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Archive for the ‘Sin categoría’ Category

31
may

Los abogados leen

 

La importancia de la lectura en el ámbito de la abogacía es vital. Los profesionales del derecho debemos estar al día, informados y actualizados en cuanto a los cambios y novedades legales, así mismo la lectura es básica para dotarnos de un buen uso del lenguaje que nos de fluidez a la hora de defender y explicar cualquier caso.

He aquí un listado de libros y manuales de derecho financiero y tributario y mercantil que espero sean de utilidad.

 

DERECHO FINANCIERO Y TRIBUTARIO

 

Conflictos actuales en Derecho Tributario

García-Ovies Sarandeses, I., Sesma Sánchez, B., Pedreira Menéndez, J. (Dir)

Aranzadi, Pamplona,a 2017

 

Tax rulings, intercambio de información y ayudas de Estado en el contexto post-Beps

Moreno González, Saturnina

Editorial Tirant lo Blanch. Valencia, 2017

 

La nulidad de las liquidaciones tributarias

Sesma Sánchez, B.,

Aranzadi, 2017

 

Curso de Derecho Financiero y Tributario

Juan Martín Queralt, Carmelo Lozano Serrano, José Manuel Tejerizo López, Gabriel Casado Ollero

Tecnos, 28 Ed., 2017

 

Curso de Derecho Tributario. Parte Especial

Fernando Pérez Royo (Director de Obra)

Tecnos, 11 Ed., 2017

 

Tributos locales. Comentarios y casos prácticos

Nicolás Sánchez García

Centro de Estudios Financieros, 2017

 

DERECHO MERCANTIL

 

Contratos de distribución:  agencia, distribución, concesión, franquicia, suministro y estimatorio

Ruiz Peris, Juan Ignacio; Martín Miravalls, Jaume

Atelier. Barcelona, 2018

 

La determinación de los daños y perjuicios en materia de marcas

Hernández-Martí Pérez, Cristina

Editorial Tirant lo Blanch. Valencia, 2018

 

Los conflictos permanentes de interés entre el administrador y la sociedad

Otegui Jáuregui, Kattalin

Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales. Madrid, 2018

 

El deber de declaración del riesgo en el seguro

Muñoz Paredes, María Luisa

Editorial Aranzadi. Pamplona, 2018

 

Actores, actuaciones y controles del buen gobierno societario y financiero

Fernández-Albor Baltar, Ángel; Pérez Carrillo, Elena F.

Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales. Madrid, 2018

 

Shadow banking y financiación empresarial alternativa

Marimón Durá, Rafael

Editorial Aranzadi. Pamplona, 2018

 

Derecho de la competencia.  Desafíos y cuestiones de actualidad

Miranda Serrano, Luis María; Costas Comesaña, Julio

Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales. Madrid, 2018

 

Lecciones de Derecho Mercantil (2 vols.)

Menéndez Menéndez, Aurelio (et al.)

Thomson Reuters, Pamplona, 2018

 

Instituciones de Derecho Mercantil (2 vols.)

Sánchez Calero, Fernando;  Sánchez-Calero Guilarte, Juan

Thomson Reuters, Pamplona, 2018

 

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14
feb

Procedimiento sancionador: presunción de inocencia, no de culpabilidad 

Como viene siendo habitual en los últimos meses, el Tribunal Supremo critica la actuación de la Administración, reprochando su escasa y defectuosa motivación en materia sancionadora.

Así, a pesar de parecer una obviedad, el Alto Tribunal recuerda que lo que debe presumirse es la inocencia del administrado, no su culpabilidad. En consecuencia, el órgano sancionador está obligado a motivar, en primer lugar, la presencia de culpabilidad en las conductas que sanciona y, sólo si concluye su concurrencia, debe dar respuesta a los argumentos expuestos por el administrado para justificar la ausencia de responsabilidad. De otro modo, se estaría presumiendo la culpabilidad, lo que contradice no sólo los principios que presiden el ejercicio de la potestad sancionadora en el ámbito tributario, sino una garantía básica de nuestro sistema constitucional: la presunción de inocencia.

03
mar

La ha dictado una Sentencia del Tribunal Supremo de 21 de diciembre de 2015 (sentencia número 733/2015), en la que resuelve la cuestión de si la entidad de crédito en la que el comprador de una vivienda ha ingresado las cantidades anticipadas al promotor de la misma, debe responder frente a él cuando dicho promotor no haya abierto en la misma entidad una cuenta especial ni presentado aval o seguro por dichas cantidades, tal como establece la Ley 57/1968, de 27 de julio, sobre percibo de cantidades anticipadas en la construcción y venta de viviendas.

Y a este respecto, la Sala fija como doctrina jurisprudencial que: ”En las compraventas de viviendas regidas por la Ley 57/1968 las entidades de crédito que admitan ingresos de los compradores en una cuenta del promotor sin exigir la apertura de una cuenta especial y la correspondiente garantía responderán frente a los compradores por el total de las cantidades anticipadas por los compradores e ingresadas en la cuenta o cuentas que el promotor tenga abiertas en dicha entidad”.

