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Archive for the ‘Mercantil’ Category

05
may

El registrador suspende la inscripción de una escritura de constitución de sociedad porque en los estatutos sociales que se incorporan el objeto social contiene actividades que tienen el carácter de profesional de acuerdo con el artículo 1 de la ley 2/2007 de sociedades profesionales, sin que se especifique que se realizarán en concepto de mediación o intermediación, ya que no es bastante la cláusula de exclusión de las actividades sujetas a legislación especial.

La notaria recurrente alega que la calificación adolece de vaguedad, al referirse a «actividades» en plural y no especificar de qué actividades del objeto social se trata, de modo que, si ella misma o el otorgante de la escritura tienen que realizar una labor deductiva por su cuenta para intentar adivinar cuales son las «actividades» que, a juicio del registrador, tienen el carácter de profesionales, se estaría causando indefensión al destinatario de la calificación registral.

La DG desestima el recurso en lo que se refiere a otras actividades incluidas en el objeto social que, por tratarse de actividades reguladas (banca) sometidas a requisitos especiales que afectan incluso al tipo societario, pero sobre todo a autorizaciones administrativas y niveles de capitalización.

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05
may

Una sociedad celebra el 30 de junio de 2017 una junta en cuyo orden del día se incluyó la aprobación de las cuentas de los años 2013 (beneficios), 2014 (pérdidas) y 2015 (pérdidas). Respecto a los beneficios del año 2013 se aprobó destinarlos a reservas, por lo que uno de los socios ejercitó el derecho de separación establecido en el art. 348 bis de la LSC.

Tanto la redacción vigente en ese momento del mencionado art. 348 bis de la LSC., como la actual, hacen referencia al reparto de beneficios obtenidos en el ejercicio anterior, por lo que, en una reciente sentencia del TS, se analiza el concepto de ejercicio anterior, a los efectos de determinar si procede el derecho de separación invocado por el socio.

Así el TS considera que le derecho de separación debe ejercitarse en relación con las cuentas del ejercicio inmediatamente anterior a la fecha de celebración de la junta general.

 

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27
abr

La sociedad, que fue declarada en concurso de acreedores en 2015, presenta una propuesta de convenio que contenía una quita del 50% del importe de los créditos ordinarios y una espera de 15 años con un calendario de pagos, aceptada por los acreedores que representaban el 51,29% del pasivo ordinario. Tres de ellos se oponen alegando que se excede el límite legal de 10 años, y se discute si el convenio puede contener una espera superior o no.

El Supremo hace referencia a la Ley Concursal, que en su reforma posterior a la declaración del concurso suprimió las referencias que el art. 100 hacía a los límites de las proposiciones de quita (50% del importe de los créditos ordinarios) o de espera (5 años), lo que podía llevar a pensar que a partir de entonces se eliminaba el límite.

Sin embargo, el art. 124 LC dice que: “Para que una propuesta de convenio se considere aceptada por la junta serán necesarias las siguientes mayorías: “a) El 50% del pasivo ordinario cuando la propuesta de convenio contenga quitas iguales o inferiores a la mitad del importe del crédito o esperas con un plazo no superior a cinco años […] b) El 65% del pasivo ordinario, cuando la propuesta de convenio contenga esperas con un plazo de más de cinco años, pero en ningún caso superior a diez; quitas superiores a la mitad del importe del crédito.”

De esta forma, la ley excluye las mayorías del contenido del convenio y establece un límite a las proposiciones de espera, que en ningún caso puede ser superior a diez años.

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27
abr

Una sociedad designa a un consejero delegado para que lidere el proceso para salvar a la compañía. Conforme a lo previsto en el art.249.3 LSC suscriben el correspondiente contrato, en el que se establece como una de las causas de resolución por parte de la sociedad, el incumplimiento de los deberes de lealtad, diligencia o buena fe del consejero.

Posteriormente, ante la marcha de la sociedad, deciden cesar al consejero delegado y resolver el contrato por incumplimiento grave de su deber diligencia, demandando el consejero delegado a la sociedad por resolución unilateral e injustificada de su contrato y reclamando las cantidades pendientes y la indemnización pactada en el contrato.

