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Archive for the ‘Mercantil’ Category

09
jul

Tal y como recuerda la DRGN en una reciente resolución, tras la entrada en vigor de la Ley de Sociedades de Capital, solo en caso de aumento de capital con cargo a aportaciones dinerarias se reconoce a los socios un derecho de asunción preferente, por lo que en un aumento de capital por compensación de créditos no existe tal derecho.

Una eventual desprotección del socio se salvaría con la impugnación del acuerdo de aumento de capital en caso de que se cuestione la validez del acuerdo.

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09
jul

Una sociedad limitada prevé en sus estatutos la posibilidad de que la administración social estuviera encargada a dos administradores mancomunados y que cualquiera de ellos pudiera convocar por separado la junta.

Al inscribirla, el registrador suprime esta posibilidad de que la convocatoria se haga por sólo uno de los administradores mancomunados, haciendo referencia al artículo 171 LSC, que solo permite la convocatoria por uno en casos excepcionales.

El notario recurre haciendo distinción entre el poder de representación, y el poder de gestión. En este último es donde debe encuadrarse la convocatoria de la junta. El atribuir a uno de los mancomunados la facultad de convocar tiene por finalidad “evitar que alguno de los administradores mancomunados pueda paralizar o dificultar el funcionamiento de la sociedad”.

La Dirección general estima el recurso y revoca la nota de calificación, recordando el contenido del art. 233.2 LSC que atribuye “la representación de la sociedad” (y no la gestión) conjuntamente a los que hayan sido designados administradores mancomunados, pero aclarando que no a todos sino “al menos por dos de ellos en la forma determinada en los estatutos”. La mancomunidad parcial se prevé legalmente respecto de la representación, pero no en cuanto a la gestión, salvo que los estatutos establezcan que los administradores con poder mancomunado pueden gestionar de forma solidaria los asuntos internos de la compañía.

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02
jul

Hasta la declaración de concurso en 2015, una sociedad había transferido a su matriz un dinero desde 2011. El juzgado mercantil resolvió el incidente concursal con una sentencia que declaraba culpable el concurso:

i) Porque sus administradores agravaron de forma negligente la situación de insolvencia de la concursada, al no haber adoptado medidas ante la situación de insolvencia.

ii) Porque las cuentas anuales de la concursada incurren en graves irregularidades.

Este recurso discute qué debe entenderse por déficit a efectos de condenar a su cobertura a los administradores una vez que se ha declarado el concurso culpable.

El Tribunal Supremo, como la Audiencia, sostiene que la causa de la responsabilidad de los administradores por el déficit concursal no es la insolvencia, sino la incapacidad para pagar los créditos, pues el concepto de insolvencia no es el déficit patrimonial sino la imposibilidad de cumplir de forma regular las obligaciones exigibles.

En este caso, si bien al tiempo de la declaración de concurso el activo contable era superior al pasivo, en ese activo se encuentra el crédito que la concursada tiene con su matriz por las disposiciones de dinero injustificadas, las cuales provocaron la insolvencia.

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02
jul

Tal y como recuerda la DRGN en una reciente resolución, el cese o la dimisión de un administrador es una de las excepciones expresamente previstas en el RRM a la prohibición de inscribir documento alguno relativo a una sociedad con la hoja registral cerrada.

Que el acuerdo adoptado sea certificado por el nuevo administrador, cuyo nombramiento no puede ser inscrito por el cierre de la hoja registral, no impide la inscripción de la dimisión del antiguo administrador, ya que el nombramiento del nuevo administrador “-a salvo los efectos frente a terceros que siguen el régimen previsto en los artículos 20 del Código de Comercio y 9 del Reglamento del Registro Mercantil- surtirá efecto desde el momento de su aceptación, que consta en la escritura calificada -artículo 214.3 de la Ley de Sociedades de Capital-.”

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24
jun

Los particulares habían renunciado mediante escritura a los apoderamientos otorgados a su favor por una sociedad. Sin embargo, el registrador decide suspender esta inscripción porque consta en los asientos registrales la situación de baja provisional de la sociedad en el Índice de Entidades de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

Si el cierre registral estuviera motivado por el incumplimiento de la obligación de depositar las cuentas anuales, sí procedería la inscripción de la renuncia de los apoderados, tal y como recoge el artículo 282 de la LSC así como el RRM.

Aunque la hoja registral esté cerrada, se pueden inscribir las renuncias de administradores y apoderados. La DGRN dice que para la baja provisional de la sociedad en el Índice de Entidades de la AEAT es diferente porque “se imponía un cierre registral prácticamente total del que tan sólo quedaba excluida la certificación de alta en dicho Índice” Además, ocurre lo mismo con la revocación del número de identificación fiscal.

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24
jun

El art.16.3 de la LSC establece que el socio único responderá frente a la sociedad de las ventajas que directa o indirectamente haya obtenido en perjuicio de ésta en los contratos celebrados entre ambos, durante el plazo de dos años a contar desde la fecha de celebración de los contratos.

