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Archive for the ‘Mercantil’ Category

26
nov

El art. 3 del citado RDL extiende, durante el año 2021, las siguientes medidas que el art. 40.1 RDL 8/2020 introdujo y que finaban el 31 de diciembre de 2020, a saber:

En las SA (también en las SL cumpliendo los requisitos del art. 3.1b del RDL 34/2020), posibilidad de prever por el Consejo de Administración en la convocatoria de la junta general, aunque no lo hubieran previsto los Estatutos, que se asista por medios telemáticos y se vote a distancia. Pudiendo, además, celebrarse la junta en cualquier lugar del territorio nacional.

  • PROBLEMA 1: ¿Cuándo la convocatoria no la hace el consejo de administración sino otro órgano (p. ej: administrador único o, incluso, el LAJ), ¿se aplica la regla?
  • PROBLEMA 2: El RDL 8/2020 (con efectos hasta 31 de diciembre de 2020) permitía expresamente -art. 40.2-, aunque no lo hubieran previsto los estatutos, que “los acuerdos de los órganos de gobierno y de administración de […] las sociedades mercantiles […] podrán adoptarse mediante votación por escrito y sin sesión siempre que lo decida el presidente y deberán adoptarse así cuando lo solicite, al menos, dos miembros del órgano. […].”. En cambio, el art. 3 del RDL 34/2020 nada dice al respecto. ¿Constituye la omisión una negación de la posibilidad?

 

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26
nov

Se debate si se puede inscribir el acuerdo social relativo al cambio de estructura del órgano de administración de una sociedad, en favor de administración única, adoptado en Junta General convocada al efecto por el único administrador mancomunado existente, ante el fallecimiento del otro. El artículo 171 LSC establece que “en caso de muerte o de cese del […] cualquier socio podrá solicitar del Secretario Judicial y del Registrador mercantil del domicilio social la convocatoria de junta general para el nombramiento de los administradores. Además, cualquiera de los administradores que permanezcan en el ejercicio del cargo podrá convocar la junta general con ese único objeto.”

Otra resolución de 2019 señaló que la posibilidad de destitución de los administradores lleva consigo la de nombrar a quienes hayan de sustituirlos en determinados supuestos, cuando el acuerdo de cese de cargos dejase a la sociedad sin administradores, para evitar la paralización de la vida social pero no cambiar la estructura del órgano de administración sin que figure en el orden del día.

La DGSJFP confirma sin embargo que cumpliendo los requisitos generales de convocatoria y respetando el derecho de información a través de la fijación del orden del día, puede adoptarse el cambio de estructura del órgano de administración a favor del sistema de administrador único, cuando lo que se pretende es precisamente no suplir la vacante.

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20
nov

Se convoca la junta de una SL por dos de sus tres administradores mancomunados, donde se acuerda cesar a una de las administradoras (asunto no incluido inicialmente en el orden del día), quedando dos administradores que convocan posteriormente una nueva junta donde se cambia el sistema de gobierno para pasar a un administrador único. Para el registrador, esta convocatoria no ha sido válida.

La DG recuerda que efectivamente en los casos de administración mancomunada han de convocar todos los administradores de manera conjunta, y no solo el número –menor– necesario para representar a la sociedad, pues se trata de una competencia interna sin perjuicio de la posibilidad de incorporar a los estatutos una regla específica que permita la convocatoria por ese número menor.

Adicionalmente, el recurso sostiene que el posible defecto de convocatoria habría quedado subsanado al asistir a la reunión el representante de la otra administradora y socia, que no formuló oposición por ese motivo, pero dice la DG que aunque en la misma persona coincidan la condición de administradora y socia, del acta de la junta resulta claro que no asistió personalmente sino mediante representante: la administración no puede ser ejercida por representante, por eso, el socio administrador que otorga poder para una junta, lo hace como socio, no como órgano de la sociedad.

