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Archive for the ‘Mercantil’ Category

15
may

Se rechaza la inscripción de una cláusula estatutaria de una SL en la que se exige para la adopción de acuerdos un quorum de, al menos, el 80% de los votos correspondientes a las participaciones en que se divide el capital social.

La DRGN confirma la calificación ya que entiende que no respeta el quórum de votación máximo impuesto por la Ley (inferior al 80%), en determinados casos como (i) cese de administradores (2/3), (ii) acción de responsabilidad contra administradores (1/3), (iii) acuerdos de separación (2/3) o (iv) acuerdos de disolución (1/3).

Establecer una cláusula genérica de remisión a la ley o la mera referencia al contenido imperativo de la Ley, no salvan el defecto de la cláusula debatida, por no cumplir con la exigencia de claridad sobre el régimen de mayorías aplicable.

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15
may

La convocatoria judicial no precisa de la previa audiencia de los administradores

Se trata de un caso muy concreto después de que el juzgado de lo mercantil denegara indebidamente, dentro de un procedimiento de jurisdicción voluntaria, una convocatoria judicial de Junta General.

El procedimiento se convirtió en contencioso y el Tribunal Supremo confirma, en una reciente sentencia, las de primera instancia y apelación.

El Alto Tribunal considera que no hubo indefensión, puesto que la demanda se dirigió contra la sociedad, que estuvo representada por los propios administradores, que se opusieron a la demanda, por lo que entiende que la finalidad pretendida por la ley de exigencia de la previa audiencia de los administradores se ha cumplido.

Finalmente se acordó la correspondiente convocatoria judicial.

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07
may

Los herederos, hijos del causante, conmutan el usufructo de la viuda a cambio de una renta vitalicia en función de la valoración del caudal hereditario, formado en un 80% por las participaciones de una empresa inmobiliaria.

 

Al paso de los años, y tras la crisis económica, los herederos pretenden revisar la renta pactada, aplicando la rebus sic stantibus afirmando que el rendimiento de la empresa, en concurso, había disminuido considerablemente desde la valoración que se hizo de ella a la hora de fijar el caudal hereditario.

 

El Tribunal Supremo da la razón a la viuda afirmado que al fijar la renta vitalicia no se le hizo partícipe del riesgo de la compañía y dicha pensión se pactó para que los herederos pudieran disponer libremente de los bienes de la herencia sin limitación. De este modo, la pérdida de valor de la compañía no es un riesgo a asumir por la viuda al igual que no lo hubiera sido si el valor hubiere aumentado. Esta conmutación convirtió la afección de los bienes de la herencia al usufructo en una obligación personal que no se ve afectada por el rendimiento de una compañía ajena a tal obligación por lo que la pensión vitalicia no debe ser modificada.

 

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30
abr

En una reciente sentencia el Tribunal Supremo entiende que el aval a primer requerimiento objeto del procedimiento debe ser considerado como una fianza, y no como una garantía autónoma e independiente de la obligación principal garantizada.

En el supuesto de autos, las partes anexaron el contrato principal al aval emitido por la entidad financiera, por lo que vincularon expresamente el aval a las obligaciones garantizadas en el contrato. Con esa vinculación, dice el Alto Tribunal, que nos encontramos entonces ante una garantía accesoria a un contrato principal que se asemeja más a una fianza que a un aval a primer requerimiento.

El Tribunal Supremo confirma la petición del avalado ordenando la liberación del aval y de los fondos pignorados en garantía.

Después de la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo admitiendo en nuestro derecho el aval a primer requerimiento, la sentencia comentada es muy importante a tener en cuenta a la hora de redactar y configurar los avales a primer requerimiento o primera demanda.

En definitiva, para que un aval a primer requerimiento no se considere como una fianza clásica del Código Civil, debe quedar claro en su texto su autonomía, es decir, que el garante (entidad financiera) asume una obligación abstracta e independiente de pagar la obligación del sujeto garantizado (avalado) desde el mismo momento en que sea requerido por el acreedor (beneficiario del aval) y sin oponer excepciones de ningún tipo, ni siquiera la nulidad de la obligación garantizada.

 

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24
abr

Se suspende la inscripción de una escritura de constitución de una compañía en la que figuraba, entre otros, la consultoría financiera.

