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Archive for the ‘Mercantil’ Category

11
ene

Se suspende la inscripción de un acuerdo de reducción de capital adoptados por dos socios de una mercantil, que ostentaban el 100% del capital social, ante un notario en escritura pública debido a que no se encontraba presente el administrador único, que es el único con facultad para elevar a público los acuerdos.

La DGRN confirma la nota de calificación haciendo referencia a que el único caso en que no es necesaria la presencia del administrador para elevar a público un acuerdo, es en el caso de decisiones de socio único. De no tratarse de este caso, para la inscripción de un acuerdo social es necesaria la presencia del administrador o la elevación a público por éste, al ser el único con capacidad para certificar.

 

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18
dic

Negativa del registrador a celebrar la junta en cualquier parte de la Comunidad Autónoma

Una sociedad modifica sus estatutos añadiendo una cláusula en la que dice que las juntas generales “podrán celebrarse en cualquier parte del territorio de la Comunidad Autónoma donde la sociedad tenga su domicilio”.

El registrador considera que esta modificación de los estatutos no es inscribible conforme a lo establecido en el artículo 175 de la LSC, que dice la junta general debe celebrarse en el municipio donde la sociedad tenga su domicilio y que, si en la convocatoria no aparece el lugar, se entiende que es siempre el del domicilio social.

Además, considera que fijar lugares alternativos debe entenderse solo a espacios menores, perfectamente determinados, sin posibilidad de que la sociedad pueda decidir libremente dentro de un ámbito geográfico mayor como puede ser una comunidad autónoma.

La DGRN desestima el recurso y confirma así la nota del registrador, señalando que el lugar de celebración previsto en los estatutos debe estar debidamente definido y que además debe referirse a espacios menores como ciudades o pueblos.

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18
dic

La AP de Barcelona recuerda en una reciente sentencia que “cuando la información no facilitada de forma injustificada no afecte razonablemente a los términos en los que se ha de producir el derecho de voto, la infracción no puede determinar la nulidad del acuerdo”. Es decir, el carácter esencial o la relevancia de la información solicitada constituye una cuestión de fondo que desempeña un presupuesto lógico necesario para el éxito de la acción ejercitada.

Tal y como indica la AP, el que se desestime la impugnación de acuerdos sociales por vulneración del derecho de información, no impide que la parte demandante pueda pedir acciones de responsabilidad contra los administradores si considera que éstos han cometido irregularidades en el ejercicio del cargo.

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18
dic

El Tribunal Supremo ha desestimado un recurso contra la sentencia que declaró nulo un negocio jurídico, mediante el cual se garantizó un préstamo personal con un inmueble por un importe inferior al 50% de su valor de mercado.

La demandante había otorgado un poder a su hijo (el mismo día del negocio jurídico), y este prestó como garantía de un préstamo personal, una opción de compra sobre la vivienda habitual de su madre, a un precio irrisorio.

El Alto Tribunal afirma que, un poder de representación que no indica de forma específica las facultades conferidas, sólo permite realizar actos de administración, pues debe constar inequívocamente los actos de riguroso dominio (hipotecar, enajenar, transigir, etc).

Por otro lado, si en el poder constan facultades generales de enajenación, como es el caso, no es necesario que consten los bienes para los que se concede tal facultad. Todo ello, sin perjuicio de que los tribunales aprecien la eficacia del negocio que se celebró en virtud del poder en cuestión, cuando se estime su utilización abusiva o fraudulenta.

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14
dic

Debe decidirse si es o no inscribible la disposición de los estatutos de una sociedad de responsabilidad limitada, según la cual los acuerdos del consejo de administración se adoptarán por mayoría absoluta de los consejeros asistentes a la reunión.

El Registrador entiende que dicha disposición (así como todo el artículo de los estatutos dedicado al consejo de administración) no es inscribible porque no deja a salvo la mayoría establecida en el artículo 249 de la Ley de Sociedades de Capital para el nombramiento de consejeros delegados.

El recurrente alega que no es necesaria dicha salvedad porque el citado precepto legal es imperativo.

La DRGN da la razón al registrador aludiendo a que no puede inscribirse la cláusula sin añadir que esa mayoría no se aplica a la delegación de funciones y por ello no puede entenderse cumplida la norma de la LSC.

 

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14
dic

Disolución de una sociedad durante la fase de ejecución o cumplimiento del convenio del concurso de acreedores

Una registradora rechaza la inscripción de una escritura de disolución de una sociedad en fase del cumplimiento de acreedores por entender que la misma podría llevar al incumplimiento del convenio. Sin embargo, la DRGN recuerda que, durante la fase de ejecución o cumplimiento del convenio la sociedad, puede acordar su disolución y liquidación, sin perjuicio de que deba seguir cumpliéndose el convenio.