En primera instancia se consideró que concurría justa causa para la resolución del contrato por cuanto “la actuación llevada a cabo por el actor como consejero delegado no está protegida por la discrecional empresarial del art. 226 del TRLSC, pues las decisiones estratégicas y de negocio llevadas a cabo no se adecuaron a un procedimiento de decisión adecuado que contara con toda la información necesaria para llevarlo a cabo”

Sin embargo, la AP de Barcelona considera (i) que el consejero delegado informaba con regularidad tanto al resto de miembros del consejo como al propio socio mayoritario, (ii) que tomaba sus decisiones a partir de la información que le facilitaban los propios ejecutivos técnicos de la compañía y (iii) que no puede considerarse que hubiera tomado decisiones básicas en la gestión de la compañía con dolo o culpa grave, por lo que “se cumplen con las previsiones del artículo 226 de la LSC y las decisiones adoptadas por el consejero delegado aunque no fueran exitosas, se encontraban dentro del ámbito de discrecionalidad empresarial”, condenando a la sociedad al pago de la indemnización prevista en el contrato.

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21
abr

El TS ha dictado una nueva sentencia, la 46/2021, en la que confirma lo señalado en la STS 4/2021, de 15 de enero de 2021.

Por primera vez se aborda de modo directo la posición jurídica del socio que ejercita el derecho de separación en una sociedad posteriormente concursada y el tratamiento que corresponde dar en el concurso de acreedores al crédito de reembolso correspondiente.

Dice el tribunal que, a efectos concursales, la posición del socio que ejerce el derecho de separación no es igual a la del socio de la sociedad liquidada, pues, el derecho de reembolso nace cuando la sociedad recibe la comunicación del ejercicio del derecho de separación, mientras que el derecho del socio que no ha ejercitado el derecho de separación no surge hasta que se liquida la sociedad.

El crédito de reembolso fruto del ejercicio del derecho de separación, tendrá carácter concursal si la comunicación recepticia de su ejercicio tuvo lugar con anterioridad a la declaración del concurso de la sociedad. En caso de no ejercicio del derecho de separación la cuota de liquidación es extraconcursal, al ser posterior a los créditos de todos los acreedores de la sociedad.

Para clasificar en el concurso de acreedores el crédito de reembolso habrá que atender a los presupuestos subjetivo y objetivos exigidos jurisprudencialmente. De concurrir ambos presupuestos el crédito de reembolso debe ser clasificado como subordinados. El crédito de reembolso en cuanto supone recuperación de la inversión efectuada por el socio es similar a un préstamo.

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15
abr

El socio minoritario que se quiere separar interpone demanda contra la sociedad, pues cumplía todos los requisitos del derecho de separación previstos en el art. 348 bis LSC, en su redacción previa a la reforma de 2018.

La sociedad se opone a esta separación, alegando que no concurren los requisitos para el ejercicio de esta acción, ya que la decisión de no repartir beneficios (motivo por el que el demandante plantea el derecho de separación), estaba justificada y había sido una decisión puntual. Reseña además que, a raíz de la petición del actor, la sociedad ofreció el reparto de beneficios y éste la rechazó, reiterando su voluntad de separarse.

La sociedad tiene solo dos socios con relación familiar directa y el que se separa es el minoritario. El mayoritario, administrador de la compañía considera que actuó de mala fe, con la única intención de perjudicar a la compañía, invocando el abuso de derecho y fraude de ley.

La audiencia sin embargo desestima el recurso de apelación interpuesto por la sociedad, considerando que no tiene sentido acusar de abusiva la pretensión del socio minoritario de separarse. Tampoco es relevante que votara en contra de los acuerdos.

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15
abr

En una reciente sentencia de la AP de Barcelona, de cara a determinar la responsabilidad de los administradores en los términos del art.367 LSC, se analiza si la sociedad se encontraba en causa de disolución en el momento en que se produjo el impago de la cantidad reclamada.

Por los administradores se alega que la sociedad no se encontraba en causa de disolución, ya que los socios habían realizado en el año 2011 una serie de aportaciones para dotar de liquidez a la sociedad que, aunque habían sido contabilizadas como préstamos ordinarios, realmente se trataba de aportaciones a cuenta de una futura ampliación de capital que se formalizó posteriormente en el año 2012.

