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Posts Tagged ‘leyes

14
feb

El TS restringe los supuestos de inadmisión de la suspensión en vía económico-administrativa

Solicitada en la vía económico-administrativa la suspensión de la ejecución del acto reclamado sin presentación de garantías (o con dispensa parcial de las mismas) porque la ejecución puede causar al interesado perjuicios de difícil o imposible reparación, si el órgano llamado a resolver considera que con la documentación aportada no se acredita la posible causación de esa clase de daños, no procede abrir un incidente de subsanación para solventar esa deficiencia probatoria, sino admitir a trámite la solicitud y desestimarla en cuanto al fondo.

Es decir, no cabe inadmitir la solicitud de suspensión, sino que el tribunal económico-administrativo la debe admitir a trámite y desestimarla si efectivamente considera que no han sido correctamente justificados los perjuicios irreparables o de difícil reparación que sufriría el contribuyente con la ejecución de la liquidación. Con ello, se obliga a la Administración a retrasar la ejecutividad de la liquidación ya que con dicha desestimación se abre un nuevo procedimiento voluntario de pago, sin recargos y sin sanciones.

08
feb

La DGRN permite que las Sociedades Limitadas incluyan en sus Estatutos la regulación del voto a distancia anticipado en las Juntas Generales

Los hechos tratan acerca de la inscripción de una escritura de constitución de una SL. El Registrador Mercantil deniega la inscripción por lo contenido en distintas cláusulas estatutarias, que regulan varias materias entre ellas la emisión del voto anticipado a distancia.

El Notario que otorgó la escritura recurre la nota de calificación y la DGRN analiza los defectos que hicieron que el registrador no inscribiese, entre otros puntos, el relativo al voto a distancia anticipado.

El Registrador argumenta que el voto a distancia anticipado está únicamente contemplado en la LSC para sociedades anónimas cotizadas. Sin embargo, la DGRN establece que cabe extenderlo a las SL en base al principio de la autonomía de la voluntad (artículo 28 LSC).

 

 

05
feb

El WhatsApp como prueba en el procedimiento judicial

La Audiencia Provincial de Valencia señala que las vulnerabilidades de la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp hacen que, a día de hoy, los mensajes enviados a través de ella presenten serias dificultades para constituir por sí solos prueba de un determinado hecho.

En todo caso, estos mensajes podrán ser valorados de forma conjunta con el resto de las pruebas aportadas al procedimiento.

18
nov

El incumplimiento puntual de un requisito y la aplicación de la “Ley Beckham”

En una resolución reciente, la DGT ha resuelto que la finalidad del régimen es atraer a España a los sujetos comprendidos en la aplicación del régimen y que dicha finalidad en modo alguno resulta incompatible con el hecho de que una vez concluida la relación laboral o de administrador que motivó, de forma real y efectiva, el desplazamiento, por causas ajenas a la voluntad del contribuyente, este permanezca un breve período de tiempo en situación de desempleo o inactividad, y a continuación comience una nueva relación laboral o de administrador en que se cumplan asimismo los requisitos establecidos en el artículo 93 de la LIRPF.

26
oct

Juntas clandestinas

El Tribunal Supremo resuelve el recurso de casación interpuesto por una sociedad al ser declarada nula su Junta General de Socios y los acuerdos sociales en ella adoptados, a pesar de haberse seguido los trámites establecidos en la Ley de Sociedades de Capital.

El recurso se desestima en base a que la utilización “sorpresiva” del sistema legal para la convocatoria de la junta, con el fin de evitar que los socios no puedan conocer la celebración de la misma y prescindiendo de los usos de la sociedad en la convocatoria de la junta, provoca la nulidad de la “junta clandestina”. De este modo, revuelve el Tribunal Supremo, las juntas podrán declararse nulas si se acredita el ánimo del convocante de que el anuncio pase desapercibido al resto de socios a pesar de que se sigan los trámites estrictamente legales para ello.

