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Archive for the ‘Mercantil’ Category

09
feb

En una recentísima sentencia del TS se plantea cuándo se entiende que nace la deuda social reclamada por una fiadora: con la póliza de crédito afianzada o con el pago del fiador al acreedor principal.

La recurrente había avalado unas pólizas bancarias de préstamo y ante el impago de la sociedad uno de los acreedores se dirigió frente a la fiadora, que tuvo que hacer frente a la deuda reclamada. No habiendo promovido el administrador la disolución de la sociedad estando en causa de disolución, la fiadora ejercita una acción de responsabilidad frente al administrador por entender que su deuda era posterior a la aparición de la causa de disolución.

Sin embargo, el TS entiende que “La fiadora asumió sus obligaciones de garante cuando no había causa de disolución. Si la deuda social afianzada es anterior a la aparición de la causa de disolución, el posterior pago por el fiador no supone contraer una nueva deuda por la sociedad estando ya incursa en causa de disolución que justifique la responsabilidad solidaria del administrador que incumple el deber legal de disolver.” Es decir, no es nueva deuda social, sino un cambio de acreedor.

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30
ene

Una sociedad tiene su capital dividido en dos bloques enfrentados, al 50% cada uno. Se propone un aumento de capital que no puede adoptarse y el “no aumento” se impugna.

La sociedad pretende que ese pleito genera prejudicialidad sobre el interpuesto por el 50 % que quiere la disolución.

Se trata de una situación prolongada que no parece que vaya a superarse debido a la paritaria distribución del capital. Por tanto, no existe una situación de prejudicialidad civil por el hecho de que se haya promovido una acción de impugnación de acuerdos sociales, sino la posibilidad de que se produzca en hecho nuevo.
Aunque la sociedad siga manteniendo su actividad ordinaria, se aprecia la paralización de órganos sociales. Por tanto, se desestima el recurso de apelación y se confirma el auto.

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30
ene

Una sociedad cesa su actividad sin que se proceda a su liquidación, declarándose en concurso de acreedores 2 años después. A su vez, un acreedor había demandado a la sociedad e interpuesto una acción individual contra el administrador de la misma.

Tal y como señala el TS en una reciente sentencia “Para que pueda prosperar la acción individual es necesario identificar una conducta propia del administrador, distinta de no haber pagado el crédito, que pueda calificarse de ilícito orgánico y a la cual pueda atribuirse la causa de no haber sido satisfecho el crédito.”

Entiende el TS que es difícil apreciar una relación de causalidad entre el impago de la deuda y el cese de la actividad sin liquidar la sociedad. Causalidad que se difumina más al haberse declarado posteriormente el concurso, aunque sea 2 años después, ya que al existir más acreedores no se puede concluir que con una correcta liquidación se hubiera pagado necesariamente el crédito del demandante.

 

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30
ene

Se considera ejercitado de forma extemporánea el ejercicio del derecho de separación por la parte demandante al realizarse durante la junta, y no cuando ésta acabara.

La Audiencia Provincial establece que lo importante a la hora de delimitar el plazo para el ejercicio del derecho de separación es su límite máximo, y no el momento inicial cuando se ejercite, siendo indiferente que se haga durante la junta o tras la conclusión de la misma. Sí que es esencial el plazo de un mes a contar desde la finalización de la junta para ejercer el derecho, pues de no realizarse en referido plazo, no podrá el socio separarse de la sociedad por solicitarlo de forma extemporánea.

Además, aunque se revoque el acuerdo contra el reparto de beneficios en una junta posterior, esto no afectará al derecho de separación si este ya fue ejercitado.

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11
ene

Se suspende la inscripción de un acuerdo de reducción de capital adoptados por dos socios de una mercantil, que ostentaban el 100% del capital social, ante un notario en escritura pública debido a que no se encontraba presente el administrador único, que es el único con facultad para elevar a público los acuerdos.

La DGRN confirma la nota de calificación haciendo referencia a que el único caso en que no es necesaria la presencia del administrador para elevar a público un acuerdo, es en el caso de decisiones de socio único. De no tratarse de este caso, para la inscripción de un acuerdo social es necesaria la presencia del administrador o la elevación a público por éste, al ser el único con capacidad para certificar.