El recurso fue desestimado por la AP, por entender que se trataba de préstamos que fueron contabilizados como “pasivo corriente” y por lo tanto la sociedad se encontraba en causa de disolución, lo que pone de manifiesto la trascendencia de contabilizar correctamente las aportaciones realizadas por los socios.

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09
abr

La empresa demandante solicita el desahucio de la arrendataria por extinción del plazo de duración del contrato de arrendamiento con opción a compra de la vivienda en la que residía, pues transcurridos los cinco años (plazo fijado en el contrato), se había mandado requerimiento a la arrendataria por el que se comunicaba su voluntad de no prorrogar el contrato.

La demandada se opone diciendo que el contrato estaba sometido a prórroga forzosa convencional, a favor del arrendatario, y no podía ser rescindido unilateralmente por el arrendador. La vivienda había sido previamente vendida a la actora, con intención de que la arrendataria se mantuviera en el uso y disfrute hasta que mejorara su situación económica, motivo por el que se pactó una opción de compra indefinida, durante toda la vida del contrato. La demanda se desestima en primera instancia porque se entiende que la voluntad de someter el contrato a prórroga forzosa para el arrendador es clara. Sin embargo, en la sentencia de la Audiencia Provincial se había estimado la acción de extinción del contrato, al entender que no podía tener duración indefinida en aplicación

El TS también desestima la demanda de desahucio, pues considera que se trata de un contrato de naturaleza compleja que excede del ámbito de un arrendamiento típico. La arrendataria había transmitido la propiedad del inmueble al propietario dos días antes del contrato de arrendamiento con opción de compra y con una prórroga convencional que solo podía ser rescindida por ella. El haberse pactado esa prórroga al su exclusivo criterio no supone quebranto legal alguno, sino que constituye una facultad pactada con el arrendador dentro del marco de una previa venta al mismo del inmueble y de la pendencia de una opción de compra que podría ejercer la arrendataria sobre la vivienda que ya fue de su propiedad con anterioridad.

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09
abr

En una SL se designa a un consejero delegado a quien se conceden todas las facultades legal y estatutariamente delegables, pero con la limitación de que las facultades delegadas cuyo contenido económico resultara superior a un millón de euros por operación únicamente podrán ser ejercitadas, de forma mancomunada, con alguna de las dos personas que se indican. El registrador mercantil suspende la inscripción de tal acuerdo porque, a su juicio, no pueden restringirse las facultades representativas del consejero delegado con limitaciones oponibles a terceros.

La DGSJFP confirma la calificación registral por entender que los terceros no están “obligados a realizar indagaciones sobre las limitaciones de aquel poder representativo derivadas de los estatutos o -como ocurre en el presente caso- del acuerdo de delegación, de modo que tales limitaciones serán ineficaces frente a terceros aun cuando se hallen inscritas en el Registro Mercantil.”

Es decir, la limitación establecida se podría inscribir siempre que se estableciese su eficacia meramente interna, en el ámbito de la exigencia de responsabilidad que la sociedad pudiera hacer valer frente al consejero delegado que se hubiese extralimitado, no oponible frente a terceros.

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31
mar

El consultante es propietario de un local comercial arrendado y pacta una suspensión del contrato con sus arrendatarios debido a la Covid-19, y no cobra ninguna cantidad debido al cierre del negocio durante el último trimestre de 2020. Se plantea la duda de los efectos de dicha suspensión en el IVA y el IRPF del arrendador.

Sobre el IVA, la DGT concluye que, en tanto no se cancele o modifique la relación arrendaticia se seguirá devengando el IVA, de acuerdo con la exigibilidad de las cuotas de arrendamiento que se había pactado.

Finalmente, sobre el IRPF, la DGT concluye que se habrán de imputar los rendimientos del arrendamiento en el año 2020 aunque no hayan sido percibidas, pudiendo deducir como gasto los saldos de dudoso cobro una vez transcurrido el plazo de tres meses, o bien cuando el deudor se encuentre en situación de concurso.

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