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Archive for the ‘Mercantil’ Category

17
sep

Se presenta al Registro un escrito de renuncia al cargo de un administrador solidario firmado por éste y con efectos en fecha anterior a la presentación. Dicho escrito también se encuentra firmado por el otro administrador solidario (solo hay dos). Ninguna de las firmas está legitimada. Se da la particularidad de que dichos administradores son a su vez los únicos socios de la sociedad.

El Registrador suspende la inscripción por vulneración del art. 124 RRM al no notificarse fehacientemente al domicilio de la sociedad la dimisión.

El interesado recurre alegando lo siguiente:

–              El art. 124 RRM no dice expresamente que la comunicación fehaciente deba hacerse al “domicilio” de la sociedad.

–              El carácter fehaciente de la comunicación se fundamenta en el conocimiento directo y firme del otro administrador en base al art. 235 LSC y en el hecho de que siendo ambos los únicos socios, ello es prueba fehaciente del conocimiento de la dimisión por la sociedad.

El Centro Directivo admite implícitamente la posibilidad de notificar fehacientemente a la sociedad mediante la entrega del escrito al otro administrador, no necesariamente al domicilio de la sociedad, cuando el documento está firmado por ambos. Sin embargo, considera el CD que el art. 124 RRM se vulnera porque las firmas de ambos administradores solidarios no están “legitimadas notarialmente”, circunstancia exigida expresamente por dicho artículo.

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17
sep

Una SL con domicilio en España celebra una junta general en Italia, convocada por el vicepresidente del consejo y por medio de carta comunicada a los socios, al que solo asiste 1 que representa el 51% del capital. Entre otros acuerdos, se renueva el consejo y se modifica el objeto social. Según los estatutos, la junta podrá reunirse en cualquier lugar y será convocada por correo certificado con acuse de recibo, por el presidente o al menos dos consejeros.

El registrador suspende la inscripción, pues considera que la modificación de objeto es “causa legal de separación (art. 346 1. A LSC), por lo que deberá constar en la escritura la fecha de publicación del acuerdo en el BORME o, en su caso, la del envío de la comunicación escrita a cada uno de los socios que no hubieran votado a favor del acuerdo, así como la declaración de los administradores de que ningún socio ha ejercitado el derecho de separación dentro del plazo establecido, (arts.348 y 349 LSC, y 206.1 RRM).”

El notario recurre, ya que considera que la modificación del objeto no es una modificación sustancial y no cambia la situación anterior. La Dirección General confirma el defecto y recuerda que si hay limitación de las actividades de la sociedad, y se suprimen otras, existe modificación sustancial del objeto y por tanto derecho de separación de los socios.

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10
ago

Se presenta al Registro una escritura de venta de un inmueble de una SL a otra, manifestando en ella los administradores de ambas sociedades que el inmueble vendido no constituye un elemento esencial de la sociedad vendedora. Se presenta más tarde una instancia del socio titular del 50% de la sociedad vendedora alegando que el activo vendido sí que es esencial y que supera el 25% del valor de los activos que constan en el último balance aprobado.

El Registrador suspende la inscripción al considerar que la determinación del carácter esencial/no esencial de un activo es competencia de la Junta General y no de sus representantes, calificando, además, y por si mismo, el carácter esencial del bien en base a la instancia privada del socio titular del 50%.

La DGRN revoca la suspensión del registrador en base a lo siguiente:

  • Basta que en la escritura conste una certificación del órgano de administración o una manifestación por parte del representante de la sociedad vendedora de que el activo no es esencial para inscribir, pero incluso en el caso de faltar los anteriores, ello no impide la inscripción de la escritura ya que el tercer adquirente de buena fe y sin culpa grave seguirá estando protegido ex art. 234.2 LSC. Ello sin perjuicio de que la sociedad afectada pueda, en sede judicial, solicitar la adopción de las medidas cautelares que considere.
  • El registrador no puede calificar el carácter esencial del bien, salvo en los siguientes casos:
    • Dicho carácter resulte de forma manifiesta (ej: activo afecto al objeto social) o resulta de los elementos de que dispone al calificar (pero no de un documento privado que ha sido indebidamente presentado en el registro -el del socio del 50%-).
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10
ago

Una sociedad presenta en el registro copia autorizada de cambio de domicilio, acordado por su Consejo de Administración y acompañada de la certificación literal del registro de origen.