 

06
sep

El valor publicitario de venta de las viviendas a mitad de su precio es su valor de mercado

Las viviendas rebajadas a la mitad con divulgación pública y publicidad en la propia urbanización deberán valorarse por ese valor.

Habiéndose acreditado que la vivienda fue transmitida por la inmobiliaria publicitada, queda suficientemente probado que el precio efectivamente pagado por el demandante era el valor de mercado en la referida urbanización, cuyos precios fueron reduciéndose en un momento de grave crisis económica y ante la falta de compradores, hasta llegar a la cifra que consta en la escritura de compraventa.

 

 

 

 

06
sep

La dificultad para obtener financiación con el objeto de cumplir un contrato es un riesgo del deudor

El Tribunal Supremo analiza en qué medida la dificultad de encontrar financiación para dar cumplimiento a un contrato puede considerarse una circunstancia imprevisible en el momento de la perfección del mismo, de la que se pueda derivar la aplicación de la doctrina de la cláusula rebus sic stantibus.

El análisis lleva al Tribunal Supremo a concluir que, en nuestro ordenamiento, la imposibilidad sobrevenida liberatoria no es aplicable a las deudas de pago en dinero; como regla general, además, la dificultad para obtener financiación con el objeto de cumplir un contrato es un riesgo del deudor. De todo ello se desprende que no cabe la liberación del deudor por aplicación de la mencionada cláusula rebus sic stantibus.

06
sep

DECLARACIÓN INFORMATIVA DE OPERACIONES VINCULADAS Y CON PARAÍSOS FISCALES

El pasado 30 de agosto se publicó en el BOE la Orden HFP/816/2017, de 28 de agosto, por la que se aprueba el modelo 232 de declaración informativa de operaciones vinculadas y de operaciones y situaciones relacionadas con países o territorios calificados como paraísos fiscales.

En virtud de lo establecido en dicha orden, la información relativa a operaciones con entidades vinculadas y la relacionada con paraísos fiscales, que históricamente se facilitaba en la declaración del Impuesto sobre Sociedades de cada ejercicio, se declarará, para los ejercicios iniciados a partir del 1 de enero de 2.016, en el modelo 232.

Dicho modelo deberá presentarse en el mes siguiente a los 10 meses posteriores a la conclusión del periodo impositivo del que se suministrará la información.

Excepcionalmente, para los periodos impositivos iniciados en 2.016 y finalizados antes del 31 de diciembre de dicho año, el modelo 232 deberá ser presentado entre el 1 y el 30 de noviembre de 2.017.

15
jun

Culpabilidad de los Socios como cómplices en un concurso de acreedores

En una reciente Sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo se condena cómo cómplices de una calificación culpable en sede de un concurso de acreedores a tres socios de la concursada. Se les condena solidariamente junto con los administradores declarados culpables al pago de la cantidad aproximada de 12 millones de euros, cifra en que se valoraron los activos que salieron fraudulentamente del patrimonio de la concursada, así como la cantidad correspondiente a los créditos contra la masa abonados como consecuencia de las extinciones de contratos de trabajo de quienes fueron trabajadores de la concursada con posterioridad a la declaración concursal.

Es importante la sentencia porque se condena a los socios por la presunción judicial de su aquiescencia y conformidad a las operaciones de traspaso de activos, que además les beneficiaba como socios indirectos de las sociedades rumanas que los recibieron, aunque no hubieran colaborado activamente en los actos de disposición de los mismos.

Señala el Artículo 166 de la Ley Concursal que “se consideran cómplices las personas que, con dolo o culpa grave, hubieran cooperado con el deudor o, si los tuviere, con sus representantes legales y, en caso de persona jurídica, con sus administradores o liquidadores, tanto de derecho como de hecho, o con sus apoderados generales, a la realización de cualquier acto que haya fundado la calificación del concurso como culpable.”