Tras la interposición del recurso, la DGRN confirma la nota de calificación afirmando que tal objeto social puede contener materias reservadas por ley a las empresas de inversión, debiendo, por tanto, adoptar la forma social pertinente para poder ejercer tal actividad. De este modo, “para que una actividad social de asesoramiento en materia de inversión quede excluida de la aplicación de la ley será preciso que la previsión estatutaria lo refleje de modo expreso”. Al no haber previsto de modo expreso que no ejercerá actividades reservadas por ley a otras figuras sociales no podría inscribirse el objeto social en conflicto.

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24
abr

En una reciente sentencia el Tribunal Supremo confirma las sentencias de primera instancia y apelación. Condena a una entidad de tasación al pago de 2,8 millones de euros al valorar erróneamente como urbano un suelo rústico en el seno de un procedimiento expropiatorio.

La tasadora realizó su informe por encargo de una Junta de Compensación para incorporarlo como anexo a la hoja de aprecio de dicha Junta, que actuaba en el procedimiento expropiatorio como entidad beneficiaria de la expropiación.

La exigencia de responsabilidad contractual por culpa o negligencia exige no sólo la falta de cumplimiento adecuado del contrato, sino que exista también una relación de causalidad entre el incumplimiento y el daño producido.

No cabe alegar por parte de la tasadora que el Ayuntamiento expropiante pudo evitar el daño al conocer el error, porque la responsabilidad debe dirimirse entre los propios contratantes (beneficiaria y tasadora) y no respecto de otro tercero.

 

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15
abr

Tal y como señala la DRGN en una reciente resolución, a una ampliación de capital con cargo a beneficios se le aplican los mismos requisitos que a una ampliación con cargo a reservas, ya que los beneficios tienen la misma naturaleza que las reservas, aunque no aparezcan contabilizados como tales, por lo que en el marco de la ampliación no se puede prescindir de un balance auditado, en interés tanto de socios como de acreedores.

Los beneficios, como las reservas, tienen la consideración de recursos propios y para su capitalización deben considerarse de libre disposición, en el sentido de que no existan pérdidas que hayan de compensarse previamente, por lo que el balance debe acreditar la existencia o no de tales pérdidas.

 

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15
abr

La DGRN resuelve un recurso ante la negativa de un Registrador a inscribir un poder otorgado por unos administradores mancomunados en el que se faculta, entre otras, a uno de los administradores a ejercitar determinados actos de forma mancomunada con cualquier persona también apoderada con las mismas facultades excepto el otro administrador mancomunado.

La DGRN, tras recordar la prohibición de apoderamiento entre dos administradores mancomunados en los que se facultan mutuamente a realizar determinados actos de forma conjunta por considerar que dicho apoderamiento ya viene dado por la propia representación orgánica de la compañía, estima el recurso y dicta que al excluirse a uno de los administradores para el ejercicio de las facultades de forma mancomunada este será totalmente válido.

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15
abr

El Tribunal Supremo confirma las sentencias de primera instancia y apelación.

El beneficio de la exoneración del pasivo insatisfecho es una norma sin precedentes en nuestro derecho y es la primera vez que el Tribunal Supremo se pronuncia sobre la misma. Su importancia radica en ser una verdadera excepción al art. 1.911 CC.

El 178 bis de la Ley Concursal permita la exoneración del pasivo insatisfecho a la persona natural que, una vez intentado un acuerdo extrajudicial de pagos éste haya fracasado, y que a continuación se haya tramitado un concurso que haya concluido por liquidación o insuficiencia de masa.

En el caso en cuestión el Tribunal Supremo no concedió el beneficio porque el acuerdo presentado por el deudor consistía en la condonación del 100% de la deuda de los acreedores ordinarios.

 

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08
abr

El Tribunal Supremo resuelve un recurso de casación sobre la validez de un negocio jurídico por el que una sociedad adquiere sus propias participaciones a tres de sus socios dando a cambio el 100% del capital social de otra sociedad limitada que esta poseía.

La sentencia analiza el caso a tenor del artículo 140 LSC, que declara nula la adquisición de participaciones propias por parte de una S.L. fuera de los supuestos tasados, y dicta que el negocio de permuta mencionado es válido ya que hay que analizar el conjunto del entramado negocial por el que se realizó la operación. En el caso objeto de la controversia nada más adquirir sus propias participaciones se las transmitió -la sociedad- a otro miembro de la familia por lo que no generó ningún riesgo que trata de evitar la prohibición del 140 LSC.

De este modo, el Alto Tribunal parece interpretar el artículo de forma que, si el negocio sobre participaciones propias no genera riesgos para la integridad del capital social ni riesgos para los socios en el gobierno de la sociedad, no podrá pretenderse su nulidad.

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