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Posts Tagged ‘derecho

14
feb

El TS restringe los supuestos de inadmisión de la suspensión en vía económico-administrativa

Solicitada en la vía económico-administrativa la suspensión de la ejecución del acto reclamado sin presentación de garantías (o con dispensa parcial de las mismas) porque la ejecución puede causar al interesado perjuicios de difícil o imposible reparación, si el órgano llamado a resolver considera que con la documentación aportada no se acredita la posible causación de esa clase de daños, no procede abrir un incidente de subsanación para solventar esa deficiencia probatoria, sino admitir a trámite la solicitud y desestimarla en cuanto al fondo.

Es decir, no cabe inadmitir la solicitud de suspensión, sino que el tribunal económico-administrativo la debe admitir a trámite y desestimarla si efectivamente considera que no han sido correctamente justificados los perjuicios irreparables o de difícil reparación que sufriría el contribuyente con la ejecución de la liquidación. Con ello, se obliga a la Administración a retrasar la ejecutividad de la liquidación ya que con dicha desestimación se abre un nuevo procedimiento voluntario de pago, sin recargos y sin sanciones.

08
feb

La DGRN permite que las Sociedades Limitadas incluyan en sus Estatutos la regulación del voto a distancia anticipado en las Juntas Generales

Los hechos tratan acerca de la inscripción de una escritura de constitución de una SL. El Registrador Mercantil deniega la inscripción por lo contenido en distintas cláusulas estatutarias, que regulan varias materias entre ellas la emisión del voto anticipado a distancia.

El Notario que otorgó la escritura recurre la nota de calificación y la DGRN analiza los defectos que hicieron que el registrador no inscribiese, entre otros puntos, el relativo al voto a distancia anticipado.

El Registrador argumenta que el voto a distancia anticipado está únicamente contemplado en la LSC para sociedades anónimas cotizadas. Sin embargo, la DGRN establece que cabe extenderlo a las SL en base al principio de la autonomía de la voluntad (artículo 28 LSC).

 

 

01
feb

La responsabilidad solidaria en la ocultación o transmisión de bienes o derechos

El TS en una sentencia reciente ha fallado que la responsabilidad solidaria de quienes sean causantes o colaboren en la ocultación o transmisión de bienes o derechos del obligado al pago con la finalidad de impedir la actuación de la Administración tributaria, no exige un resultado, pero si la finalidad de ocultación. Este precepto permite la declaración de responsabilidad solidaria cuando se haya tenido alguno de los comportamientos que describe, sin necesidad de que el colaborador haya obtenido beneficio alguno, es bastante con que su colaboración haya impedido que la Hacienda Pública cobre el importe de la deuda existente.

29
ene

Administrador con el cargo no inscrito en el Registro Mercantil

En una reciente resolución, la DGRN reitera que el nombramiento de los administradores surte sus efectos desde el momento de la aceptación, ya que la inscripción en el Registro Mercantil es obligatoria pero no constitutiva. No obstante, si un administrador con el cargo pendiente de inscripción otorga una escritura, será necesario acreditar la legalidad y existencia de la representación alegada a través de la reseña identificativa de los documentos que acrediten la realidad y validez de la misma y su congruencia con la presunción de validez y exactitud registral.

Señala la DGRN: “Es decir, para que el nombramiento de administrador produzca efectos desde su aceptación, háyase o no inscrito dicho nombramiento en el Registro Mercantil, es preciso justificar que dicho nombramiento es además válido por haberse realizado con los requisitos, formalidades y garantías establecidas por la legislación de fondo aplicable”.

BOE 04/01/2018 – DGRN 15/12/2017

https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/04/pdfs/BOE-A-2018-148.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

26
oct

La Administración no puede exigir mayor grado de diligencia a una entidad por ser gran empresa

En el presente supuesto, la Administración había impuesto a un obligado tributario la sanción por solicitar indebidamente devoluciones, por entender que, siendo el obligado tributario una persona jurídica, teniendo grandes medios económicos y recibiendo el más competente de los asesoramientos, le es exigible un mayor grado de diligencia en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias.