El hecho que la Audiencia declara probado por medio de la presunción judicial es que los recurrentes colaboraron con el administrador en la organización del traspaso de los activos de la sociedad concursada a dos sociedades rumanas. Los hechos acreditados a partir de los cuales parte la Audiencia para realizar esta presunción judicial son:

  1. los recurrentes eran socios de la concursada y no se opusieron a la transferencia de activos;

2. eran además socios constituyentes de las sociedades que controlan como socia única las sociedades rumanas      destinatarias de los activos transferidos por la concursada;

3. se beneficiaban, por ello, de la transferencia de activos;

4.y la relación familiar que existe entre los recurrentes y las personas afectadas por la calificación.

La circunstancia de que no tuvieran una participación activa en la gestión de las compañías y que hubieran apoderado al administrador de la concursada (padre y esposo de los recurrentes) para que pudiera obligarles y también disponer de los derechos que les confería la titularidad de sus participaciones sociales de este entramado societario no les exime de responsabilidad, es compatible con la conclusión alcanzada por la Audiencia de que el traspaso de activos de la concursada a las sociedades rumanas, además de que les beneficiaba, se hizo con su aquiescencia, que es una forma de colaboración.

Conviene precisar que, a la vista de la fundamentación jurídica de la sentencia de apelación, la única conducta que mereció la calificación culpable a la que se refiere la cooperación de los recurrentes es la enajenación fraudulenta de activos de la concursada a las sociedades constituidas en Rumanía, valorados en 11.964.777,67 euros.

Se muestra con claridad que los tres recurrentes, aunque no intervinieran de forma activa, no por ello dejaron de cooperar, conscientemente, en la medida en que eran socios de la concursada y habían participado en la constitución de alguna de las dos sociedades a las que indirectamente fueron a parar los activos. De este modo, junto al elemento objetivo, de la cooperación en el traspaso de los activos, concurre también el elemento subjetivo, pues cabe hablar de conscius fraudis o connivencia con el concursado en esta conducta que ha merecido la calificación culpable.

Se plantea también por los recurrentes si pueden ser considerados cómplices los socios que no ejercitan sus derechos de información frente a la sociedad ni se preocupan de su gestión social sin solicitar tampoco convocatorias de juntas generales. Es decir, si por omisión en el ejercicio de sus derechos puede serles derivada responsabilidad en sede concursal en concepto de cómplices.

La sentencia recurrida basa la consideración de cómplices en que, como hemos expuesto, los recurrentes colaboraron con su aquiescencia en el traspaso de los activos de la sociedad concursada a las otras constituidas en Rumanía, y se llega a esa conclusión a la vista de una serie de indicios ya analizados.

Aunque la sentencia, entre los indicios reseñados, deja constancia de que, por las circunstancias concurrentes, no pudieron dejar de conocer este traspaso y no se opusieron, ello no significa que la consideración de cómplices se base en no haber convocado la junta o no haber recabado más información. Razón por la que no ha habido infracción del art. 51 LSRL, que regulaba el derecho de información de los socios en las sociedades de responsabilidad limitada.

Por último, se desestima también por la sentencia del Alto Tribunal un último argumento de los recurrentes relativo a que tampoco la eventual calificación de grupo de sociedades hubiera justificado por sí el traspaso patrimonial realizado. Seguirían considerándose enajenaciones fraudulentas, porque fueron realizadas para distraer esos activos de la responsabilidad de las deudas de la concursada, defraudando los legítimos derechos de sus acreedores, quienes se vieron privados, sin causa que lo justificara, de activos con los que satisfacer sus créditos. Esto es lo verdaderamente relevante, al margen de si entre la transmitente y la adquirente podía existir o no relación de grupo de sociedades.

03
abr

La oposición al procedimiento monitorio tiene que ser fundada y motivada

Con la reforma del artículo 815.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil operada por la Ley 4/2015, de 5 de octubre, de reforma de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, BOE 6 de octubre de 2015, y entrada en vigor el 7 de octubre de 2015, no basta una alegación sucinta para oponerse al procedimiento monitorio, sino que la misma tendrá que ser fundada y motivada.

La oposición tendrá que tener todos los argumentos de que se pretenda valer el deudor demandado, sin llegar a ser necesario darle forma de contestación a la demanda.

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