03
mar

El criterio de la Audiencia Provincial de Asturias, en sentencia de 12 enero 2016, puede ser argumentado como soporte de reclamaciones de reducción de rentas en relaciones arrendaticias por razón de la crisis económica afectante al sector económico en que se integraba el negocio desarrollado en el inmueble arrendado.

 

21
sep

El pasado 21 de julio se publicó en el BOE la nueva Ley de Auditoría de Cuentas, que en su Disposición Final Primera recoge la obligatoriedad de amortizar dichos activos intangibles en un plazo de 10 años.

En consecuencia, se suprime la obligación de dotar una reserva indisponible equivalente al 5% del Fondo de Comercio.

Con respecto a la reserva ya dotada, en los ejercicios iniciados a partir de 1 de enero de 2.016 se reclasificará a voluntaria, pudiendo disponerse del importe que supere el fondo de
comercio contabilizado en el activo.

30
jul

La Audiencia Nacional, ha resuelto que no existe ningún obstáculo para que la Administración, requiera a una auditora datos obtenidos como consecuencia de la prestación de sus servicios, siempre estos datos tengan trascendencia tributaria.

La auditora se había opuesto al requerimiento de información de la Inspección, que abarcaba además de las cuentas anuales y el informe de auditoría, los papeles de trabajo preparados en el transcurso de la auditoría.

02
jul

Las acciones de reintegración o rescisorias se configuran en nuestro derecho concursal como un mecanismo de protección frente a determinadas operaciones realizadas por el deudor en las fechas previas al concurso. En no pocas ocasiones es la institución de la que depende el éxito o fracaso del procedimiento de insolvencia porque permitirá satisfacer a un mayor número de acreedores o facilitará un convenio que garantice la continuidad de la empresa.

El elemento clave para considerar una determinada operación como rescindible lo constituye el perjuicio patrimonial que aquella haya producido sobre la masa activa del concurso, sin que sea necesaria la concurrencia de una intención fraudulenta en el deudor.

Salvo en los supuestos presuntivos que determina la Ley Concursal, el perjuicio patrimonial hay que probarlo y es en la determinación y aplicación de este concepto donde se suscita un buen número de controversias ante los tribunales. Según tiene declarado el Tribunal Supremo, el concepto de perjuicio en este ámbito del derecho concursal, es un “concepto jurídico indeterminado” —sintagma que sirve a los juristas para identificar aquellas nociones del derecho que son difíciles de aplicar por su manifiesta inconcreción— que la más reciente Jurisprudencia ha identificado como un “sacrificio patrimonial injustificado” en la medida que puede suponer, no solo una reducción del activo del concurso, sino también la alteración injustificada del principio de igualdad entre los acreedores, al situar a uno de ellos en una posición más ventajosa que el resto. La indeterminación de aquél concepto ha producido que la casuística que llega a nuestros tribunales ofrezca supuestos y argumentos para todos los gustos y en no pocas ocasiones soluciones contradictorias en casos que, en apariencia, resultan muy similares.

Traemos a colación el supuesto enjuiciado por una reciente sentencia del Tribunal Supremo (marzo de 2015) que corrigió el criterio mantenido por el Juzgado de lo Mercantil y la Audiencia Provincial. Se trataba de un préstamo hipotecario concertado por la concursada con una entidad financiera, dentro de los dos años anteriores al concurso, cuyo importe fue destinado, en parte, a cancelar créditos preexistentes, precisamente con aquella misma entidad.

Tanto el Juez de lo Mercantil, como la Audiencia Provincial, al enjuiciar la acción rescisoria planteada por la administración concursal, consideraron que la operación produjo un perjuicio evidente, tanto a la masa concursal como al resto de acreedores, al sustituirse obligaciones preexistentes por otra con garantía real. Ambos tribunales consideraron que esta operación encajaba en uno de los supuestos expresamente previstos por la Ley Concursal como rescindible, por lo que estimaron la demanda.

Planteado recurso por interés casacional, el Tribunal Supremo corrige el criterio de los tribunales de instancia al considerar que, en este supuesto, no existe sacrificio patrimonial injustificado por cuanto la constitución de la garantía hipotecaria no solo permitió la sustitución y cancelación de obligaciones preexistentes sino que dio liquidez a la compañía en importe suficiente como para mantener su actividad durante casi dos años. Además el Alto Tribunal valora especialmente que las condiciones económicas del préstamo hipotecario eran sustancialmente más ventajosas, al pactarse la carencia total de amortización de capital y el reembolso del mismo al término de la operación, a tres años, permitiendo, con ello, convertir todas las operaciones existentes, renovadas sucesivamente, en una sola operación a largo plazo.

El Tribunal Supremo hace hincapié en la necesidad de examinar en cada operación potencialmente rescindible las ventajas obtenidas por el concursado, la existencia de una contraprestación de valor patrimonial equivalente y la justificación del perjuicio patrimonial en cada caso. Todas estas circunstancias, analizadas en su conjunto, llevan a descartar, según nuestro Alto Tribunal, la existencia de un sacrificio patrimonial injustificado por las ventajas que le supusieron a la concursada y, con ello, la desestimación de la acción rescisoria en un supuesto que, inicialmente y a criterio de los tribunales de instancia, parecía encajar perfectamente en las previsiones de la Ley Concursal sobre este tipo de acciones.

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