 

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18
dic

Negativa del registrador a celebrar la junta en cualquier parte de la Comunidad Autónoma

Una sociedad modifica sus estatutos añadiendo una cláusula en la que dice que las juntas generales “podrán celebrarse en cualquier parte del territorio de la Comunidad Autónoma donde la sociedad tenga su domicilio”.

El registrador considera que esta modificación de los estatutos no es inscribible conforme a lo establecido en el artículo 175 de la LSC, que dice la junta general debe celebrarse en el municipio donde la sociedad tenga su domicilio y que, si en la convocatoria no aparece el lugar, se entiende que es siempre el del domicilio social.

Además, considera que fijar lugares alternativos debe entenderse solo a espacios menores, perfectamente determinados, sin posibilidad de que la sociedad pueda decidir libremente dentro de un ámbito geográfico mayor como puede ser una comunidad autónoma.

La DGRN desestima el recurso y confirma así la nota del registrador, señalando que el lugar de celebración previsto en los estatutos debe estar debidamente definido y que además debe referirse a espacios menores como ciudades o pueblos.

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18
dic

La AP de Barcelona recuerda en una reciente sentencia que “cuando la información no facilitada de forma injustificada no afecte razonablemente a los términos en los que se ha de producir el derecho de voto, la infracción no puede determinar la nulidad del acuerdo”. Es decir, el carácter esencial o la relevancia de la información solicitada constituye una cuestión de fondo que desempeña un presupuesto lógico necesario para el éxito de la acción ejercitada.

Tal y como indica la AP, el que se desestime la impugnación de acuerdos sociales por vulneración del derecho de información, no impide que la parte demandante pueda pedir acciones de responsabilidad contra los administradores si considera que éstos han cometido irregularidades en el ejercicio del cargo.

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18
dic

El Tribunal Supremo ha desestimado un recurso contra la sentencia que declaró nulo un negocio jurídico, mediante el cual se garantizó un préstamo personal con un inmueble por un importe inferior al 50% de su valor de mercado.

La demandante había otorgado un poder a su hijo (el mismo día del negocio jurídico), y este prestó como garantía de un préstamo personal, una opción de compra sobre la vivienda habitual de su madre, a un precio irrisorio.

El Alto Tribunal afirma que, un poder de representación que no indica de forma específica las facultades conferidas, sólo permite realizar actos de administración, pues debe constar inequívocamente los actos de riguroso dominio (hipotecar, enajenar, transigir, etc).

Por otro lado, si en el poder constan facultades generales de enajenación, como es el caso, no es necesario que consten los bienes para los que se concede tal facultad. Todo ello, sin perjuicio de que los tribunales aprecien la eficacia del negocio que se celebró en virtud del poder en cuestión, cuando se estime su utilización abusiva o fraudulenta.

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14
dic

Debe decidirse si es o no inscribible la disposición de los estatutos de una sociedad de responsabilidad limitada, según la cual los acuerdos del consejo de administración se adoptarán por mayoría absoluta de los consejeros asistentes a la reunión.

El Registrador entiende que dicha disposición (así como todo el artículo de los estatutos dedicado al consejo de administración) no es inscribible porque no deja a salvo la mayoría establecida en el artículo 249 de la Ley de Sociedades de Capital para el nombramiento de consejeros delegados.

El recurrente alega que no es necesaria dicha salvedad porque el citado precepto legal es imperativo.

La DRGN da la razón al registrador aludiendo a que no puede inscribirse la cláusula sin añadir que esa mayoría no se aplica a la delegación de funciones y por ello no puede entenderse cumplida la norma de la LSC.

 

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14
dic

Disolución de una sociedad durante la fase de ejecución o cumplimiento del convenio del concurso de acreedores

Una registradora rechaza la inscripción de una escritura de disolución de una sociedad en fase del cumplimiento de acreedores por entender que la misma podría llevar al incumplimiento del convenio. Sin embargo, la DRGN recuerda que, durante la fase de ejecución o cumplimiento del convenio la sociedad, puede acordar su disolución y liquidación, sin perjuicio de que deba seguir cumpliéndose el convenio.

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