El registrador deniega la inscripción por existir una demanda previa que había sido estimada, donde se declaraba la nulidad de los acuerdos de cambio de domicilio. Además, no se acompañan cuentas de la sociedad y conforme al artículo 4 de los Estatutos Sociales, así como el 285 de la LSC, no se permite el cambio de domicilio a una población distinta.

El interesado recurre alegando que el acuerdo de consejo no fue impugnado, que el artículo 285 se impone a los estatutos y que la reapertura de hoja por no aprobación de cuentas sigue vigente.

La Dirección General rechaza el recurso con relación al primer defecto, recordando que una escritura ya calificada, recurrida y confirmada, aunque vuelva a presentarse y se ratifique la calificación, no puede ser objeto de resolución en recurso gubernativo, debiendo los interesados, en su caso, acudir a los tribunales ordinarios.

 “no puede mantenerse cuando la cuestión ha sido objeto de un recurso contra la calificación cuestionada, ya se trate de un recurso potestativo ante esta Dirección General, o de una impugnación directa ante los tribunales a través del juicio verbal (art. 324 de la Ley Hipotecaria), pues en tales casos la resolución que recaiga será definitiva, sin posibilidad de reproducir la misma pretensión”.

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30
jul

Una sociedad acuerda en Junta General entregar al socio único un inmueble como de pago del dividendo convenido en aquélla.

El Registrador suspende la inscripción de la escritura de entrega de dividendos en especie, alegando que la existencia del dividendo no ha quedado suficientemente acreditada en la escritura con la incorporación de los certificados del acuerdo de la Junta. Considera el Registrador que debe acreditarse la realidad y también el valor del dividendo y además, que ese valor sea idéntico al bien adjudicado en virtud de su compensación.

De modo que, siendo la acreditación de la causa de la transmisión un requisito básico para la inscripción, y no rigiendo en el ámbito registral el principio civil de presunción de existencia y licitud de la causa en los contratos (art. 1277 CC), no procede la inscripción.

La Dirección General revoca la calificación del Registrador al considerar que este carece de competencia para condicionar la inscripción al conocimiento y expresión detallada en la escritura de la realidad, cuantía, existencia y veracidad de la causa de la trasmisión patrimonial, el dividendo. La existencia, realidad y licitud del dividendo deriva de la certificación del acuerdo social en que se aprueba, certificación que la ley de sociedades de capital solo permite, como garantía, a personas específicas (arts. 108 y 109 RRM), y expedida, además, bajo su responsabilidad.

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30
jul

Las entidades A y B eran socios de la C, con una participación inferior al 10%. C acuerda una ampliación de capital, donde las nuevas acciones se ofrecen a un precio de 30€. A, necesitada de liquidez, ofrece a B un paquete de 33000 acciones de C a 29€.

Cuatro meses después, la auditora de C comunica al consejo de administración hay errores importantes, pues los beneficios no han sido de 12 millones sino de 3,5, por lo que el valor de la sociedad se reduce a unos 22 millones de euros. C rebaja entonces el valor de la acción a 12€.

B interpone demanda en la que ejercita una acción de nulidad de la compraventa de 33.000 acciones por error vicio en el consentimiento. Subsidiariamente, ejercita una acción de nulidad parcial de la compraventa, por error vicio, que conlleva la condena de la demandada a pagar la diferencia entre el precio pagado por acción y el precio de la acción recalculado.

La Audiencia provincial estima la demanda por no ser un supuesto de pérdida de valor de las acciones, sino de un error en su valoración.