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20
nov

El art. 376.1 de la LSC establece que, salvo disposición en contrario en los estatutos o nombramiento por la junta, quienes fueren administradores al tiempo de la disolución de la sociedad quedarán convertidos en liquidadores.

Sin embargo, tal y como señala la AP de Madrid, el TS admite excepciones a la norma cuando concurren determinadas circunstancias, como es en el caso objeto de análisis, en el que la sociedad cuya disolución judicial se pretendía estaba participada por 2 socios al 50%, que se habían divorciado y en la que el administrador único era acreedor de la sociedad y competía con la sociedad a través de otra entidad, circunstancias todas ellas que justificaban el nombramiento de un tercero como liquidador.

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12
nov

Las operaciones de reducción de capital por restitución de aportaciones que no afectan por igual a todos los socios requieren de un acuerdo unánime en tal sentido, adoptado por todos los socios. Si bien el art. 329 LSC plantea dudas acerca de los socios que deben votar, lo cierto es que, en base al principio de igualdad de trato del art. 97 LSC y teniendo en cuenta la dicción del derogado art. 79 de la LSRL de 1995 (del que el art. 329 LSC trae causa), cuando la Ley de Sociedades de Capital se refiere al consentimiento individual de los titulares de “esas” participaciones, debe entenderse correctamente de “todas” las participaciones.

Asimismo, la DG considera que, a falta de determinación, la restitución debe hacerse en metálico. De hacerse en especie, la restitución de aportaciones también requerirá la unanimidad de todos los socios.

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12
nov

En la junta general de una SA se reelige al administrador, el cual ya estaba caducado desde casi dos años antes, añadiendo además acuerdan convalidar y aprobar todos los actos que hayan efectuado desde la fecha de caducidad de su cargo hasta este momento.

El registrador deniega la inscripción ya que a su juicio “sólo se puede entender producido el nombramiento a partir de la fecha de la junta, sin que en modo alguno pueda atribuirse a los nombramientos efectuados eficacia retroactiva”. El nombramiento surte efectos a partir de la aceptación y no cabe aceptar un cargo antes de que haya sido deferido. (Art. 214.3, 221.2, 222 LSC. 6 y 58 RRM).

Para el notario recurrente, la vigencia y duración del órgano de administración se cuenta desde el nombramiento y no desde la aceptación. La DG confirma la nota y recuerda que no es posible nombrar a un administrador con fecha anterior a la fecha de la junta que lo nombra:

  • Los administradores de una SA ejercen su cargo durante el plazo que establecen los estatutos sociales, que no podrá exceder de seis años.
  • La duración se computa desde el nombramiento y no desde la aceptación.
  • El nombramiento, reelección o ratificación del administrador debe ser expreso
  • La reelección, implica un previo cese y no supone prorrogar sino nombrar de nuevo.
  • El nombramiento no puede tener un plazo de duración del cargo inferior al establecido en los estatutos sociales.
  • Todo ello es independiente de la eficacia que, en el ámbito no amparado por la publicidad registral, pueda derivarse del acuerdo también adoptado por la misma junta general de convalidación y aprobación de todos los actos que haya efectuado la administradora desde la fecha de caducidad de su cargo hasta ese momento.
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12
nov

Se plantea en una reciente resolución de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública si es válido el cambio de estructura del órgano de administración de una sociedad, de administradores mancomunados a administrador único, aprobado en una junta general convocada por un solo administrador mancomunado por fallecimiento del otro administrador.

En caso de fallecimiento de una de los administradores, la LSC prevé expresamente la posibilidad de convocar una junta, por el administrador que permanece en el cargo, a los efectos de nombrar administradores, no obstante, tal y como señala la Dirección General, si en el orden del día de la junta se incluye igualmente el cambio de la estructura del órgano de administración, cumpliendo los requisitos generales de convocatoria y respetando el derecho información a través de la fijación del orden del día, este acuerdo es perfectamente válido.

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04
nov

En el registro mercantil basta con que conste el “estado civil” de la persona inscrita (casada, soltera, …), sin que se sea necesario, de haberse casado, que conste el régimen económico matrimonial al que está sujeta.

