a la existencia de cláusulas abusivas por ser una consumidora la prestataria. Se trataba de una traductora de profesión que lo solicitó para la apertura de un bar.

 

El Supremo, con aplicación de la jurisprudencia comunitaria, considera que la prestataria no tiene la consideración de consumidora.

 

Es preciso atender al ámbito objetivo de la operación de la operación y no a la personalidad del contratante. El préstamo no se solicitó para la satisfacción de las necesidades de consumo privado de la prestataria, sino para el ejercicio de una actividad profesional, aunque fuera para el futuro.

 

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30
may

Se acuerda por una sociedad una modificación del objeto social con su procedente modificación de estatutos, concretamente se acuerda dejar de desarrollar toda actividad relativa a la venta de vehículos.

El Registrador suspende la inscripción porque al desaparecer la actividad relativa a la venta de coches la denominación social de la compañía, “Favorit Car” hace referencia a actividades no incluidas en el objeto social.

La DGRN confirma la calificación afirmando que la denominación, además de reunir los criterios de unidad y originalidad, debe ser veraz. Por ello, la palabra “car” induce puede inducir a error haciendo pensar que la compañía se dedica a algo relacionado con automóviles.

 

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30
may

Por la junta de una sociedad se aprueba retribuir al Consejero Delegado y su equipo directivo mediante plan de stock options sobre un paquete de acciones que representaban el 4% del capital social de la sociedad, con un préstamo para hacer frente al conste fiscal de la adquisición de las acciones y un plan de incentivos por el mismo importe del préstamo, condicionado a la simple permanencia en la empresa, por lo que se podía entender que la financiación era a fondo perdido.

 

Impugnado por un minoritario el acuerdo de la retribución mediante acciones, el Juzgado de lo Mercantil de Barcelona, aunque admite la validez y eficacia retroactiva del plan retributivo (ya que se les retribuía por los buenos resultados en los años anteriores), entiende que se trata de un acuerdo contrario al interés social y en contra de los interese de los socios minoritarios.

 

Aunque puedan entregarse acciones a un precio algo inferior al de mercado para que realmente sea un incentivo, las condiciones económicas deben ajustarse a la situación de la compañía en cada momento y no comprometer su sostenibilidad y rentabilidad. En este caso el precio pactado (nominal) era notoriamente inferior a su valor de mercado, por lo que la sociedad, en un momento en que iba a tener que afrontar diversas obligaciones, se estaba deshaciendo de un importante activo (las acciones en autocartera) a un precio muy inferior y además minorando su tesorería como consecuencia de la financiación a fondo perdido para hacer frente al coste fiscal.

 

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