En el recurso de casación, el Supremo señala que la Audiencia no erró al considerar relevante para determinar si hubo error-vicio que las partes fijarán el precio de su compraventa sobre la base de la valoración de las acciones realizada por la propia sociedad. Además, la valoración tenida en cuenta por las partes procedía de la propia sociedad que la había utilizado en el aumento de capital, verificado por un informe de auditoría.  Por tanto, el error en la valoración es excusable, pues viene propiciado por un error previo sobre las cualidades del objeto o los parámetros que determinan su valor.

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20
jul

Tal y como recuerda la DRGN en una reciente resolución, tras la entrada en vigor de la Ley de Sociedades de Capital, solo en caso de aumento de capital con cargo a aportaciones dinerarias se reconoce a los socios un derecho de asunción preferente, por lo que en un aumento de capital por compensación de créditos no existe tal derecho.

Una eventual desprotección del socio se salvaría con la impugnación del acuerdo de aumento de capital en caso de que se cuestione la validez del acuerdo.

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20
jul

Una sociedad limitada prevé en sus estatutos la posibilidad de que la administración social estuviera encargada a dos administradores mancomunados y que cualquiera de ellos pudiera convocar por separado la junta.

Al inscribirla, el registrador suprime esta posibilidad de que la convocatoria se haga por sólo uno de los administradores mancomunados, haciendo referencia al artículo 171 LSC, que solo permite la convocatoria por uno en casos excepcionales.

El notario recurre haciendo distinción entre el poder de representación, y el poder de gestión. En este último es donde debe encuadrarse la convocatoria de la junta. El atribuir a uno de los mancomunados la facultad de convocar tiene por finalidad “evitar que alguno de los administradores mancomunados pueda paralizar o dificultar el funcionamiento de la sociedad”.

La Dirección general estima el recurso y revoca la nota de calificación, recordando el contenido del art. 233.2 LSC que atribuye “la representación de la sociedad” (y no la gestión) conjuntamente a los que hayan sido designados administradores mancomunados, pero aclarando que no a todos sino “al menos por dos de ellos en la forma determinada en los estatutos”. La mancomunidad parcial se prevé legalmente respecto de la representación, pero no en cuanto a la gestión, salvo que los estatutos establezcan que los administradores con poder mancomunado pueden gestionar de forma solidaria los asuntos internos de la compañía.

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09
jul

Tal y como recuerda la DRGN en una reciente resolución, tras la entrada en vigor de la Ley de Sociedades de Capital, solo en caso de aumento de capital con cargo a aportaciones dinerarias se reconoce a los socios un derecho de asunción preferente, por lo que en un aumento de capital por compensación de créditos no existe tal derecho.

Una eventual desprotección del socio se salvaría con la impugnación del acuerdo de aumento de capital en caso de que se cuestione la validez del acuerdo.

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09
jul

Una sociedad limitada prevé en sus estatutos la posibilidad de que la administración social estuviera encargada a dos administradores mancomunados y que cualquiera de ellos pudiera convocar por separado la junta.

Al inscribirla, el registrador suprime esta posibilidad de que la convocatoria se haga por sólo uno de los administradores mancomunados, haciendo referencia al artículo 171 LSC, que solo permite la convocatoria por uno en casos excepcionales.

El notario recurre haciendo distinción entre el poder de representación, y el poder de gestión. En este último es donde debe encuadrarse la convocatoria de la junta. El atribuir a uno de los mancomunados la facultad de convocar tiene por finalidad “evitar que alguno de los administradores mancomunados pueda paralizar o dificultar el funcionamiento de la sociedad”.

La Dirección general estima el recurso y revoca la nota de calificación, recordando el contenido del art. 233.2 LSC que atribuye “la representación de la sociedad” (y no la gestión) conjuntamente a los que hayan sido designados administradores mancomunados, pero aclarando que no a todos sino “al menos por dos de ellos en la forma determinada en los estatutos”. La mancomunidad parcial se prevé legalmente respecto de la representación, pero no en cuanto a la gestión, salvo que los estatutos establezcan que los administradores con poder mancomunado pueden gestionar de forma solidaria los asuntos internos de la compañía.

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