El TEAC, en base a jurisprudencia del TS, ha resuelto que, el principio de culpabilidad no permite que la Administración pueda definir la actuación del infractor como dolosa o culposa atendiendo exclusivamente a circunstancias subjetivas, como es el hecho de que el obligado tributario sea una gran empresa.

 

26
oct

Juntas clandestinas

El Tribunal Supremo resuelve el recurso de casación interpuesto por una sociedad al ser declarada nula su Junta General de Socios y los acuerdos sociales en ella adoptados, a pesar de haberse seguido los trámites establecidos en la Ley de Sociedades de Capital.

El recurso se desestima en base a que la utilización “sorpresiva” del sistema legal para la convocatoria de la junta, con el fin de evitar que los socios no puedan conocer la celebración de la misma y prescindiendo de los usos de la sociedad en la convocatoria de la junta, provoca la nulidad de la “junta clandestina”. De este modo, revuelve el Tribunal Supremo, las juntas podrán declararse nulas si se acredita el ánimo del convocante de que el anuncio pase desapercibido al resto de socios a pesar de que se sigan los trámites estrictamente legales para ello.

 

26
oct

Corregir el resultado de la actividad mediante la presentación de una complementaria de IRPF sirve para demostrar que suponía la principal fuente de ingresos del ejercicio

La presentación de declaraciones fuera de plazo o rectificativas/sustitutivas de otras anteriores, son meras formalidades que no ponen en duda la veracidad de los datos declarados.

Por ello, la presentación de una declaración complementaria de IRPF es perfectamente válida como prueba del cumplimiento del requisito de la principal fuente de renta, para la aplicación de la reducción de la empresa familiar en el ISD, aun cuando esto se realice una vez lugar iniciado el procedimiento de comprobación del ISD.

 

26
oct

Impugnación de acuerdos por un pacto parasocial no incluido en los estatutos

En este supuesto, los hechos tratan acerca de dos sociedades (una SA y una SL) compuestas de manera idéntica por un padre y sus dos hijos. El padre vende a sus hijos sus participaciones y acciones por partes iguales, reservándose el usufructo vitalicio, y pactando en el contrato que el usufructuario ostentaría la condición de socio y en concreto el derecho de voto, sin incluirse en los estatutos. Se celebran Juntas Generales en ambas sociedades y uno de los hijos impugna los acuerdos por ser contrario a los estatutos.

El Tribunal Supremo ha resuelto que este no es un caso de impugnación de acuerdos sociales por ser contrarios a un pacto parasocial, sino que es la situación inversa, se trata de una impugnación por cumplimiento de pacto, y por lo tanto la impugnación es considerada abuso de derecho y contraria a la buena fe.

 

21
sep

 Suspensión del depósito de cuentas por informe con opinión denegada

Una sociedad solicita al Registrador Mercantil el depósito de sus cuentas anuales, de las cuales el informe del auditor tiene como resultado una opinión denegada por varios motivos recogidos en el informe. El registrador deniega el depósito de las cuentas por considerar que no es acorde con el Reglamento del Registro Mercantil.

La DGRN revoca la nota de calificación entendiendo que la finalidad del informe es el conocimiento del estado de la sociedad, aun cuando este estado sea desastroso. No siempre que el informe tenga como resultado una opinión denegada debe impedirse el depósito de las cuentas.

06
sep

El valor publicitario de venta de las viviendas a mitad de su precio es su valor de mercado

Las viviendas rebajadas a la mitad con divulgación pública y publicidad en la propia urbanización deberán valorarse por ese valor.

Habiéndose acreditado que la vivienda fue transmitida por la inmobiliaria publicitada, queda suficientemente probado que el precio efectivamente pagado por el demandante era el valor de mercado en la referida urbanización, cuyos precios fueron reduciéndose en un momento de grave crisis económica y ante la falta de compradores, hasta llegar a la cifra que consta en la escritura de compraventa.

 

 

 

 

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