En el marco del concurso de una sociedad y algunas de sus filiales, para dar cumplimiento a los convenios arbitrales se crea una nueva sociedad a la que se le traspasa la actividad de la sociedad matriz mediante una operación de restructuración, en cuyo Proyecto se establecen a la nueva sociedad una serie de obligaciones frente a la sociedad matriz.

Posteriormente la nueva sociedad pasa a estar participada mayoritariamente por los antiguos acreedores de la matriz y la nueva sociedad demanda a su matriz al amparo del citado art.16.3 de la LSC por entender que esta sociedad, aprovechando su condición de socio único había impuesto unas “ventajas patrimoniales” injustificadas a la nueva sociedad le a través del reseñado Proyecto.

La demanda fue desestimada por el Juzgado de lo Mercantil, sen tencia que fue confirmada por la Audiencia Provincial de Pontevedra y el TS desestima igualmente el Recurso de Casación.

El TS en su sentencia señala que el interés tutelado por el 16.3 es el de la sociedad y que lo esencial es que se cumplan los requisitos de la acción prevista en el mismo:

(i) La existencia de un contrato o acuerdo negocial entre la sociedad y quien en ese momento es su socio único realizado dentro del periodo anterior de 2 años.

(ii) Que por los términos o condiciones del contrato, el socio único hubiera obtenido ventajas patrimoniales que conlleven un perjuicio patrimonial para la sociedad.

 (iii) Que la previsión contractual que propició estas ventajas patrimoniales del socio único en perjuicio de la sociedad fuera injustificada.

El TS entiende que el Proyecto es un acuerdo negocial que cumplía la función de hacer efectivo el convenio del concurso y que dado que la nueva sociedad había recibido el negocio de la matriz tenía sentido establecer unas medidas de apoyo por parte de la nueva sociedad a favor de la matriz, “para garantizar la continuidad y estabilidad de esta última, durante el periodo de cumplimiento del convenio, en la medida en que se había quedado nominalmente en su balance con una deuda frente a acreedores concursales.”

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17
jun

Los demandantes habían interpuesto demanda contra su banco solicitando la nulidad de una cláusula del préstamo hipotecario por la que se había pactado un interés variable y establecido un tipo medio a más de tres años, y le solicitaban la devolución de lo percibido en exceso desde el inicio del contrato tomando como referencia los que habrían tenido que percibir si se hubiera utilizado el Euribor incrementado con el referido diferencial.

La Audiencia considera que no se puede someter a control del contenido el IRPH dado que se trata de una cláusula que determina la relación entre el precio y la prestación (art. 4.2 de la Directiva). Lo que lleva a los consumidores a considerarse engañados, es que dicho índice ha evolucionado de forma distinta y menos favorable para el prestatario que el Euribor, pero lo que se denuncia no se genera por un comportamiento de mala fe, sino por la correlación entre el comportamiento de dicho índice y el de otro índice que es por completo ajeno al contrato (el Euribor).

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17
jun

A la finalización del plazo de duración de un contrato de arrendamiento, así como sus prórrogas legales o las pactadas, si el arrendatario continúa disfrutando 15 días de la cosa arrendada con la aquiescencia del arrendador, se considera, conforme a lo previsto en el art. 1566 del Código Civil que el contrato se renueva por “tácita reconducción”.

La jurisprudencia del TS tiene establecido que en estos casos nace un nuevo contrato en el que se mantienen los pactos que rigieron la anterior relación contractual, salvo el plazo de duración.

Pero ¿cuál es el plazo por el que se renueva la relación contractual? El artículo 1581 Código civil dispone que se entiende que será por años cuando se ha fijado un alquiler anual, por meses cuando es mensual, por días cuando es diario.

Es muy habitual que en los contratos se establezca la renta con carácter anual y el pago se articule por meses anticipados. En estos casos, el TS tiene establecido que la tácita reconducción se producirá con carácter anual.

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12
jun

El demandante era socio al 33% del capital social de una SL, la que, a su vez, era socia al 99,40% de otra sociedad. Los jueces le habían denegado la legitimación activa para impugnar los acuerdos sociales de esta última, pues consideran que no es socio y tampoco es tercero con interés legítimo.

El artículo 206.1 LSC establece los sujetos legitimados para impugnar los acuerdos sociales: “cualquiera de los administradores, los terceros que acrediten un interés legítimo y los socios que hubieran adquirido tal condición antes de la adopción del acuerdo, siempre que representen, individual o conjuntamente, al menos el uno por ciento del capital.”

El demandante alega los acuerdos le afectan ya que ostenta la condición de tercero con interés legítimo pero la sala lo rechaza porque considera que tercero significa ser ajeno o extraño a la sociedad, condición no compatible con la de ser socio (aunque su participación en el capital sea inferior a 1%).

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04
jun

En una consulta reciente, la DGT ha resuelto que en un caso en el que se impuso una sanción a la mercantil consultante por la incorrecta declaración del Impuesto, y que fue contabilizada por ésta en el ejercicio en el que se recibió, practicándose un ajuste positivo en la base imponible, la indemnización que percibe de la aseguradora, de la responsabilidad civil profesional del asesor fiscal de la sociedad, debe integrarse en la base imponible del Impuesto en el ejercicio en el que la misma se haya devengado.

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