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14
dic

El Tribunal Supremo aclara qué ocurre cuando una sociedad entra en causa de disolución, su administrador no promueve su disolución y, posteriormente, cesa.

El administrador es responsable solidario de las deudas sociales surgidas a partir de que la sociedad entrara en causa de disolución, pero no de las posteriores a su cese. Además, el Alto Tribunal dictamina que, el administrador nombrado en una sociedad incursa en causa de disolución sin que el administrador saliente haya promovido disolverse, tendrá de nuevo un plazo de dos meses para promover dicha disolución y, de no hacerlo, será cuando empiece a responder por las deudas surgidas a partir de que fuera nombrado administrador.

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11
dic

Las entidades dedicadas al arrendamiento de vivienda pueden aplicar el régimen especial, aunque no tengan un empleado a jornada completa

La cuestión controvertida consiste en determinar si son o no conformes a derecho las resoluciones del TEARC impugnadas al confirmar las liquidaciones que eliminan las bonificaciones de las entidades dedicadas al arrendamiento de vivienda, al no constituir actividad económica el arrendamiento de inmuebles, por no disponer la sociedad de una persona con contrato laboral y a jornada completa para la gestión del arrendamiento.

La redacción en vigor en el momento de la comprobación (en vía de gestión) decía que el régimen especial era aplicable a las entidades “que tuvieran como actividad económica principal el arrendamiento de viviendas situadas en territorio español”.

Por ello Gestión entendió que, al no cumplir los requisitos exigidos por el art. 25 LIRPF, no tenía actividad económica como tal, y consecuentemente no podía aplicar el régimen.

El Tribunal considera que no es exigible el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 25 LIRPF porque:

  • El objetivo declarado del régimen especial era incentivar el desarrollo de dicha actividad, debido a la escasez de viviendas en el mercado de alquiler.
  • Ni la redacción original ni la que estaba en vigor se remite al citado artículo 25 LIPRF, a diferencia la regulación del de las ERD, que sí lo hace.
  • Tal redacción original disponía que era aplicable a las entidades “que tuvieran por objeto social exclusivo el arrendamiento de viviendas situadas en territorio español”, y la Sala entiende que el cambio de redacción por el RD Ley 2/2003 tenía por objeto la flexibilización de las condiciones requeridas, y no imponer una exigencia más.

No se puede entonces, tal y como pidió el obligado subsidiariamente, entender aplicable el RERD, por no cumplir los requisitos del artículo 25 LIPRF.

 

 

 

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10
dic

Hay que tener en cuenta que con relación a este recurso de apelación actualmente existe un procedimiento pendiente de resolución en relación con una nulidad de testamento.

De esta forma, la demandante es una de las herederas e interpone la acción contra su hermano y contra una sociedad de carácter familiar. Así, solicita, por un lado, la impugnación de los acuerdos sociales adoptados en las juntas universales donde no fue convocada, y, por otro, la inscripción de un número de acciones de dicha sociedad a su nombre.

La sentencia estimó parcialmente las pretensiones de la demandante, anulando dichos acuerdos sociales. Esto se debe a que dichas juntas fueron convocadas cuando ya se había anulado el testamento del titular del 90% de las acciones, por lo tanto, se entiende que la presencia de uno solo de los integrantes de la comunidad hereditaria no es suficiente para estar representada.

La sentencia fue recurrida ante la Audiencia Provincial de Barcelona, sin embargo, el recurso fue desestimado alegando que la motivación de la sentencia era correcta.

 

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10
dic

El momento en que los administradores pueden conocer que una sociedad está en causa de disolución

Los administradores de una sociedad responden solidariamente de las deudas posteriores al acaecimiento de la causa de disolución cuando incumplen el deber de convocar en el plazo de 2 meses una junta general para aprobar la disolución o alguna medida para la remoción de la causa.

En una reciente sentencia, la AP de Madrid entiende que la formulación de las cuentas no puede considerarse en el momento en el que los administradores tienen conocimiento del desequilibrio patrimonial, y por lo tanto cuando empieza el plazo de 2 meses para convocar la junta, pues la despatrimonialización de la sociedad no aparece con motivo de la formulación, sino que se va generando con la progresiva aparición de las pérdidas, y los administradores tienen el deber de diligencia y de estar informados.

En este sentido, el TS tiene establecido que “el plazo para la convocatoria de la Junta General para la disolución de la sociedad debe contarse desde que los administradores tuvieron o debieron tener conocimiento de tal situación, siendo válido para determinar el desequilibrio patrimonial de la sociedad tanto un balance de comprobación como un estado de situación”.

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