Los efectos del nombramiento del administrador de una sociedad se producen “desde el momento de la aceptación, ya que la inscripción del mismo en el RM aparece configurada como obligatoria pero no tiene carácter constitutivo y, por tanto, el incumplimiento de la obligación de inscribir no determina por sí solo la invalidez o ineficacia de lo realizado por el administrador antes de producirse la inscripción”.

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04
nov
Mediante escritura se elevan a público los acuerdos sociales de fusión de dos sociedades.

Como consecuencia de la fusión, se aumenta el capital de la absorbente en más de 1 millón de euros, pero este aumento no puede inscribirse a juicio del registrador, por no resultar ni del acuerdo respectivo ni de la documentación de la fusión una contraprestación que cubra la realidad de dicho aumento. (Arts. 23, 59 y 295 LSC). Es decir, como el valor total del patrimonio resultante es inferior al nuevo capital de la absorbente, éste no queda cubierto por el patrimonio de dicha sociedad tras la fusión.

Además, faltaba la fecha de la comunicación individual a cada acreedor de la fusión, requisito que puede dar lugar a su impugnación por contravención de las previsiones legales. Es evidente que el documento presentado debe recoger debidamente los particulares que permitan al registrador calificar este extremo.

La dirección confirma el defecto, argumentando que es indudable que la escritura debe recoger la manifestación relativa a la fecha en que se ha llevado a cabo la última comunicación a los acreedores, único modo de que el registrador pueda verificar que la preceptiva manifestación relativa a la inexistencia de oposición a que se refiere el propio artículo 227.2. 2.ª del Reglamento del Registro Mercantil se acomoda a las previsiones legales.

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29
oct

1.- La “cautela socini” (prohibición de intervenir judicialmente una herencia so pena ver reducida la participación en la misma al tercio de legítima estricta) incluida en un testamento resulta también de aplicación a los legatarios, y se vulnera, NO cuando se ejercita judicialmente acción de petición del legado ex art. 885 Cc., SINO POR “los numerosos procedimientos judiciales promovidos dirigidos a alterar la ordenación y distribución hereditaria querida por el testador por medio del cuestionamiento del contenido de los legados”.

2.- El legado de cosa cierta y determinada (plenamente identificada e individualizada sin necesidad de operación) atribuye la propiedad de lo legado desde la muerte del testador pero para la plena efectividad del mismo es necesaria la trasmisión de la posesión al legatario por el heredero/albacea (salvo que el testador haya autorizado al legatario a tomar la posesión por sí mismo).

1.- La “cautela socini” (prohibición de intervenir judicialmente una herencia so pena ver reducida la participación en la misma al tercio de legítima estricta) incluida en un testamento resulta también de aplicación a los legatarios, y se vulnera, NO cuando se ejercita judicialmente acción de petición del legado ex art. 885 Cc., SINO POR “los numerosos procedimientos judiciales promovidos dirigidos a alterar la ordenación y distribución hereditaria querida por el testador por medio del cuestionamiento del contenido de los legados”.

2.- El legado de cosa cierta y determinada (plenamente identificada e individualizada sin necesidad de operación) atribuye la propiedad de lo legado desde la muerte del testador pero para la plena efectividad del mismo es necesaria la trasmisión de la posesión al legatario por el heredero/albacea (salvo que el testador haya autorizado al legatario a tomar la posesión por sí mismo).

3.- La declaración de nulidad de un legado en una sentencia firme antecedente produce efectos (positivos) de cosa juzgada en una posterior, aunque derive de un proceso judicial iniciado con anterioridad. En este caso, la nulidad del legado de acciones impide la impugnación de acuerdos sociales.

3.- La declaración de nulidad de un legado en una sentencia firme antecedente produce efectos (positivos) de cosa juzgada en una posterior, aunque derive de un proceso judicial iniciado con anterioridad. En este caso, la nulidad del legado de acciones impide la impugnación de acuerdos sociales.

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